Un simple cambio de guardia

Al cumplirse cinco años del golpe militar que derrocó al poco apto y heterogéneo Gobierno constitucional de Isabel Perón, un nuevo militar, el general Roberto Viola se hace cargo de la Presidencia de la nación argentina.Su designación por las fuerzas armadas, hace seis meses, no causó ninguna sorpresa en los medios políticos, económicos y diplomáticos, que, desde su paso como comandante en jefe del Ejército, lo consideraban un legítimo delfín del llamado proceso de reorganización nacional. Más que un cambio trascendental en un país de fuerte raigambre presidencialista, se le consideró como un simple cambio de guardia en un Gobierno militar no consolidado. El propio general Viola así lo valoraba al manifestar «que en lo sustancial compartía plenamente la filosofía y las pautas del proceso, aunque podían existir retoques en su instrumentación». El Gabinete elegido por Viola, al que algunos observadores califican de «oposición en el proceso y no del proceso», así lo confirmaría.

Sin embargo, glosando a Ortega, las circunstancias que rodean la vida política argentina son sustancialmente diferentes de las que encontró su predecesor, Videla, en marzo de 1976. Viola encuentra al país en una situación límite. Inflación, quiebras, especulación financiera, crecimiento cero del producto bruto, aumento de la deuda externa y crecientes dificultades en las exportaciones, son los signos manifiestos que revelan un profundo caos económico impuesto por el ministro de Economía, José Martínez de Hoz.

En lo político, son cada día más evidentes los signos de impaciencia por las expectativas frustradas que se observan en la clase dirigente argentina. A la congelación de de recho que les impuso el Gobierno militar, se ha ido contestando con una creciente actividad de hecho y con planteamientos más rigurosos y audaces. Las exigencias de libertad de expresión, de levantamiento del Estado de sitio, con la consiguiente libertad de presos políticos y el retorno de exilados, y de funcionamiento pleno de las agrupaciones políticas, sin otras exclusiones o proscripciones que la de aquellos que no aceptan las re glas del juego democráticas, son asumidas a diario por la inmensa mayoría de una clase política en plena etapa de aggiornamento.

Los sindicatos, constreñidos también por una rigurosa legislación que limita el manejo de sus fondos y les prohibe asociarse en organizaciones de tercer grado, con numerosos gremios intervenidos militarmente, van conformando un polo de protesta y su gravitación es cada día mayor.

Los empresarios del campo y la ciudad no pierden oportunidad para pedir rectificaciones profundas y estructurales a la actual política económica, que, imbuida por las tesis de la Escuela de Chicago, deja día a día, sus industrias y sus campos a merced de los grandes monopolios multinacionales.

Igual ocurre con los sectores ligados a la educación, a las profesiones liberales, los intelectuales y los artistas, o a la Iglesia con pastorales más comprometidos en un proceso de recuperación democrática. Es, en suma el 95% de, los argentinos el que pide los cambios. Son las grandes mayorías nacionales y el, conjunto de sus sectores políticos, económicos y sociales los que exigen rectificaciones estructurales profundas.

El terrorismo guerrillero, por otra parte, que las extremas totalitarias de derecha e izquierda utilizaron durante el Gobierno peronista y parte del régimen. militar con fines desestabilizadores, ha sido costosamente desarticulado. La intensidad y profundidad de la represión, le, han dejado una pesada carga en materia de derechos humanos y de libertades mínimas. La subversión como factor aglutinante de las fuerzas armadas, ha dejado de existir y en el seno de las mismas son cada vez más amplias las divergencias en torno al proyecto de país querido, y mayores las voces que reclaman una solución democrática y nacional, acorde con el pensamiento sanmartiniano.

Asimismo, la estabilidad intemacional que le supondría la llegada de Reagan al Gobierno de Estados Unidos, pone en tela de juicio la política de estrecha colaboración comercial y diplomática que con la Unión Soviética y demás países comunistas mantuvo el régimen de Videla.

También el conflicto con Chile, cuyo origen inmediato está en una errónea medida adoptada por la cúpula militar, que presidida por el general Lanuse gobernó el país hasta el 25 de mayo de 1973, es una pesada herencia que recibe el flamante elenco, ya que es cuestionado por el régimen pinochetista, el tradicional e histórico principio bioceánico- -Chile al Pacífico sur, Argentina el Atlántico sur- sustentado por largas generaciones de argentinos.

Como decía en su reciente informe al Comité Nacional del Partido Intransigente de Argentina su presidente, doctor Oscar Alende: «La apertura política es inevitable. La situación general es tan difícil, que ni el Gobierno ni grupos aislados están en condiciones dé abordar las soluciones de fondo. Esto se arregla entre todos los argentinos, o no lo arregla nadie, y en tal caso el país será empujado al caos o a la disgregación nacional». La disyuntiva entonces es clara para las fuerzas armadas: acompañan a la inmensa mayoría de los argentinos que desean un país democrático, próspero y en libertad, rompiendo sus lazos con las oligarquías antinacionales y el privilegio, o de lo contrario, corren el riesgo de ser contestadas y desbordadas por sus compatriotas. El punto de partida debe ser uno: la Argentina de 1981 no es el país de 1976.

Ernesto Sábato, figura de excepción en la literatura argentina, decía hace pocos días, en un brillante artículo publicado por EL PAIS: «Ojalá nuestra pobre y desventurada patria, esta tierra que amamos hasta la muerte, aún con todos sus defectos, pueda encontrar el camino de la paz a pesar de tanta sangre y tristeza». Así sea.