El presidente Romeo Lucas dirige los asesinatos y torturas en Guatemala

El Gobierno de Guatemala, desde un edificio anexo al palacio nacional y bajo el control directo del presidente, general Romeo Lucas García, lleva a cabo un programa de asesinatos y torturas, según señala la organización Amnistía Internacional en un informe titulado Guatemala: programa gubernamental de asesinatos políticos, publicado ayer en Londres.

La organización pro derechos humanos señaló que unas 3.000 personas fueron asesinadas, tras haber sido detenidas, en los diez primeros meses de 1980, y que centenares más han desaparecido. El Gobierno guatemalteco atribuye estos crímenes a grupos « independientes » que están fuera de su control, pero el informe de Amnistía Internacional presenta pruebas pormenorizadas de que estas acciones son realizadas por la policía, ilustrando estas alegaciones con entrevistas a un antiguo soldado y al superviviente de una matanza.En 1976 Amnistía Internacional había calculado que 20.000 personas habían «desaparecido» en los diez años anteriores, y ahora se piensa que unos 5.000 guatemaltecos han sido asesinados desde que el general Romeo Lucas asumió el poder en 1978. Los cuerpos han sido hallados en barrancos, en las cunetas de los caminos o en fosas comunes, a menudo con señales de tortura y con indicios de que habían sido estrangulados y asfixiados con bolsas de plástico o con disparos en la cabeza.

El programa de asesinatos -prosigue el informe- está dirigido desde el edificio presidencial, donde está instalado un organismo creado en 1964 conocido como el Centro Regional de Telecomunicaciones, o varios otros nombres.

Las autoridades guatemaltecas atribuyen los asesinatos a unos grupos calificados de independientes, como el Escuadrón de la Muerte y el Ejército Secreto Anticomunista, pero Amnistía Internacional señala que no hay pruebas concluyentes de la existencia de estos grupos. La organización destaca el hecho de que en Guatemala se da una actividad guerrillera violenta, pero opina que esto no puede justificar los asesinatos por parte del Gobierno. La transcripción de las entrevistas incluidas en el informe contiene recientes relatos de testigos presenciales que corroboran la evidencia existente en cuanto a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en estos hechos.

Un hombre, al que se describe como el único superviviente conocido de estos encarcelamientos acaecidos en 1980, narra su detención en una base del Ejército en Huehuetenango, donde, según declara, presenció la muerte de tres detenidos y vio los cadáveres de otros seis, en los once días que permaneció allí.

La otra entrevista con un antiguo soldado describe cómo se autorizaba al Ejército a matar «a cualquier persona sospechosa», así como a aquellos que se hallan en listas negras que poseen las unidades militares.

El informe incluye casos ilustrativos de personas arrestadas por el Ejército y la policía. Entre las víctimas hay representantes de todas las clases sociales, pero «tienden a ser seleccionados entre los miembros de organizaciones populares que se hallan fuera del control oficial».

Otro sacerdote español, asesinado

El sacerdote español Juan Alonso Fernández, de 48 años, misionero del Sagrado Corazón, fue asesinado el pasado domingo en Guatemala por un grupo de encapuchados que le tiroteó y arrojó su cadáver a un barranco. Alonso Fernández, natural de la localidad asturiana de Huérigo, viajaba en su motocicleta entre las ciudades de Uspantán y Cunén, en el Quiché. Desde junio del año pasado han sido tres los misioneros españoles de esta congregación asesinados en Guatemala por grupos paramilitares.