Destruidas en Tenerife 700 toneladas de tomate canario

Agricultores tinerfeños han arrojado a los barrancos en los últimos días cerca de setecientas toneladas de tomates, por valor de treinta millones de pesetas, para protestar ante la negativa de la Administración a conceder nuevas autorizaciones para la salida de dicho fruto hacia Europa.En medios agrícolas se ha solicitado, por otra parte, libertad de exportación para este producto, debido a que no se respetó, por parte de los agricultores peninsulares, el cese de sus exportaciones a los mismos mercados a donde va dirigido el fruto canario. Al no haberse cumplido dicha medida, que debía haber entrado en vigor a finales de enero pasado, los tomates peninsulares representan una importante competencia para la producción de las islas, que registran en estos momentos su mayor índice de recolecta. Para estudiar la situación del problema, los exportadores de Tenerife se reunirán esta tarde en asamblea.

Si antes de que finalice la actual zafra del tomate, en abril próximo, el comité de exportación de la fruta del Ministerio de Comercio no amplía los actuales cupos de envío de la producción tinerfeña a los mercados europeos de Inglaterra y Rotterdam, este sector agrícola podría registrar setecientos millones de pérdidas.

La producción tomatera en la citada isla fue inferior en la pasada campaña debido a los efectos negativos de un temporal de vientos que asoló los cultivos. El comité encargado de distribuir los cupos no tuvo en cuenta, a la hora de fijar los de la actual zafra, que los bajos índices de exportación del período anterior se debieron a una circunstancia que motivó, por parte de la Administración, la consideración de zona catastrófica para las plantaciones de la fruta afectada.

La omisión de dicho aspecto ha traído consigo que los productores tinerfeños hayan recibido ahora licencia para exportar cerca de 40.000 toneladas menos que en zafras anteriores. Si las gestiones que efectúa estos días la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Tomate de Tenerife no dieran resultado ante la Administración, el sector, del que viven cerca de 7.000 personas, podría sufrir un duro revés.