Los armadores de Huelva emplazan al Gobierno a resolver la situación en diez días

En reunión mantenida en esta capital, la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca Fresca de Huelva ha optado por conceder un plazo de confianza de diez días al Gobierno español para que logre un acuerdo pesquero con Marruecos. De no lograrse, los integrantes del sector pesquero comenzarán a aplicar una serie de acciones de presión contra el mismo, según han manifestado, en conferencia de Prensa representantes de dicha entidad.Asimismo, los armadores han puesto de relieve que la Administración central se ha preocupado de resolver los problemas de las tripulaciones ante el amarre de la flota para que no creen conflictos como hace dos años, pero que las medidas tomadas con relación a los empresarios del sector, por parte de la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, no son satisfactorias.

Han señalado, además, que dada la situación catastrófica originada por el amarre, las empresas pesqueras en Huelva van a proceder a dar de baja a los empleados en tierra, es decir, a los administrativos, técnicos y personal redero, quienes podrían acogerse también al seguro de desempleo.

Los representantes de la asociación citada llegaron a decir que «están hartos de aguantar a la Administración central pesquera española, ya que está jugando con los intereses de los armadores».

También han dirigido sus críticas hacia la subsecretaría de Pesca. «En ella nos han dicho», añaden, «que no ha habido tiempo de negociar con Marruecos, cuando en realidad ha habido año y medio para hacerlo».

En otro momento de la conferencia de Prensa, un portavoz de la asociación puso de relieve que «los armadores no están dispuestos a aguantar más la situación conflictiva con Marruecos. Lo que queremos de la Administración española», han añadido, «es que se deje ya de torearnos y empiece de una vez a poner las cosas claras y nos digan si vamos a poder seguir faenando en Marruecos; pero que no nos tengan más tiempo engañados y arruinando a la propia flota».

En opinión de los armadores onubenses, las pretensiones de las autoridades de Marruecos se basan, fundamentalmente, en cuatro puntos: incremento del 50% del canon de pesca, una reducción del 30% en las capturas, reducción de la flota pesquera, exigencia de mantener tripulaciones marroquíes en las embarcaciones españolas y nuevos tipos de mallas.