Taurina Hispalense ha incumplido contrato

Parecen confirmarse varios incumplimientos de contrato de Taurina Hispalense, sociedad arrendataria de Las Ventas, a la vista de la documentación que ha podido ser consultada por EL PAÍS. Estos incumplimientos se refieren principalmente a deudas a la Seguridad Social, elevación de precios de localidades por encima del límite del 35% autorizado, vulneración del reglamento taurino, falta de regularización del balance contable y ampliación del capital social, etcétera.

Todos estos supuestos están contemplados en el contrato de arrendamiento de la plaza y reglamento de régimen interno en tanto que en la estipulación veinte de aquél se dice claramente que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que incumben a la empresa adjudicataria dará lugar a la rescisión del contrato.En la Diputación de Madrid hay seria inquietud por esta situación, que nos ha sido manifestada tanto por el presidente del Consejo Taurino, el diputado comunista Joaquín Tejeiro como por el director de Asuntos Taurinos de la Corporación, Agustín Marañón. Ambos insisten en que debe llevarse el contrato de arrendamiento y el reglamento de régimen interno a sus últimas consecuencias y, si es necesario, llegar a la rescisión, para abrir una nueva etapa que salvaguarde los derechos de la afición de Madrid.

Hay en el fondo una actitud de agravio comparativo de la que es responsable la propia Diputación, pues las empresas que concurrieron en 1978 a la subasta de Las Ventas se supone aquilataron sus ofertas en relación con los distintos compromisos que les acarrearía la adjudicación, y quizá aquéllas habrían sido muy distintas de saber que el arrendador incurriría, de hecho, en permisividad y dejación de sus derechos, como parece que ocurrió al finalizar el primer período de gestión de Diodoro Canorea -inicial empresario de la plaza- y efectuar la cesión de titularidad a Taurina Hispalense.

Porque la Diputación ya sabía entonces de forma fehaciente que la mencionada sociedad era la que había respaldado a Canorea y, teniendo un capital de veinticinco millones de pesetas, su balance al 31 de diciembre de 1979 determinaba una pérdida de 110.267.809 pesetas, sin que los socios reembolsaran las cantidades correspondientes, ni efectuaran ampliación de capital, ni declararan suspensión de pagos o quiebra.

La entrada en la sociedad de José Luis Martín Berrocal posibilitó la obtención de avales para la continuación de la empresa, y la presentación de los mismos, a despecho de incumplimientos que entonces ya parecían evidentes y de la absoluta descapitalización de la sociedad, basta a la Diputación para otorgar su confianza a Taurina Hispalense, en cuyo nombre firma Berrocal el reglamento de régimen interior y se inicia una de las temporadas más incoherentes que se recuerdan en Madrid.

Quedan pendientes de la temporada anterior un confuso asunto fiscal, y otros diversos descubiertos, que continúan, entre ellos la seguridad social de algunos empleados, que producen que la Inspección de la Seguridad Social de Madrid levante actas de infracción y de obstrucción, en julio del presente año, por impago de cuotas, con una liquidación que asciende a 1.289.966 pesetas. La limitación del 35% de la subida del precio de las entradas se rebasa en once tipos de localidades, sin que haya contrapartida de reducción -ni siquiera de mantenimiento- del precio de ninguna. La autoridad gubernativa propone sanción y apercibe de inhabilitación a Berrocal, por reiteradas vulneraciones del reglamento taurino. Se multiplican las corridas mixtas cuando debían celebrarse corridas de toros o novilladas. Hay un pleito en Magistratura por incumplimiento de contrato en el montaje de la ópera Carmen, etcétera. La Diputación ha requerido a Berrocal para que demuestre documentalmente el cumplimiento de importantes estipulaciones del contrato de arrendamiento.