La polémica sobre los gobernadores generales

¿No ha sido un error? Por falta de sensibilidad política se ha creado un contencioso innecesario con el decreto regulador de la denominación y competencias de los representates del Gobierno en las comunidades autónomas. Y así, el acierto, que en su día celebrábamos desde aquí, en la designación de las personas vinculadas a las propias comunidades, se ha visto ahora deslucido por una falta de táctica, incluso posiblemente superior a los esgrimidos fallos de fondo.Aunque la figura del gobernador general estaba ya contemplada anteriormente en la legislación, dar ahora esta denominación al titular de las funciones de delegado del Gobierno, que expresamente se crea en la Constitución y los Estatutos de Autonomía, cuando menos parece inoportuno. Como también puede serlo la acumulación en la misma persona de amplias competencias y funciones que constitucionalmente también han quedado reservadas al Estado y al Gobierno central. No es extraño, por todo ello, que muchas susceptibilidades se hayan sentido inmediatamente heridas. Porque da la impresión, más que de un nuevo regateo, de una desconfianza crónica en las instituciones autonómicas.

¿No eran acaso previsibles estas reacciones? Cuando el proceso autonómico ha recibido un importantísimo empuje en las últimas semanas -las transferencias a Cataluña y a Euskadi han sido muy sustanciosas y los acuerdos a que se ha llegado respecto de Andalucía y Galicia son pasos de gran alcance-, ¿por qué crear un problema artificial de este tipo, que pueda dar la impresión de que se pone en entredicho todo lo conseguido? Porque, al fin y al cabo, por las reacciones que se conocen, puede que se trate más de un problema de nombre y de protocolo que de contenido? ¿Valía la pena, entonces, provocar todo este contencioso?

28 de octubre