Con el 12,5% de aumento salarial a los funcionarios, el Gobierno abre la negociación para 1981

La previsión de un aumento de 0,5 puntos en la productividad de los funcionarios es una de las novedades más apreciables de los Presupuestos para el año 1981, ya que hasta ahora el sector público no había introducido conceptos de este tipo en sus particulares relaciones laborales con sus trabajadores, al igual que sucederá en el sector privado. Con este porcentaje del 12,5%, el sector público manifiesta, por otra parte, cuál es la conducta que espera ver homologada por el sector privado de cara a las próximas negociaciones salariales y a la renovación del acuerdo-marco.

Con ocasión de la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981, el titular de Hacienda anunció algunas de las medidas que en el futuro se van a adoptar para reducir los crecimientos de los gastos corrientes, que son en estos momentos el principal caballo de batalla de los responsables de la elaboración de los Presupuestos. De hecho, en 1981, el crecimiento de los gastos corrientes va a ser bastante superior -si se cumplen las previsiones del proyecto de ley presentado ayer- al crecimiento nominal previsto para el PIB, ya que los gastos corrientes aumentarán en principio en un 21,1%, y el PIB nominal lo hará en torno al 16%.Invertir los porcentajes de crecimiento de ambos es uno de los objetivos de la política económica para los próximos años, tal y como señaló Suárez en su discurso de la cuestión de confianza.

Las medidas que se han adoptado y que se tomarán en el futuro para lograr el objetivo de reducir el crecimiento de los gastos corrientes son varias. En primer lugar, la culminación del llamado presupuesto por programas, que en 1982 afectará a la totalidad de los ministerios.

En segundo lugar, la adopción de las técnicas de elaboración del «presupuesto base cero» a un nivel más generalizado. El «base cero» implica elaborar los presupuestos de cualquier departamento u organismo público partiendo de cero en vez de añadir un porcentaje a las cifras del año anterior. Con esta técnica se puede evitar el «arrastre» de gastos que han perdido su justificación y que deben ser reducidos o incluso anulados.

Este sistema fue empleado este año para el 25% del total del presupuesto de cada ministerio, al parecer con escaso éxito. El año próximo será extendido al 50% de los gastos de cada departamento ministerial, con objeto de que los Presupuestos del año 1982 -cuya elaboración, según fuentes solventes, se iniciaría el día 2 de enero de 1981- se hagan ya en un 50% con nuevos criterios.

Una tercera medida que pretenden adoptar los responsables de Hacienda es la del establecimiento, como requisito necesario para la tramitación de proyectos de leyes o disposiciones administrativas que puedan tener repercusiones presupuestarias o financieras, el que vayan acompañadas de una memoria financiera y económica que evalúe y determine dichas repercusiones. Esta medida es consecuencia del proceso de discusión parlamentaria y aprobación de las pensiones para los afectados por la guerra civil.

Los gastos de personal constituyen la partida más fuerte del Presupuesto, como es tradicional, ya que representarán en 1981 el 37,4% del total, con merma ligera respecto a este año, en que representan el 38,2%.

El Presupuesto 1981 ha considerado un incremento de sueldos y salarios del 12%, más un 0,5% de productividad, que se introduce por vez primera como dato en la elaboración de las cuentas de la nación. El 12% mencionado de aumento salarial se estableció a la vista del objetivo general de un aumento de los precios previsto del 13,5% para 1981, y teniendo en cuenta que los aumentos salariales no tienen por qué reflejar la parte del aumento de precios que es imputable a los eventuales aumentos de precios petroleros.

En segundo lugar, las plantillas de funcionarios van a congelarse a su nivel actual. Por otra parte, el Gobierno pretende regular «de forma rigurosa» las incompatibilidades para el desempeño de puestos en el conjunto del sector público (no sólo de la Administración central, sino incluso para las empresas públicas, como señaló Garcia Añoveros expresamente). El principio de puesto de trabajo único «sólo podrá excepcionarse por ley ».

En materia de pensiones también se establecen medidas para aquellos casos en los que concurra el cobro de más de una, estableciéndose un aumento del 12% para la principal y crecimientos menores para las demás. Las pensiones mínimas únicas aumentarán en un 14%.

Todas estas medidas en relación con los gastos de personal no impiden, sin embargo, que tales gastos aumenten en 182.090 millones de pesetas, lo que convierte a esta partida en la de mayor importancia presupuestaria, por su aumento en términos absolutos. Es más, el aumento de los costes de personal es superior al aumento de las inversiones del sector estatal en unos 20.000 millones de pesetas.

La moderación de los gastos corrientes globales tiene, por otra parte, mucho que agradecer a la compra de bienes y servicios, que aumenta muy moderadamente, un 6,4%, y que ascenderá en 1981 a unos 110.800 millones de pesetas.

Gastos congelados

Todas estas medidas no eran, sin embargo, suficientes para frenar el aumento de los gastos corrientes, por lo que los autores del Presupuesto han debido recurrir a otras dos de carácter excepcional.

La primera de ellas es la relativa a los gastos militares. Se suspende la aplicación de la modernización de las Fuerzas Armadas, que tenían previsto haber incrementado sus presupuestos de defensa en un 31%. Las medidas adoptadas en esta materia consisten en diferir el gasto de 10.500 millones de pesetas, destinando además otros 9.000 millones de pesetas adicionales a reembolsar anticipos del Tesoro efectuados años atrás. Tras este recorte de casi 20.000 millones de pesetas, el presupuesto del Ministerio de Defensa para comprar bienes y servicios aumentará en términos reales tan sólo el 1,2%.

La segunda medida se refiere al pago de las pensiones derivadas de la guerra civil. Se va a aprobar un real decreto-ley por el que se fracciona el pago de los atrasos de estas pensiones. El pago de estos atrasos, aprobado en las Cortes, obligaba al Estado a abonar durante el próximo ejercicio la cantidad de 130.000 millones de pesetas, lo que representaba, por sí sólo, el equivalente a más del 7% de los gastos corrientes de este año. Para evitar este pago de una sola vez y las consiguientes perturbaciones sobre el presupuesto, el Gobierno ha decidido fraccionar el pago del atraso a lo largo de un período de cuatro o cinco años, con devengo de intereses, lo que producirá un alivio sobre el presupuesto del año próximo de unos 70.000 millones de pesetas, cuyo pago se aplaza y se fracciona. Según manifestó ayer el titular de Hacienda, el fraccionamiento para cuatro años afectará a las pensiones de menos de 500.000 pesetas, y para las que superen esta cifra anual, el plazo de pago será de cinco años. En ambos casos, el interés devengado será del 8% anual.

Escasos límites a las subvenciones

Dentro del capítulo de los gastos corrientes, las subvenciones y transferencias representan el segundo renglón en importancia, y lo mismo sucede a nivel de todo el presupuesto de gastos, ya que esta partida absorbe el 31,2% del total de gastos previstos para el año próximo, porcentaje casi igual al del año en curso. El Estado se gastará en este concepto 879.300 millones de pesetas en 1981, con aumento de 162.116 millones de pesetas sobre el año 1980. Este aumento es incluso superior al aumento previsto para la inversión pública, de modo que el Estado se va a gastar más dinero en subvencionar durante el año próximo que en invertir. La diferencia a favor de las subvenciones será de unos 200.000 millones de pesetas. En este capítulo se incluyen también las transferencias a diversos organismos con finalidades concretas.

Las mayores partidas de las transferencias corrientes tienen una finalidad asistencial. Por ejemplo, las que tienen por destino la Seguridad Social se incrementan en un 50%, con objeto de abaratar el coste del empleo para las empresas en un porcentaje que los autores del presupuesto han estimado en torno al 0,5 %, con lo que esperan reducir «el coste real del factor trabajo, facilitando la generación de empleo».

El seguro de desempleo se llevará 100.000 millones de pesetas el año 1981, con cargo al Estado, con aumento del 25%. El Estado deberá asumir en el futuro el 40% del coste de este seguro. La subvención a la gratuidad de la enseñanza se incrementa en un 12%. Y, finalmente, las transferencias a las corporaciones locales crecen de modo sustancial, alcanzando el 52% de aumento la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado y otras asignaciones. Por otra parte, los impuestos directos ya cedidos aumentan en un 25% (contribución urbana y cuota de licencia fiscal). El trasvase de fondos desde el Estado a las corporaciones locales es el de mayor aumento entre todos los capítulos de las transferencias.

Por lo que se refiere a la subvención de los déficit de explotación de empresas, Hunosa se llevará el año próximo unos 17.500 millones de pesetas, aunque el montante de la subvención dependerá, a partir del año próximo, de la cantidad de toneladas producidas, lo que implica establecer un cierto límite a la cobertura de sus pérdidas.

La inversión pública

El conjunto de las inversiones públicas aumenta en un 31,1% sobre el presupuesto de 1980, siendo la inversión de carácter civil la que crecerá más fuertemente (un 32,5%) respecto a la militar (un 23,4%).

El ministerio más inversor, con el 27% del total, será el de Obras Públicas y Urbanismo, con 179.2 10 millones de pesetas, y aumento del 32% sobre este año. Los entes territoriales son los que mayores crecimientos experimentan en sus programas de inversión, cifrándose dicho aumento en un 156,4% en términos relativos. Las prioridades inversoras del sector público han sido fijadas en los sectores de la construcción, agricultura, transportes y obras de ámbito local, además del sector energético.

De forma adicional, las dotaciones en poder del crédito oficial van a experimentar un aumento sensible, lo que permitirá mejorar el volumen de fondos disponibles por las empresas en las entidades oficiales de crédito. Las dotaciones del Tesoro al crédito oficial se incrementarán en un 30%, ascendiendo a 230.000 millones de pesetas. Alrededor de la mitad de esta cifra (unos 115.000 millones de pesetas) será financiada con la emisión de cédulas para inversiones, y el resto, mediante anticipos del Tesoro. Las disponibilidades de crédito de las entidades oficiales podrán así atender a la mayor demanda que se producirá en el sector de la construcción de viviendas, en la ejecución del Plan Energético Nacional y en el apoyo financiero a empresas necesitadas de reestructuración de los sectores en crisis.

El déficit y su financiación

La previsión de déficit para los próximos Presupuestos Generales del Estado es de 435.609 millones de pesetas, de los que 120.000 millones de pesetas serán financiados con emisiones de deuda pública, unos 70.000, con crédito exterior, y los restantes 245.609 millones, con recurso al Banco de España.

Sin embargo, el recurso total al banco emisor será del orden de los 330.000 millones de pesetas, en términos monetarios. La apelación real será de unos 245.000 millones, lo que supondrá un 11,7% de las disponibilidades líquidas en el año próximo, inferior al 16,1% previsto para este año.

Para el Ministerio de Hacienda, «el comportamiento monetario previsible del sector público, así definido, es perfectamente compatible, tanto con un crecimiento moderado de las disponibilidades líquidas como con una financiación adecuada del sector privado».