El Ministerio de Cultura incumplió su deber al negar la licencia de "El crimen de Cuenca"

La sentencia de la Audiencia Nacional, en virtud de la cual el Ministerio de Cultura tenía que haber otorgado licencia de exhibición a la película El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, no indica que el filme vaya a ser proyectado inmediatamente en las pantallas españolas, puesto que sus copias siguen estando secuestradas por la jurisdicción militar, que, a su vez, procesó en abril de este año a la directora de la cinta. La sentencia de la Audiencia Nacional fue revelada ayer a Efe por el productor de la película, Alfredo Matas. Según éste, la citada sentencia lleva fecha del pasado 31 de julio.

Pilar Miró señaló anoche a EL PAIS que esta sentencia lo único que hace es indicarle al Ministerio de Cultura que no cumplió con el deber que tiene de atender a la legislación vigente, que le obligaba a otorgar la licencia de exhibición dos meses después de que enviara la cinta al fiscal general, para que éste estudiara el posible contenido delictivo de la película. A pesar de que el fiscal jamás respondió, el ministerio citado persistió en su silencio.La directora de la película sigue en situación de libertad provisional y debe acudir aún al juzgado militar cada quince días. Anoche, Pilar Miró dijo a EL PAIS: «Aparte del incumplimiento de la ley que ha cometido el Ministerio de Cultura, y que ahora subraya la Audiencia Nacional, debo decir que pienso que si la propia jurisdicción militar cumpliera, por su cuenta, el artículo 20 de la vigente Constitución (sobre libertad de expresión), yo no estaría procesada».

Con respecto a la sentencia, Pilar Miró se mostró satisfecha, porque considera que sienta jurisprudencia.

En definitiva, lo que la sentencia ha clausurado es un contencioso que la productora de El crimen de Cuenca mantenía con el Ministerio de Cultura. «Yo sigo como estaba, y la película sigue secuestrada y sin poder exhibirse», dijo anoche Pilar Miró.

«Mi situación», prosigue Pilar Miró, «sigue sin tener otra solución que no sea la que inspire la reforma del Código de Justicia Militar, puesto que todos los recursos que yo podía presentar ante el Juzgado Militar, e incluso ante el Consejo Superior de Justicia Militar, me han sido denegados. Por otra parte, tanto el Congreso como el Senado parecen no tener prisa en activar la reforma del mencionado Código.

Sobre el mismo tema dijo anoche a EL PAIS el abogado de la directora de cine, Joaquín Ruiz-Giménez: «Es importantísimo que la Audiencia Nacional haya considerado el derecho, previsto en la Constitución, que garantiza la libertad de expresión sin censura previa».

Para suspender el trámite de licencia de exhibición de El crimen de Cuenca, el Ministerio de Cultura se basó, en diciembre de 1979, en un decreto-ley de noviembre de 1977, por el cual podía suspender ese trámite y trasladar al fiscal sus sospechas. Si a los dos meses no había un pronunciamiento fiscal, la licencia debía darse de modo automático. En enero de 1980 fue cuando la jurisdicción militar decidió el secuestro de las cintas de la película. Un mes más tarde, cuando se cumplió el plazo legislado para las actuaciones del Ministerio de Cultura, éste consideró que ya no era necesario intervenir más en el caso y no cumplió con su deber. Este entramado de hechos y de omisiones se vino a complicar irónicamente este verano, cuando se decidió que el Ministerio de Cultura no tenía poder para impedir la exhibición de ninguna película en nuestro país. Para corroborar lo que una vez dijo Pilar Miró sobre la tupida burocracia que nos rodea («este país es cada día más kafkiano»), El crimen de Cuenca sigue siendo un ejemplo excepcional.