La Marina española pide diez Millones por la liberación del "Rainbow Warrior"

La Marina española ha reclamado a la organización ecologista Greenpeace la suma de 10.200.000 pesetas como fianza por la liberación del buque Rainbow Warrior, detenido el pasado 18 de junio a ochenta millas de las costas gallegas, por interferir las actividades de un barco español, propiedad de la empresa Massó, dedicado a la caza de ballenas. Esta fianza ha sido impuesta por el Juzgado de Instrucción de Marina de la Zona Cantábrica, que sigue la causa contra Jonathan Casties, capitán del Greenpeace.

En el caso de que Greeripeace no presente esta fianza, exigida para pagar los posibles daños y perjuicios causados a la empresa Massó y para cubrir la multa que el Código Penal prevé por el delito de coacción (un máximo de 200.000 pesetas), el buque será embargado con la totalidad de sus instalaciones, instrumental y embarcaciones auxiliares.La organización Greeripeace ha declarado no disponer «de tan extravagante suma», el doble de lo que les costó el Rainbow Warrior hace apenas tres años, y han anunciado que están estudiando la posibilidad de iniciar una campaña para reunir esta suma de dinero con una suscripción pública.

Los ecologistas consideran que esta fianza es desproporcionada con los hechos, que se limitaron a acciones de protesta pacíficas, consistentes en colocarse con un bote de goma delante de la ballena en el momento en que iba a ser arponeada. Fuentes cercanas a Greenpeace han señalado que esta sanción es muy superior a la que imponen los tribunales marroquíes a los pesqueros españoles por faenar en sus aguas territoriales, y han señalado que la detención del Rainbow Warrior se produjo en aguas internacionales.

Por otra parte, Greenpeace y las organizaciones ecologistas españolas han denunciado que la flota ballenera del industrial Massó, la única que existe en España, ha superado la cuota máxima de capturas que tenía asignada para la presente temporada por la Comisión Ballenera Internacional.

Según informa Greeripeace, la empresa Massó, que tenía permiso para matar 220 ballenas durante 1980, llevaba ya capturados en el mes de septiembre 381 rorcuales comunes (ballenas de más de veinte metros de longitud) y quince cachalotes.

En la última reunión celebrada por la Comisión Ballenera Internacional, en la ciudad británica de Brighton, el pasado mes de julio, la delegación española, encabezada por el subdirector general de Pesca, Juan Prat, votó en contra de todas las proposiciones de moratoria en la caza de ballenas y apoyó la estrategia de los dos países máximos cazadores de ballenas, la Unión Soviética y Japón, en contra de la tendencia conservacionista que predomina en la comisión, pero que no puede imponer el cese de la caza de ballenas, al ser necesario alcanzar una mayoría del 75 % de los votos para conseguir la moratoria. Este es el motivo por el que los ecologistas de todo el mundo consideran a España como uno delos países decisivos para evitar la extinción de los cetáceos, a pesar de que las capturas españolas son pequeñas comparadas con las soviéticas o las japonesas.

En España solamente se dedican tres buques a la caza de ballerias, de ahí que en medios ecologistas sorprenda la postura radical que ha adoptado la Administración española ante este tema, apoyando la caza de estos animales en peligro de extinción, y haciendo caso omiso de las protestas formuladas