Las pensiones a familiares de la zona republicana pueden congelarse en 1981

Uno de los instrumentos que podrían ser utilizados en los próximos meses para intentar una reducción del gasto público corriente podría ser la congelación o revisión de las disposiciones por las que se amplió, de forma considerable en estos últimos meses, el pago de pensiones y otras compensaciones económicas a clases pasivas, sobre todo las relacionadas con pensiones a los damnificados de la zona republicana de la pasada guerra civil, según comentaron a EL PAIS en medios próximos a la Administración.En estos últimos meses, diversos medios de la Administración expresaron en privado la opinión de que el pago de tales pensiones, con ser un acto de reparación históricamente justificable, ocasionaría un excesivo aumento de los gastos presupuestarios, que detraería inevitablemente fondos públicos de los programas de inversión, cuya prioridad en estos momentos parece poco discutible, ya que el objetivo de luchar contra el desempleo pasa de forma inequívoca -según las mismas fuentes- por un fortalecimiento de las inversiones públicas.

La preparación del próximo presupuesto del Estado para el año 1981 encontrará, probablemente, uno de sus puntos más discutidos ,en este capítulo de pago a las clases pasivas, ya que estimaciones económicas solventes cifran en unos 110.000 millones de pesetas los pagos que deberían realizarse en dicho año a los afectados por reparaciones derivadas de la guerra civil. En algunos medios se señala que el pago de estas cantidades, que en algunos casos puede encontrar cierta justificación económica, carece de ella en otros muchos por tratarse de personas que han encontrado ya una salida a su situación económica.

El coste de las clases pasivas

El presupuesto del Estado para el año 1980 preveía unos pagos a clases pasivas de 149.000 millones de pesetas. Los compromisos adquiridos en estos últimos meses, o incluso en años anteriores, y que entraban en vigor este año, incrementaron el citado presupuesto en unos 55.800 millones de pesetas, lo que daba, a finales del pasado mes de junio, una previsión de pagos a las clases pasivas del orden de los 204.800 millones de pesetas.Estos 55.800 millones de pesetas adicionales proceden del reconocimiento de pensiones a los familiares de las víctimas de la zona republicana durante la guerra civil (unos 28.000 millones de pesetas), disposición legal aprobada en septiembre del año pasado; otra ley, ésta de mayo de este año, referida a pensiones para mutilados del Ejército republicano, elevó en 11.800 millones de pesetas más la cifra citada. Finalmente, diversas disposiciones sobre el cuerpo de los Guardias de Asalto, algunas aprobadas a los pocos días de la muerte de Franco y otras más recientes, sumaban 16.000 millones de pesetas más.

El año próximo, de acuerdo siempre con estimaciones realizadas en medios de la Administración, el pago por todos estos conceptos difícilmente bajará de los 110.000 millones de pesetas.

Reducir el gasto corriente

Aunque en medios oficiales no ha sido posible obtener información concreta sobre la forma en que se van a aplicar las nuevas orientaciones en materia de gastos presupuestarios, lo que sí parece decidido es un aumento de los gastos de inversión generadores de empleo y un paralelo esfuerzo por contener tres grupos de gastos corrientes, los relativos a las transferencias a empresas con déficit de explotación, las transferencias a las corporaciones locales para enjugar los cuantiosos déficit acumulados a lo largo del presente año y los gastos corrientes relativos a las clases pasivas.De hecho, las operaciones de capital representan en el presupuesto del año 1980 tan sólo el 24,1% del capítulo de gastos, y no todo este porcentaje se dedica a inversiones reales. El fortalecimiento del papel del Estado en la economía y de cara a una política económica más agresiva en materia de inversión y de creación de empleo -según se destaca cada vez con más insistencia en medios de la Administración- pasa por un fortalecimiento de la inversión pública que sea capaz de estimular la actividad en determinados sectores clave.

El último informe del Banco de España sobre la economía española refleja bastante bien un estado de opinión ya muy extendido en amplios sectores de la sociedad española, cuando señala que «el sector público ha echado sobre sus hombros una parte importante del coste de los ajustes de este período de dificultades, al tiempo que trataba de mantener una actuación social de carácter redistributivo; y ello se expresa en los fuertes aumentos registrados en las subvenciones de explotación (a las que habría que sumar, probablemente, una parte de los desembolsos en concepto de transferencias de capital); en la asunción de una parte importante del coste del subsidio de desempleo (28.700 millones de pesetas, en 1975; 209.600 millones, en 1979); en el rápido aumento de las pensiones (205.200 millones en 1975 y 746.500 millones en 1979), que refleja no sólo un deseo de mejorarlas, en especial en los niveles más bajos, sino las consecuencias de la evolución demográfica y el esfuerzo realizado en el terreno de las jubilaciones anticipadas en relación con el problema del empleo».