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Editorial:

Una extraña muerte

EL HALLAZGO en un apartamento madrileño (véase EL PAIS de 2-8-1980) del cadáver, en avanzado estado de descomposición, de Noemí Esther Gianotti de Molfino, una de las madres que se manifestaban semanalmente en la bonaerense plaza de Mayo para exigir al Gobierno de Videla información sobre sus hijos «desaparecidos», ha dado origen a sendos comunicados de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y de la Embajada de la República Argentina en España.La única conclusión prudente que cabe extraer de las explicaciones adelantadas tanto por los exiliados como por los diplomáticos argentinos es que ni unas ni otras terminan de ser plenamente convincentes. Así, el comunicado de la CADHU (véase EL PAIS de 3-8-1980) sitúa ese fallecimiento, al que considera "un nuevo y monstruoso crimen de la dictadura argentina", como la culminación de una historia que, con independencia de que los hechos finalmente la confirmaran, resulta demasiado rocambolesca y complicada como para ser aceptada sin más. La hipótesis de un secuestro realizado en Perú por los servicios paralelos argentinos, proseguido en Bolivia y rematado en Madrid con el asesinato de la señora Gianotti, tropieza, sobre todo, con la dificultad de explicar la entrada de la víctima -o de su cadáver- en nuestro país.

La versión dada por la Embajada argentina aporta como decisiva prueba en su favor precisamente el indicio más fuerte de que el escenario macabro pudiera haber sido manipulado por algún servicio paralelo. ¿Por qué razón Julio César Ramírez, otro de los presuntos secuestrados en Perú, utilizó su nombre y no la falsa identidad con la que hipotéticamente habría entrado en España para alquilar el apartamento de la calle de Tutor? Por lo demás, el comunicado de la embajada se precipita triunfalmente a extraer intranquilizadoras moralejas de esa muerte, dirigidas contra los exiliados argentinos en España. En efecto, el fallecimiento de la señora Gianotti en Madrid, de creer el comunicado diplomático, no sólo «deja en la más palmaria evidencia la falsedad de la campaña» en torno a los cuatro exiliados argentinos, presuntamente secuestrados en Perú, sino que también «advierte, una vez más, de la peligrosidad que exhibe la subversión internacional en su intento de socavar las bases de nuestra sociedad occidental».

Es evidente que ni la CADHU ni la Embajada argentina pueden arrogarse el papel que corresponde a los investigadores criminales, los jueces de instrucción, los médicos forenses y los fiscales de nuestro país. El luctuoso hecho de la calle de Tutor debe ser esclarecido por las autoridades españolas sin dejarse influir ni por intoxicaciones diplomáticas ni por sospechas sin pruebas. Si la versión de la embajada fuera globalmente correcta, conviene que la policía y las autoridades judiciales españolas la ratifiquen. Y si el territorio español hubiera sido utilizado como escenario para criminales actuaciones de servicios paralelos extranjeros, al estilo de las fechorías perpetradas por la DINA chilena en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, sería preciso además la persecución ep nuestro suelo de los delincuentes y el esclarecimiento de sus conexiones más allá de nuestras fronteras.

En cualquier caso, sería intolerable que este sombrío suceso fuera manipulado para recortar el derecho de asilo en nuestro país de los ciudadanos del Cono Sur que han huido de su patria para escapar de la persecución y la muerte. Recordemos, a este respecto, que las Cortes Generales tienen todavía pendiente en su programa legislativo esa ley de asilo que el artículo 13 de la Constitución prevé y que nuestra deuda histórica con las naciones americanas y el compromiso de la nueva democracia española con la defensa de las libertades obligan a discutir y aprobar de inmediato.

Digamos finalmente que el fallecimiento de Noemí Esther Gianotti de Molfino en un apartamento madrileño, lejos de su patria y con el dolor de la muerte de seres queridos en su memoria, merece, como mínimo, el respeto de sus compatriotas, aunque cumplan funciones diplomáticas al servicio del régimen de Videla. La desaparición, esta vez sin los eufemismos sarcásticos con que las autoridades de Buenos Aires utilizan la palabra a fin de no pronunciar términos tan desagradables como tortura o asesinato, de una de las «locas de la plaza de Mayo» debe, por lo demás, servir de ocasión para rendir homenaje a la conmovedora y obstinada lucha de esas madres argentinas, propuestas para el Premio Nobel de la Paz, que, en pleno centro de Buenos Aires, y rodeadas de policías, se manifestaban semanalmente en pro de los derechos humanos y en contra de un Gobierno que se niega incluso a extender oficialmente el acta de defunción de sus hijos «desaparecidos» en lugares y circunstancias no siempre conocidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de agosto de 1980