Las nuevas autonomías y el pago de la deuda

Si examinamos el reciente proceso que, de momento, ha culminado con la consolidación de las autonomías del País Vasco y de Cataluña, podremos establecer dos clases de lectura: una de ellas, a la que ya las más prestigiosas plumas de nuestro país han dedicado brillantes páginas, es la política; otra, que hasta el presente no ha merecido la misma atención, es la económica y es a ésta a la que, con permiso de otras voces mucho más cualificada que la mía, me atrevo a dedicar estas breves consideraciones.Para abordar con un mínimo criterio objetivo el análisis de la coyuntura actual del Estado, con dos regiones (o nacionalidades) que cuentan ya con un ordenamiento legal diferenciado del resto deja nación, estimo imprescindible pasar al examen de ciertas circunstancias históricas.

En efecto, sí volvemos nuestra vista a la España de mediados del siglo XIX, obtendremos una radiografía mucho más uniforme que en la actualidad del desarrollo económico a lo largo de la geografía del país. Independientemente de los distintos grados de concentración de la propiedad, que entonces era primordialmente agraria, no existían diferenciales notables en los niveles de renta de las distintas regiones españolas. Pronto, sin embargo, empiezan a cambiar las cosas, al producirse simultánea y paralelamente ciertos movimientos económicos en dos regiones muy cualificadas del país, a las cuales identifica su proximidad a Europa. Es la época en la que la revolución industrial está en marcha y las nuevas tecnologías empiezan a ser exportadas a los países limítrofes desde la Europa industrializada. Obviamente, Cataluña y el País Vasco iban a recibir, por su inmediatez geográfica, los primeros beneficios, aumentados en el último caso por la importante corriente comercial que se establece, principalmente con Inglaterra, al alumbrarse los ricos yacimientos de mineral de hierro de Somorrostro. Así, al tiempo que en el País Vasco se incorporan nuevas tecnologías a la siderurgia, en Cataluña se introducen patentes francesas que pronto, ponen en cabeza a la industria textil catalana, haciendo desaparecer, en poco tiempo, a sus competidoras del resto de España.

El proceso de industrialización, en estas regiones principalmente, se consolida con la adopción durante un largo período, sólo interrumpido por el arancel libre cambista de 1869 y llegando a nuestros días, de una marcada política proteccionista. Los políticos vascos y catalanes, entre ellos Bosch y Labrús, Zaracondegui y, más tarde, Cambó, supieron hacer pesar su influencia en los sucesivos gobiernos con objeto de obtener el monopolio del mercado español para sus productos, y así consiguen la aprobación de los aranceles proteccionistas de 1841, 1891 y 1906. El resto de las regiones españolas, que prácticamente vivían de la agricultura, fueron las sustentado ras de las industrias vasca y catalana, al tiempo que las tímidas muestras de despegue industrial que poseían, como los altos hornos de Marbella o Huelva y las fábricas textiles de Sevilla o Béjar, desaparecían ante la superioridad tecnológica -de las industrias del Norte.

Paralelamente al auge económico, se empiezan a desarrollar en las dos regiones citadas sendos movimientos de concienciación nacionalista que, al principio, representan la necesidad de expresión de una, cuItura propia que, ciertamente, a través de los siglos había quedado ahogada por el centralismo. Estos legítimos sentimientos de identidad, que no tenían por qué cuestionar la unidad del Estado, son aprovechados por las burguesías catalana y vasca en favor de conseguir una nueva aspiración: la de que estas regiones se liberaran de la presión económica directa del Estado, consiguiendo estatutos autonómicos, en los que la mayor parte de los recursos fiscales fueran administrados por gobiernos propios. Es decir, al tiempo que seguían conservando, mediante la intervención del Estado, el mercado nacional, lograban disminuir el grado de su contribución a la Hacienda Pública.

Estos estatutos se consiguen aprobar, tras algunas incidencias, durante la Segunda República, y, si bien eran claramente defendibles desde el punto de vista de los derechos históricos, de estas dos nacionalidades, no lo eran tanto en su formulación concreta, al dejar al margen una de las obligaciones primordiales del Estado, cual es la de proteger por igual los intereses de todos los ciudadanos y, por ende, de sus regiones. El resto de las regiones españolas quedaban así menos amparadas por el Estado, al haber disminuido la participación en la financiación general de las dos regiones de mayor nivel económico, mientras que precisamente éstas seguían beneficiándose de la exclusiva del mercado, estando el resto de los españoles obligados a adquirir sus productos industriales.

La calda de la República, con la guerra civil y la posterior implantación de un centralismo autoritario no trajo consigo, como cabría esperar, una nueva política económica que tendiera a la aminoración de los desequilibrios territoriales. Tanto en la etapa de autarquía como en la desarrollista son las regiones de mayor nivel económico, y a la cabeza de ellas Cataluña y el País Vasco, las que vuelven a beneficiarse de la polítita económica estatal.

La mitología del desarrollo de los sesenta y los principales instrumentos de fomento industrial empleados, tales como planes de reestructuración, acciones concertadas y otros, contribuyeron a la elevación del nivel económico de las regiones aludidas, siendo reforzada, además, esta tendencia gracias al trasvase financiero proveniente de las regiones más atrasadas y que se canalizaba a través de la banca privada o de los coeficientes de inversión obligatoria de las cajas de ahorro. Otra importante contribución de las regiones menos favorecidas a las más desarrolladas fue la numerosa aportación de mano de obra que, en un principio, fue contratada a salarios de subsistencia, lo que contribuyó, sin lugar a dudas, a la fácil capitalización de la industrias del Norte. Por otra parte, los tímidos intentos de hilvanar una política de compensación territorial reflejada en los Planes de Desarrollo, resultaron escasamente eficaces, e incluso en algún caso, como ha sucedido en Huelva y Lugo, han servido para desviar de ciertas regiones instalaciones industriales con efectos externos de carácter conflictivo.

Pasando ya al análisis de la coyuntura presente, la situación sigue ofreciéndonos dos vertientes: en el aspecto político, actualmente, no solamente Cataluña y el País Vasco han tomado conciencia de su identidad nacional, sino que, con el mismo legítimo derecho y dentro del indiscutible supremo marco de la unidad del Estado, otras regiones españolas, principalmente Galicia (que ya tuvo un nonato estatuto en 1936), Canarias, Andalucía, Extrernadura y otras, han optado por concretar sus aspiraciones en un proyecto político autonómico, en tanto que, en su vertiente económica, esto se traducé en la posibilidad de elección de un modelo. económico no impuesto y surgido del autoconocimiento de su potencialidades regionales y para cuya puesta en práctica se hace imprescindible la detracción de recursos provenientés de la regiones más desarrofiadas.

Este proyecto político, que no interfiere las aspiraciones de las nacionalidades históricas, viene perfectamente configurado cá la nueva Constitución, en donde se establece expresa y reiteradamente la necesidad de un desarrollo armónico de todas las regiones o nacionalidades españolas y la solidaridad de las más favorecidas con las más atrasadas.

La precipitación con que Cataluña y el País Vasco han reclamado sus estatutos de autonomía, adelantándose a una configuración que incluyera una previa ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, podríaponer en peligro el cumplimiento del mandato constitucional y, más concretamente, la consecución de un justo y eficaz Fondo de Compensación Interregional, y es por lo que es obligado instar a nuestras más altas instituciones democráticas, y muy especialmente a las recientemente puestas en marcha en Cataluña y el País Vasco, a tomar conciencia del grave problema que supone para la estabilidad del Estado la pervivencia de fuertes desequilibrios territoriales en España y que la solidaridad que deben ahora ofrecer las regiones más adelantadas hacia las más atrasadas no es ni más ni menos que él justo pago de la deuda que con ellas tienen contraída por la contribución de éstas a su desarrollo industrial.-