La puesta en marcha de la autonomía catalana

La Generalidad de Cataluña está a punto de terminar su etapa provisional para adentrarse, después de las elecciones al Parlamento de Cataluña, en la puesta en marcha de su autonomía definitiva. Se han superado muchos escollos antes de llegar hasta este momento. Ello debería bastar para descartar todo pesimismo. No podemos ignorar, sin embargo, que los pasos que se avecinan son trascendentales, que requerirán tesón y decisión, la programación certera de los objetivos y mucha capacidad de comunicación para hacerse comprender sin malentendidos.La coalición formada por Convergencia i Unió, que no es una pasajera alianza electoral, sino un acuerdo permanente de estrecha colaboración entre los dos partidos, se dispone a proyectarse en la nueva etapa, bajo el liderazgo de Jordi Pujol, con auténtica mentalidad de Gobierno. Sean cuales fueren los re sultados electorales -nadie en Convergencia i Unió, y los son deos de opinión lo confirman, pone en duda que se producirá un avance importante-, la coalición está dispuesta a asumir las responsabilidades que hagan falta para llevar a la Generalidad a buen fin en esta nueva etapa. A continuación sólo intentaré hacer un breve e incompleto bosquejo de los temas objetivos que necesariamente habrán de conformar esa etapa.

Uno de los objetivos primordiales será el desarrollo de las normas reguladoras de la propia Generalidad y de los entes públicos que de ella hayan de depender. El Estatuto de Autonomía establece que una ley de Cataluña determinará la forma de elección del presidente, su estatuto personal y sus atribuciones. Igualmente, una ley de Cataluña habrá de determinar la composición, el estatuto, la forma de nombramiento y las atribuciones del consejo ejecutivo o gobierno. La forma de elección del presidente de la Generalidad y el nombramiento de su equipo de gobierno inicialmente habrá de realizarse en la forma establecida por una disposición transitoria. Pero la determinación de las normas definitivas relativas a dichos órganos, así como de las que han de regular en el futuro las elecciones al Parlamento catalán -en particular, el tema polémico de las circunscripciones-, habrá de dar lugar, sin dudas, a un debate y a unas decisiones de singular importancia.

Otro de los objetivos primordiales será el establecimiento de los órganos territoriales intermedios: las comarcas y las veguerías. La Generalidad republicana realizó sobre el mapa una división territorial en hubo tiempo de dar vida a las instituciones, correspondientes; dicha división territorial estuvo precedida por muchos años de estudios comarcales y por una bibliografía de notable nivel. En esta cuestión se entrará en conflicto con la actual división provincial de Cataluña, dado que las veguerías, e incluso varias comarcas, no coinciden con los límites provinciales. Será muy conveniente recurrir al procedimiento previsto en la Constitución para la modificación de las provincias, mediante ley aprobada por las Cortes con la mayoría requerida para las leyes orgánicas. Será, por tanto, un proceso laborioso, con la natural carga, obviamente poderosa, de sentimiento localista.

El traspaso de competencias del Estado

Habrá de continuar la cuestión batallona de los traspasos de competencias del Estado, que ya se ha venido arrastrando durante la Generalidad provisional. En este punto se chocará con la inmensa inercia del centralismo burocrático, tan enraizado. Todos los vicios de este sistema fueron agudamente denunciados por el profesor García de Enterría, que ya en 1960 propuso que la Administración periférica del Estado fuera transferida a las diputaciones provinciales, que es lo normal en el conjunto de Europa, y que el Estado sólo se reservara la inspección de los servicios delegados. Por el momento, el Gobierno de Suárez no parece haberse convencido todavía -en una España en la que excepto dos provincias (Madrid y Logroño) está totalmente bajo régimen autonómico o preautonómico- de la necesidad de acometer sistemáticamente el traspaso de los servicios periféricos a los entes autonómicos y, en su defecto, a las diputaciones provinciales. Tal vez ello sea debido a que no ha descartado la posibilidad de potenciar a las provincias frente a los entes autonómicos. De todos modos, los retrasos en este punto, o el condicionarlos a la finalización de largos procesos autonómicos, está distorsionando ya el clima de opinión. Las ansias de renovación administrativa que desde hace muchos decenios se sienten en todos los rincones de la piel de toro forzosamente han de convertirse en la reivindicación de una identidad territorial ofendida o han de sumarse a ella.

También como objetivo prioritario la Generalidad ha de poner no sólo su contribución para paliar la crisis económica y el desempleo, sino de plantearse planes para la reestructuración racional y el futuro desarrollo de, los diversos sectores de la actividad económica. Aunque en una importante y reciente obra, dirigida precisamente por el profesor Eduardo García de Enterría, se cuestionan las facultades de los entes autonómicos en materia de actuación ante la coyuntura económica, e incluso de dirección económica tout court, es indudable que es mucho lo que la Generalidad puede y debe hacer en este ámbito. Aunque sólo sea por la fuerza de su prestigio, la Generalidad puede ejercer una influencia decisiva en la creación de un clima de confianza que propicie la inversión y que abra nuevas perspectivas de futuro.

En el ámbito de la cultura y la enseñanza hay que recuperar el valioso legado constituido por la obra que se realizó en Cataluña en tiempos de la Mancomunitat y de la Generalidad republicana. Por otra parte, desde que la cultura fue objeto de especial atención estatal con la V República francesa, que para su cuidado constituyó una cartera ministerial, hay que incorporar los nuevos planteamientos de la política cultural. Andre Marraux, al ocupar el cargo de ministro de Cultura, declaró que si el siglo XIX había destacado por la revolución de la enseñanza (aquí hay todavía verdaderamente pendiente esta revolución de la enseñanza al alcance de todos), el siglo XX tenía que ser el de la revolución cultural, o sea, el de la cultura al alcance de todos. Ello ha de comportar una especial atención no sólo a lo que tradicionalmente se ha entendido por política cultural, sino a cuestiones nuevas tales como el mínimo cultural, entendido como nivel que se pretende garantizar para todos, y la inserción cultural.

Por último, y desde luego no lo menos importante, estriba en la necesidad de dotar a la Generalidad de un cuerpo de funcionarios realmente eficientes. Se ha dicho que el principal defecto de la Administración del Estado está en que se ha prestado poco cuidado a los funcionarios del cuerpo de Administración general y que en cambio se han desarrollado y mimado unos prepotentes cuerpos de funcionarios especializados. La Generalidad habrá de evitar esto y mediante su escuela de Administración pública ha de promover con gran exigencia la formación de sus cuerpos de funcionarios, en especial del cuerpo general.

De la buena puesta en marcha de la autonomía catalana depende no solamente el futuro de Cataluña, sino también el éxito y la consolidación de las nuevas estructuras del Estado que deben resultar de la Constitución de 1978.

Jaume Casajoana es miembro del comité ejecutivo de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).