El paso incierto de Videla

EL GENERAL Jorge Videla, presidente -dictador -en nombre de las fuerzas armadas- de la República Argentina ha ofrecido una «apertura» hacia los civiles: no es suficiente y está excesivamente matizada de reservas y desconfianzas, y no ofrece ninguna garantía a los ciudadanos que traten de ejercer sus derechos políticos. La doctrina de Videla -expuesta en su mensaje del 6 de marzo- es impecable: «Vivir sin política, supeditados al mero fluir de los acontecimientos, es estar exclusivamente a la deriva, sin ideas ni principios, confiando sólo en el peso de la autoridad, que fatalmente terminará en autoritarismo.» Desgraciadamente, hace tiempo que el autoritarismo, y algo más, domina la vida pública argentina.Más dudosa es la forma de incorporación de la vida civil que propone el presidente-general: la suposición de que el diálogo tiene dos partes, una de ellas, el Gobierno -«desde luego, en nombre de las fuerzas armadas»-, y otra, «la ciudadanía»: parece excluirse que ciudadanía y Gobierno formen un todo en el que éste sea representante de aquélla. Lo grave entra en el capítulo de las restricciones: la «ciudadanía» sólo estará representada por quienes, «por sus merecimientos y representatividad », tengan condiciones para ello, y quedarán fuera del diálogo los «corruptos», los «subversivos», los que «sustenten ideologías incompatibles con nuestro estilo de vida nacional».

Naturalmente es la autoridad la que va a definir merecimientos, corrupciones o subversiones, o ideologías contrarias al «estilo de vida» llamado «nacional», bajo el cual muchos miles de argentinos han tenido que escoger el exilio, cuando han podido, y otros miles han sufrido persecución, cárceles y la forma de muerte que se ha venido en llamar «desapariciones». Coincidiendo con la «apertura» de Videla, la Comisión de Derechos del Hombre de la ONU ha conseguido por fin formar un grupo de trabajo que investigue la cuestión de esas desapariciones. La propuesta inicial -francesa- ha sido considerablemente aguada por la negociación, sin la cual no se habrían levantado dos vetos: el de la propia Argentina y el de la Unión Soviética, que recompensaba así a Videla por la decisión de éste de seguir enviando su trigo a la URSS -un magnífico negocio- y no retirarse de los Juegos Olímpicos. Un mercado sucio. Figura en la resolución que el grupo de trabajo -«tres expertos de competencia internacional reconocida», designados «a título individual»- realizará su tarea «con discreción» para averiguar en qué consiste «la desaparición involuntaria o forzada de personas».

Un cierto número de argentinos de entre los refugiados en España están dispuestos a regresar; otros dudan acerca de las garantías de supervivencia. La emigración política argentina en España ha encontrado en algunos casos acogida y trabajo; ha sufrido, sobre todo, dificultades, unas por parte de gremios profesionales afectados por el paro, otras por las autoridades, suspicaces frente a la entrada de «izquierdistas». Muchos argentinos, por la especificidad de sus profesiones, no han podido encontrar medios de vida suficientes. Este es el principal sector que desea volver, aunque también lo desean algunos de los bien clasificados: el exilio es siempre doloroso. Las limitaciones de Videla han hecho que algunos renuncien y que otros duden.

Está, sobre todo, la advertencia a los «automarginados». Según Videla, quienes no entren en los órdenes descritos como válidos para el diálogo y no quieran par ticipar en él «cargarán con las consecuencias de su actitud y responderán ante la historia por su, abstención en un momento tan significativio». La responsabilidad ante la historia es fácil de soportar, sobre todo cuando se tiene la sospecha de que será el videlismo el que en el futuro estará condenado; temen, sobre todo, con lo que pueda significar «cargar con las consecuencias de su actitud» en el momento presente. Puede ocurrir que se les obligue a aceptar el «estilo de vida nacional» de una manera explícita, mediante firma de declaraciones o afiliación a asociaciones, y que, de no aceptar, sean considerados como «automarginados» y encuentren problemas que pueden ir desde la imposibilidad de trabajar hasta ser víctimas de nuevas «desapariciones invioluntarias».

El paso de Videla está forzado por el deseo de homologar su régimen con las pretensiones mínimas internacionales en la cuestión de derechos humanos y por la inquietud que puede suscitar el ejemplo de las reacciones populares contra las dictaduras latinoamericanas. Pero es un paso torpe. No consigue crear el clima que se había propuesto. Por el contrario, levanta aún más sospechas de que se trata de implantar con carácter de permanencia, y no como situación provisional, un régimen emparentado con los corporativismos, con los fascismos, con todas las dictaduras que envenenan el mundo.