La Junta salvadoreña responsabiliza a la extrema derecha de la matanza del martes

Grupos de extrema derecha, «empeñados en impedir el proceso de cambios» en El Salvador, fueron responsabilizados por la Junta Revolucionaria de Gobierno de provocar los sangrientos incidentes del pasado martes, en los que murieron más de veinticinco personas y otras cien resultaron heridas. La acusación, unida al reconocimiento de que agentes de la Policía Nacional también hicieron disparos desde edificios públicos, se hizo en una rueda de prensa en la que participaron el coronel Adolfo Amoldo Majano y los dirigentes democristianos José Antonio Morales Ertich y Héctor Dada, todos integrantes de la Junta de Gobierno.

Los gobernantes salvadoreños aceptaron que la manifestación del martes, llamada «marcha de la unidad» por la Coordinadora Nacional de Masas, recientemente creada, se desarrollaba de forma pacífica cuando surgieron los primeros disparos, y empeñaron lo mejor de su capacidad dialéctica para hacer ver a los periodistas la «torpeza política» que habría supuesto la menor complicidad del Gobierno en la matanza.«Ordenamos el acuartelamiento de las tropas y de los cuerpos de seguridad, salvo pequeños retenes en edificios públicos. Tenemos la conciencia tranquila. Nuestros propósitos son sinceros», añadieron. «Queremos cambios profundos en las estructuras de este país. Hemos nacionalizado el comercio exterior. Vamos a nacionalizar la banca. Estamos firmemente decididos a realizar la reforma agraria. Nuestro único objetivo es trasladar el poder al pueblo y establecer en El Salvador una auténtica democracia.»

Los argumentos no han convencido, sin embargo, a los grupos revolucionarios salvadoreños. Los diarios matutinos de ayer publicaban espacios pagados por el Bloque Popular Revolucionario (BPR) y diversas agrupaciones sindicales. en los que se responsabilizaba directamente a la «junta fantoche» de los sucesos del martes. El Frente de Acción Popular Unificada (FAPU). en una comunicación hecha mientras se celebraba el entierro de diez de las víctimas del martes, coincidía en las acusaciones del BPR y exigía la dimisión de la Junta y del gabinete ministerial para integrar inmediatamente un «Gobierno popular de salvación nacional».

La capital salvadoreña recobró durante el jueves una buena parte de su perdida calma, que, por supuesto, nadie acepta como duradera. Funcionó el transporte, abrieron los comercios y trabajaron las fábricas. Muchos colegios optaron, sin embargo, por esperar al lunes para reabrir sus aulas. La cadena nacional de radio, impuesta por las autoridades de la Junta a partir del mediodía del martes, fue levantada. La Universidad Central refugio de más de 20.000 manifestantes durante cerca de veinte horas, vio desaparecer el amenazante cerco militar establecido por el Ministerio de Defensa.

Calma efímera

Esa tranquilidad es, sin embargo, precaria y engañosa. Es un hecho la paulatina recuperación de la fuerza perdida por la oligarquía tradicional y los grupos de ultraderecha, desorientados en las semanas siguientes al golpe de Estado del 15 de octubre último. No se han producido detenciones de connotados dirigentes de UGB (Unión Guerrera Blanca) ni de Orden (Organización Democrática Nacionalista), a quien la gente señala con el dedo y que se pasean desafiantes por las calles. Tampoco existen evidencias de que el Gobierno haya avanzado algo en el desarme de dichas organizaciones.La Asociación Bancaria Salvadoreña ya ha hecho notar su voz de oposición a la anunciada nacionalización del sistema financiero nacional, que incluye bancos privados, entidades de ahorro y compañías de seguros. Los banqueros acusan a la Junta de no consultar a los posibles afectados y, de forma velada de violar la Constitución.

Los hilos de la diplomacia internacional han comenzado a tejer alrededor de El Salvador una malla interconectada, quizá para evitar la repetición de la experiencia nicaragüense, país donde los muertos se contaban ya por millares cuando las cancillerías de la región se decidieron a actuar.

Aquí, mientras se especula con la misión del secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos de EEUU, William Bowdler (ex embajador en El Salvador y reciente sustituto de Viron P. Vaky), se acaba de anunciar la llegada, en las próximas horas, de una misión del Pacto Andino, integrada tres miembros y encabezada por el venezolano Hilarión Cardoza. Es preciso recordar que ese organismo transnacional actuó por primera vez en el campo político en la guerra de Nicaragua y que su gestión tuvo éxitos notables. Los comisionados del Pacto Andino tienen la intención de entrevistarse con todos los grupos políticos del país y con el Gobierno salvadoreño y ofrecerán, probablemente, sus buenos oficios para encontrar una salida a la presente situación de crisis.