Peces contra naranjas

EL MINISTRO de Transportes y Comunicaciones ha dado un «paso en falso» en Rabat, con su aceptación de principío sobre el paso por territorio español de agrios marroquíes con destino al Mercado Común (en abierta competencia con nuestros propios cítricos levantinos hacia idénticos mercados) a cambio de un dudoso acuerdo de pesca entre España y Marruecos. El señor Sánchez Terán ha intentado ahora diluir una decisión que, sin duda, estaba por encima de sus estrictas competencias ministeriales y que debiera haber«sido debatida en Gabinete, desmitiendo solapadamente a otros servicios gubernamentales, lógicamente alarmados ante el peso de una muy cualificada opinión pública (los naranjeros levantinos) y poniendo diques a las críticas que dentro del Gobierno y en la inminencia de posibles reajustes ministeriales puedan justificar sobradamente su cese.España es un país que apenas puede ofrecer contrapartidas en la gran discusión sobre la pesca internacional, que ha convertido los caladeros tradicionales de aprovisionamiento de peces en cotos cerrados de uso exclusivo de los países ribereños que hoy disfrutan de 188 millas más de aguas jurisdiccionales, en contra del viejo límite de las doce millas. España aceptó el principio en la Conferencia del Mar, que se celebró en Brasil y por decisión de Gregorio López Bravo, del nuevo límite de las doscientas millas marinas sin más precauciones y pensando quizá que el expansionismo marino iniciado en América no llegaría a Europa con la urgencia que luego exigieron británicos e irlandeses.

En los primeros años de la década de los setenta, la Administración española no supo o no quiso comprender el reto económico alimenticio y social que se presentaba ante el sector pesquero. Luego vinieron las sorpresas, las restricciones y el conflicto económico-sócial. La primera reserva pesquera de España, el banco del Gran Sol, quedaba bajo la influencia de Londres y Dublín, mientras los caladeros propios de la flota del sur -de Andalucía y de las islas Canarias- pasaban a depender de la Administración de Rabat y se convertían en un nuevo elemento de presión de la diplomacia marroquí sobre la crisis del Sahara. En definitiva, España, quedaba al pairo de las decisiones exteriores para poder dar una seria continuidad a su política pesquera.

De nada han servido, entre tanto, los tímidos e interinos acuerdos pesqueros establecidos en dicho sector por la Administración hispana con la CEE y con Marruecos. En Bruselas, en el momento actual, impera cierta precariedad respecto a un acuerdo que debe ser remozado a finales del presente mes de enero. Con Rabat, el acuerdo pesquero interino, que dista del acuerdo general de pesca establecido en los albores de 1978 entre España y Marruecos, tiene como fecha tope el día 30 de marzo próximo y está condicionado por un acuerdo secreto de transportes, cedido por el ministro de Transportes y Comunicaciones, revelado ayer y según el cual España se compromete a ofrecer como contrapartida unilateral la aceptación de principio del paso por territorio español de agrios marroquíes con destino a los mercados de la CEE. Otras perspectivas de la pesca española se inscriben en el acuerdo Madrid-Lisboa y en la esperanza de que Guinea Ecuatorial desvíe sus viejas con cesiones a la Unión Soviética en favor de España.

El Gobierno español ha sido en los últimos años incapaz de transformar y readaptar el sector pesquero. Se ha limitado a una política de parchio y de acuerdos interinos con la CEE y Marruecos, siempre a remolque de las imposiciones de Bruselas y Rabat. En las Comunidades Europeas, Madrid sólo ha recibido el trato de un simple país tercero y nunca la acogida especial que bien merecía como nación candidata al ingreso en el club del Tratado de Roma. En la capital marroquí, el tema ha estado siempre ligado a la crisis del Sahara, y buena prueba de ello lo constituye el hecho de que el acuerdo general pesquero hispano-marroquí, ratificado por el Parlamento español en febrero de 1978 después de un duro debate, aún no ha sido ni siquiera discutido por la Asamblea parlamentaria marroquí.

De todas maneras, la cuestión que da actualidad a este debate se centra en la decisión personal del ministro de Transportes y Comunicaciones -enfrentada a las posiciones del vicepresidente de Asuntos Económicos y a los ministros de Agricultura, Comercio y Relaciones con la CEE- de ofrecer a Marruecos la libre circulación en territorio español de un cierto porcentaje de cítricos marroquíes con destino a la CEE. El primer partido de la oposición, el PSOE, ha criticado duramente esta iniciativa desde la óptica de la acción exterior del Estado y en contra de las prácticas habituales de la diplomacia. Esta actitud es correcta, pero, por otra parte, no contradice en el fondo la actitud de la Administración de ofrecer a Marruecos contrapartidas técnicas -y no políticas- a un problema económico como lo es el del sector pesquero. Las 50.000 toneladas de agrios marroquíes que podrían atravesar, por tren o carretera, el territorio hispano no constituyen un problema de envergadura para España, entre otras cosas porque la cosecha de cítricos hispanos tiene su compra asegurada en la CEE y porque la cifra marroquí supone sólo el 3% de la exportación hispana a la CEE.

Lo que sería inaceptable es la idea de que esta concesión a Marruecos se hiciera sobre un simple acuerdo interino de tres o más meses, que no tuviera las garantías jurídicas necesarias como las que exige la ratificación de todo contrato por el Parlamento marroquí. Y decimos esto porque la crisis del sector pesquero en Andalucía y Canarias constituye un tenia principal de la política económica y territorial de España.