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La Diputación de Madrid, hacia la gestión directa de Las Ventas

Creado el Órgano Especial de Administración para las actividades taurinas

La Diputación Provincial de Madrid ha dado el paso más importante de las últimas décadas para la promoción de la fiesta de los toros, y uno de los de mayor trascendencia de toda la historia del toreo. Se trata de una medida de gobierno de la corporación que ha llevado directamente el vicepresidente de la misma, Luis Larroque, en colaboración con los diputados Eduardo González Velayos, José Maldonado, José Beato y Fernando García Comendador, este último en calidad de secretario de la comisión de trabajo

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El pleno de la Diputación Provincial de Madrid, celebrado el pasado día 21, acordó crear un órgano especial de administración para la explotación directa de la plaza de Las Ventas, más otras funciones encaminadas a divulgar y promocionar el espectáculo taurino en la capital y toda la provincia.Se trata del más importante paso que se ha dado en las últimas décadas en orden a un nuevo enfoque de la fiesta y es una medida que puede iniciar la reestructuración en profundidad del espectáculo.

La primera diputación democrática emprende un camino que muy posiblemente seguirán en el futuro otras diputaciones. Estas entidades, propietarias de plazas de toros, hasta ahora no habían hecho más que sacar a subasta el edificio y embolsarse el dinero de los cánones, sin que les preocupara lo más mínimo los intereses de los aficionados ni su conservación y fomento de los valores de la fiesta. En las últimas subastas -por ejemplo la de Valencia- hubo algunos tímidos conatos de mejora, con especial incidencia en la obligación de celebrar cierto número de novilladas e incluir en los carteles a los toreros locales, y en la de Las Ventas, convocada al final del pasado año, los redactores del pliego, que no podían desoír lo que la afición de Madrid y los estamentos taurinos pedían, incluyeron cláusulas sobre limitación de precios, exigencia de que se montara cierto número de novilladas económicas, incluir figuras en las corridas de otoño, etcétera, aunque lo hicieron de manera tan inconcreta y con tan poca visión de las necesidades verdaderas que en la actualidad tiene el espectáculo, que resultó un documento jurídicamente indefendible y sin ninguna fuerza en materia de promoción. En realidad, el pliego de condiciones para la subasta de Las Ventas, como se preveía -así lo advirtió EL PAÍS en su día- ha hecho mucho daño y ningún bien a la fiesta de toros en Madrid.

El documento presentado al pleno de la Diputación, y que ha sido aprobado en su totalidad, por la comisión de trabajo que forman Luis Larroque, Eduardo González Velayos, José Maldonado, José Beato y Fernando García Comendador, presidida por el primero, explica cuál debe ser la política taurina que debe llevar a cabo la Diputación, y detalla las características y competencias del órgano especial de administración.

Organo especial de administración

Este órgano tendrá las siguientes características:

- Un consejo de administración compuesto por cinco vocales políticos y cuatro técnicos, a designar todos ellos por el pleno de la Corporación.

- Un presupuesto especial a elaborar por el consejo para ser aprobado por el pleno.

- Un gerente, nombrado por el pleno, a propuesta en terna por el consejo.

- Un control del pleno a través de la resolución de los recursos de alzada contra las decisiones del consejo.

- El consejo de administración podría contratar personal en régimen laboral para el cumplimiento de los fines del consejo.

Las competencias propias del órgano especial de administración serán las siguientes:

1. Explotación directa de la plaza de Las Ventas mediante la organización de las corridas y festejos que no sean objeto de arrendamiento.

2. Elaboración de los criterios y normas a las que debe ajustarse, en su caso, el arrendamiento de la plaza de toros.

3. Organización y promoción del Museo Taurino.

4. Elaboración y ejecución de la política taurina de la Diputación Provincial, cuya aprobación se someterá al pleno de la Corporación.

5. Administración, en su caso, de las propiedades y servicios que se relacionen con la plaza de Las Ventas (escuela de tauromaquia, venta del Batán, etcétera).

6. Coordinación de todas las plazas de toros sitas en la provincia de Madrid que deseen participar en una coordinación supramunicipal.

7. Representación de la Diputación Provincial frente a cualquier organismo público o privado, sin merma de las atribuciones propias de la presidencia de la Corporación.

Se trata -dice el informe aprobado por el pleno- de definir la política de la Diputación respecto a la plaza de Las Ventas bajo el doble prisma de rendimiento económico y de una política taurina eficaz. Este doble criterio obliga a ponderar ambos aspectos del problema. Maximizar los beneficios económicos supondría a medio plazo el incumplimiento de la responsablilidad que la Corporación asume en cuanto a la protección de la fiesta.

En este sentido -añade el documento- hay que cuestionar como fórmula ideal la del concurso-subasta, que es un procedimiento lento en el que, además, sólo prevalece como criterio definitivo la oferta económica. Sin embargo, eI concurso tiene las ventajas de que pueden acelerarse los trámites y mejorarse por los concursantes las condiciones mínimas que establezca la Diputación respecto a la mejora y promoción del espectáculo. La Diputación haría la adjudicación teniendo en cuenta estos factores, más los de solvencia del licitador, oferta económica, etcétera. Unas fuertes obligaciones económicas asumidas por el empresario -dice el informe, y es evidente que Canorea se encuentra en este caso- pueden afectar gravemente a la calidad del espectáculo y a los objetivos culturales que también se persiguen.

La Diputación de Madrid entiende que debe hacer una política de publicaciones y actos públicos sobre el hecho taurino, en los que el debate público sobre el carácter, la ordenación y las características de la fiesta faciliten una política adecuada a las exigencias de la demanda real y a las responsabilidades de los poderes públicos. En este sentido, y dada la situación constantemente denunciada por la prensa, las asociaciones taurinas y la afición en general, de la desatención efectiva en que se encuentra la fiesta de los toros; considerando sus valores de arraigada tradición y los que la configuran como parte del acervo cultural popular de España, la Diputación, dentro de sus competencias, promoverá acciones tales como:

1. Proponer la renovación de la normativa legal de los espectáculos de toros, propiciando la actualización del reglamento taurino.

2. Solicitar del Gobierno la definitiva ubicación de la tutela de la fiesta en un organismo oficial dependiente del Ministerio de Cultura.

3. Solicitar la derogación del real decreto de 1927 en el que se prohibe la entrada de los menores de catorce años a los espectáculos taurinos.

Por añadidura, los criterios que la Diputación propone en el citado informe para cuando se produzcan nuevos arrendamientos se centran en la promoción real del espectáculo taurino. Estos criterios, cuyo contenido ampliaremos en el próximo capítulo, son de diversa índole y tienen carácter prioritario los siguientes: adjudicación de la plaza mediante concurso, introducción en el pliego de condiciones de factores cualitativos, control de precios de los boletos y gestión directa de determinado número de festejos.

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