Las retribuciones de los funcionarios provocan un debate entre Fernando Abril y Felipe González

El problema de los funcionarios logró ayer elevar el tono del Pleno del Congreso y concitó intervenciones del vicepresidente del Gobierno Fernando Abril y del líder socialista Felipe González, en torno a las previsiones de aumento de retribuciones que los Presupuestos del Estado establecen para este sector.

El vicepresidente Abril se mostró muy locuaz e intervino en dos ocasiones a, lo largo de la tarde. Se levantó en primer lugar para replicar al diputado de Coalición Democrática Alfonso Osorio, que había defendido una enmienda al artículo primero, en la que proponía una reducción drástica del gasto público. Tan drástica que suponía la supresión de las dos vicepresidencias y de los ministerios de Relaciones con las Cortes, Relaciones con la CEE, Economía, Cultura, Universidades, Administración Territorial y adjunto al presidente, además de pretender la supresión del Alto Estado Mayor, el Instituto de Estudios Fiscales, el Consejo de Economía Nacional, la Subsecretaría de Mercado Interior y otras restricciones. La enmienda sólo alcanzó ocho votos favorables frente a 259 en contra y, tres abstenciones.

Osorio había argumentado que el incremento del gasto público en los últimos años es vertiginoso, y Alberto Oliart le replicó que la supresión de organismos y ministerios no podía hacerse a través de la ley de Presupuestos. Volvió a insistir Osorio en que la técnica legislativa no era anómala, y aseguró que «hay que dar ejemplo, y es una pena que esta posibilidad no la utilice UCD incluso electoralmente, pero cada uno usa la técnica que cree oportuna».

En ese momento se levantó Abril y explicó que la credibilidad moral del Gobierno a la hora de pedir sacrificios quedaba clara después de que el año pasado hubiese congelación del sueldo de los ministros y que este año se aumenten en un 5%, «y esto», dijo, «sin demagogia, para poder pedir a los demás algo menos de lo. que uno es capaz de hacer».

Después de que los artículos dos, tres, cuatro, cinco y seis se aprobasen y se admitiera una enmienda al cuarto, defendida por Marta Mata, de Socialistas de Cataluña, el comunista Pérez Royo defendió un paquete de enmiendas a los artículos siete y ocho sobre retribuciones de los funcionarios. Argumentó que existían discriminaciones, que se abría en exceso el abanico salarial y que se contemplaban arbitrariedades a través de un incentivo de productividad para un 5% de funcionarios que se denominan «grupo de apoyo ministerial», que el Gobierno ha acordado en Consejo de Ministros, aunque no se haya dado cuenta a la opinión.

Replicó Oliart que el grado retributivo es imprescindible y que no va en absoluto del uno al diez, sino del uno al 3,9. Ernest Lluch, por Socialistas de Cataluña, intentó que el aumento del 12,5% previsto para 1980 se incrementase en un punto, aun reconociendo que la medida es insuficiente.

Fue después Francisco Ramos, por el Grupo Socialista, quien arremetió contra las previsiones presupuestarias funcionariales, advirtiendo que «estamos, como cada año, ante el convenio colectivo más importante del país, que afecta a 1.200.000 personas». Argumentó que la subida real es sólo del 8,5 % y que hay que temer que el otro 4% se distribuya de forma discriminada, de acuerdo con criterios políticos del Gobierno, y que los cuerpos de elite resulten beneficiados.

Tras una negativa de UCD a aceptar una enmienda in voce propuesta por el socialista Luis Fajardo, sobre retribuciones a los funcionarios de la Administración local, y de que Vázquez Fou defendiera una adición al artículo siete, subió a la tribuna el vicepresidente Abril, quien agradeció al socialista Enrique Barón que en su primera intervención hubiera reconocido que se había mejorado, y que del 11% de aumento del año anterior se ha pasado al 12,5 %. «Las cosas van ordenándose, se van resolviendo, gracias a Dios», y aquí hubo risas en los escaños de la izquierda.

Explicó luego que el dato externo, incontrovertible, de la subida del petróleo, empobrece a todos y disminuye el poder adquisitivo de todos. Frente a este hecho, Fernando Abril entiende que puede adoptarse una posición razonable y negociadora, o bien una posición de fuerza que logre algunos objetivos. Todo depende -dijo- de que «se imponga la razón por la fuerza o se imponga la fuerza de la razón».

Después de que todas las enmiendas fuesen rechazadas, Ramón Tamames, en nombre de los comunistas, se extrañó de que el vicepresidente económico apelase a la negociación, negando validez a las posturas de fuerza, mientras el Gobierno impedía articular la representación legítima de los funcionarios.

Felipe González acudió también a la tribuna para asegurar que no estaba dispuesto a aceptar el principio fatalista de empobrecimiento del país que manejaba Abril. El PSOE, en su opinión, ha presentado un conjunto de enmiendas para repartir mejor la escasez, distribuir equitativamente la masa salarial y abrir vías de negociación que permitan un tratamiento más justo para ciertos sectores de la Administración. «Hemos pretendido vías de negociación y se nos han negado.» Calificó la intervención de Abril como un análisis político, pero erróneo, por estar fuera del contexto del debate, y concluyó que «del fatalismo a la voluntad de Dios sólo hay un paso, el del ayatollah Jomeini», y que no le parecía prudente mezclar la voluntad de Dios con las decisiones de política económica porque, probablemente, Dios no estará dispuesto a apoyar las decisiones de UCD.