El PSOE denuncia una "estrategia legislativa contra la escuela pública"

Los proyectos de ley de estatuto de centros y de financiación de la enseñanza obligatoria, e incluso los propios Presupuestos Generales del Estado para 1980, constituyen, en opinión del PSOE, elementos de toda una «estrategia legislativa de UCD encaminada a perpetuar los privilegios de unas clases sociales determinadas y a satisfacer las presiones de los sectores confesionales de la enseñanza».

Los diputados Alfonso Lazo, Gómez Llorente y Manuel Gracia, miembros de la Comisión de Educación del Congreso, explicaron ayer, en una conferencia de prensa, las razones de esta interpretación del PSOE, que ve en los tres proyectos legislativos del Gobierno «una grave amenaza para la supervivencia de la escuela pública».Alfonso Lazo puso de manifiesto cómo en 1980 los presupuestos de Educación sólo van a aumentar en un 12%, frente al 30% de incremento que experimentaron este año respecto a los de 1978. El capítulo de inversiones para construcciones escolares disminuye además en un 25%.

Para los socialistas, las conclusiones son obvias, sobre todo si se tiene en cuenta el propósito del Gobierno de extender la obligatoriedad y consiguiente gratuidad de la enseñanza hasta los dieciséis años.

Según afirmó Manuel Gracia, secretario general de FETE-UGT, si no se programan las construcciones escolares que esa extensión de la gratuidad demanda es porque se cuenta con una red de centros privados de enseñanza media. La iniciativa privada, por otra parte, ofertará esos puestos escolares imponiendo las condiciones ideológicas que va a consagrar el estatuto de centros. Este, tal y como lo concibe UCD, al negar prácticamente el carácter de centros públicos a los que están subvencionados por el Estado, perpetuará una infraestructura del sistema educativo, basada en la imposición de idearios y que niega a la comunidad escolar la intervención en el control y gestión de los centros sostenidos con gastos públicos, pese al mandato del artículo 27 de la Constitución.

El PSOE, según informó Alfonso Lazo, ha presentado una enmienda al proyecto de ley de presupuestos, que representaría un incremento de 35.000 millones de pesetas. Este aumento estaría destinado precisamente a construcciones escolares de todos los niveles educativos, con una previsión concreta de 2.500 millones de pesetas para remuneración del profesorado y atención preferente a los capítulos de preescolar, sustituciones y educación de adultos.

Por su parte, Gómez Llorente criticó unas recientes declaraciones del presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, monseñor Elías Yanes, quien se lamentaba del trato discriminatorio que el Estado dispensa a los alumnos, al conceder mayor atención económica a los centros públicos.

En opinión del diputado del PSOE, «palabras tan solemnes» necesitan la matización de que, en una sociedad desigual, ayudar por igual a todos constituye una inmoralidad». Añadió Gómez Llorente que, «desde el punto de vista socialista, los mecanismos fiscales existen precisamente para redistribuir la riqueza, y que el pago de los impuestos no implica que todos hayan de recibir los mismos servicios».

Después se refirió a la imperiosa necesidad que tiene el Estado de fijarse unos objetivos prioritarios, que de ningún modo están contemplados en el proyecto de ley de financiación de la enseñanza obligatoria. Estos objetivos prioritarios pueden suponer, por ejemplo, la conveniencia de crear «escuelas privilegiadas» para grupos sociales y zonas geográficas deprimidas.

En opinión de Gómez Llorente, sin duda es más urgente atender a compensar las desigualdades sociales que a la exigencia de una gratuidad total para todos, cuando el realismo económico está demandando el establecimiento de un plan de prioridades.