Investigar si hubo torturas

EL GOBIERNO, a través de sus portavoces autorizados, ha enunciado la «teoría del residuo» para explicar la persistencia de la violencia en el País Vasco. Las medidas políticas, «que sólo servían para aislar a los terroristas y restarles apoyo popular», ya han sido adoptadas. Sólo quedaría, por tanto, la tarea de «eliminar esos residuos terroristas» mediante procedimientos policiales.En verdad, si la condición para lapidar esa teoría fuera no haberla compartido, al menos parcialmente, en algún momento anterior, este periódico tendría que guardar silencio. La tesis de que el terrorismo etarra había perdido todo apoyo popular en el País Vasco y era un fenómeno equiparable a la delincuencia fue mantenida desde estas columnas antes de que las elecciones de marzo de 1979 y el brusco ascenso de Herri Batasuna desmintieran ese diagnóstico. Tomar los deseos por realidades es una segura fuente de errores. Ni que decir tiene que el objetivo programático de aislar socialmente a ETA, no sólo nos parece correcto, sino que de su consecución depende, nada menos, que la pacificación del País Vasco y la estabilidad de nuestras instituciones democráticas. El problema es cómo.

No obstante, desde las elecciones legislativas y municipales, se ha avanzado considerablemente en esa dirección. La negociación del Estatuto de Guernica después de la alarma despertada por los «motivos de desacuerdo» gubernamentales, la campaña en favor de la participación en el referéndum del PNV y Euskadiko Ezkerra, los resultados del 25 de octubre, la gran huelga general del día 29 para condenar el asesinato de Germán González y las actitudes reflexivas clue comienzan a abrirse paso en algunos sectores de Herri Batasuna, así lo demuestran. Sin embargo, nos encontramos todavía en ese incierto momento en que se debaten la pleamar del odio y de la violencia y la bajamar de la reconciliación y de la paz. Sería imperdonable que, precisamente ahora, nuevas torpezas o errores permitieran a los partidarios del terrorismo recuperar los apoyos que han perdido en las últimas semanas. Por todo ello, la nota oficial con que el Ministerio del Interior (véanse páginas de Opinión de hoy) responde a la denuncia formulada por el señor Bandrés por supuestas violaciones de los derechos humanos y del artículo 15 de la Constitución en Euskadi resulta, a este respecto, simplemente desoladora.

Desde luego que el ministerio fiscal tiene que tomar en consideración las denuncias formuladas por el señor Bandrés, y que los jueces competentes deben investigarlas. Pero no para orientar sus actuaciones contra el diputado -protegido por la inmunidad parlamentaria- que las formula, los clientes que como abogado se las comunican y los órganos de prensa que las divulgan, sino, más sencilla y jurídicamente, para comprobar si son o no ciertas. Cuando se recibe una mala noticia -pésima en este caso-, lo procedente no es agredir al cartero que la transmite, sino tratar de averiguar hasta qué punto es veraz o falsa. Y ningún código del mundo que se precie de respetar los principios mínimos de la equidad reconoce a nadie la facultad de ser a la vez, juez y parte. La pretensión de que las informaciones encomendadas por el señor Ibáñez Freire a sus subordinados han demostrado «la falsedad de tan graves acusaciones», es de tal forma peregrina, contemplada desde una perspectiva jurídica y desde el texto de la Constitución, que sería cosa de tomarla a chanza, si no implicara ominosas amenazas para el señor Bandrés, para sus testigos y para la prensa.

La reacción del Ministerio del Interior es tanto más lamentable cuanto que el señor Bandrés, elegido diputado en las listas de Euskadiko Ezkera, defiende en estos momentos una opción resueltamente comprometida con el Estatuto de Guernica, la pacificación de Euskadi y el abandono de la lucha armada por los terroristas. Si el parlamentario guipuzcoano denuncia presuntas torturas, no es para hostigar al Gobierno o hacer la apología del terrorismo, sino para impedir que se produzcan. Puede equivocarse o hallarse en lo cierto; estar mejor informado que el Gobierno o haber sido engañado. Pero su actitud política se halla por encima de toda sospecha.

En estos momentos, Euskadiko Ezkerra y el PNV tienen tanto o más interés que el Gobierno en que la reconciliación entre los vascos se produzca y la paz en libertad se instaure en Euskadi. Eso le consta al propio Gobierno de manera específica. Y tanto dicho sector de la izquierda abertzale como el nacionalismo moderado conocen, mucho mejor que UCD, los catastróficos efectos que podría tener para la causa de los autonomistas, y las beneficiosas consecuencias para la estrategia de ETA la reanudación de las condenables prácticas del pasado en la política de orden público. ¿Acaso ignora el Gobierno que buena parte de los apoyos sociales al terrorismo nacieron de la protesta contra la violación de los derechos humanos en el País Vasco, por parte de la policía franquista?

La palabra la tienen los magistrados. Entre tanto, agradeceríamos que los ministros se abstuvieran de tratar de influenciar al poder judicial, dando por resuelta, en sentido negativo, la denuncia del señor Bandrés, con el argumento que los denunciados se han investigado ya a sí mismos y se han encontrado inocentes.

La opinión pública de un país democrático exige información, no frases resonantes. Explicaciones y no arengas.