El paro agrícola se ha duplicado en Sevilla en doce meses
El lunes último continuó lloviendo en Sevilla, y Antonio Cardoso, Pericote, volvió a recorrer inútilmente la vega del Genil a su paso por Ecija, buscando faena y jornal. El viernes hubo más suerte: «Había recorrido ya un montón de fincas con la moto, cuando, ya harto, llegué a una en que nos dijo el manijero (encargado de las fincas), que éramos muchos y que hoy tampoco se puede recoger el algodón. "Pues usted tiene hasta su puro", le dije, "y aquí que no se vaya naide y a coger algodón toos." Y al tío no le quedó más remedio que decir: "Bueno, pues cojan dos sacos."»Pericote, que tiene 43 años, es jornalero desde siempre («Desde que recuerdo»), lo mismo que su abuelo y lu padre. Trabaja tres meses al año (un mes en el algodón, donde saca jornales de dos mil y pico pesetas; otro en la remolacha, que le supone jornales de 1.200 pesetas, y un tercero en la riebusca de garbanzos, caracoles y palodulce, a lo que salga). Completa sus ingresos anuales con el dinero del paro comunitario -dos o tres días a las semana, con jornales de 945 pesetas-, cuando el ayuntamiento tiene fondos. En total, reúne unas 130.000 pesetas al año. En el bar donde le conocimos nos lo presentó un concejal del PSA; alguien bromea con su aspecto físico y Pericote se siente obligado ajustificar su soltería: «Que no, que no, que a más feos que yo los quieren. Digo... ¿cómo voy a mantener parienta con lo que gano?»
Pericote no es ningún líder sindical, no está afiliado a nada, ni representa a nadie. Es sólo un jornalero de Ecija que lo mismo te ayuda a colarte en la finca de la Chacona (venerable anciana de misa y novena que deja que la aceituna se pudra en las ramas de los árboles), que te cuenta las pillerías del oficio: entreverar alguna que otra piedra en el algodón para que los sacos recogidos pesen más y procurar madrugar más que los demás para lograr el trabajo que escasea. Pericote es, simplemente, uno de los 440.000 jornaleros que hay en Andalucía, según datos el Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Sus problemas no difieren demasiado de los del resto dejorrialeros. Según Francisco Casero, secretario general del SOC, en Lebrija, que es considerada una zona buena, un jornalero trabaja por término medio noventa días al año (veinte en la vendimia, treinta en el algodón y cuarenta en la remolacha), mientras que en la Campiña (Los Morales y Utrera) la media se reduce a 75 días (veinticinco en la aceituna de verdeo, treinta en la de molino y veinte en tareas agrícolas diversas).
Cada vez peor
« Lo único que no está parado en Andalucía es la demografía», comentó a EL PAÍS un dirigente de CCOO del campo, al referirse a la crítica situación social que se vive en el campo andaluz. Los pocos jornales que anualmente proporciona el campo son demandados cada día por un mayor número de personas, con lo que, de forma progresiva, el número de jornadas-hombre trabajadas y, consecuentemente, los ingresos disminuyen. El paro agrícola crece de forma alarmante: en agosto del año pasado, según datos de las oficina de empleo, había 10.741 parados agrícolas en Sevilla; doce meses después el paro se situaba en 19.560. Es decir, prácticamente se ha doblado el número de parados agrícolas en Sevilla. Este brutal incremento no es atribuible exclusivamente al crecimiento vegetativo, ni tampoco puede achacarse a la propia Andalucía. Es el resultado de la crisis económica general. Muchos andaluces que abandonaron el campo en la década de los sesenta para emigrar al extranjero u ocuparse en otras actividades (construcción, industria o servicios) han perdido su empleo y han retornado a la tierra. Este fenómeno, junto a la imposibilidad para el campo andaluz de continuar expulsando mano de obra excedente, constituyen el fondo del problema.
A ello habría que añadir otros factores, como la mecanización del campo y la siembre de cultivos que precisan poca mano de obra, que han disminuido la oferta de jornales. Según algunas estimaciones, las pérdidas de puestos de empleo en la agricultura andaluza, entre 1971 y 1980, ascenderán a 138.600 en las cuatro provincias orientales, y a 125.800, en las occidentales. En Extremadura, la pérdida de pues tos se cifra en 80.400.
La sombra de Casas Viejas
La situación de pobreza creciente amenaza ya la subsistencia de muchas familias andaluzas, y la crispación de las gentes empieza a ser generalizada. Marcelino Camacho, secretario general de CCOO, ha advertido hace meses que la situación puede desembocar en episodios del tipo de Casas Viejas (gravísima represión de los campesinos en 1933). Cuando aquellos sucesos, el subsecretario de Gobernación, Carlos Esplá, cometió la torpeza de declarar: «En Casas Viejas no ha pasado más que lo que tenía que pasar.» Hoy, 46 años después, Rafael Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía, ha comentado: «Parece que el Gobierno no va a tomarse en serio Andalucía hasta que haya muertos.»
Y en Andalucía puede haber muertos en cualquier momento. Durante las campañas agrícolas abundan las huelgas de jornaleros, que a veces revisten especial violencia, como el incendio de dos turismos el lunes en El Arahal, y fuera de campaña son frecuentes las ocupaciones de fincas mal explotadas, promovidas por el SOC, o las concentraciones, manifestaciones y huelgas en demanda de fondos para el empleo comunitario. Los enfrentamientos entre jornaleros y Guardia Civil, en estas acciones, han deparado ya algunos heridos en Baena y Fuentepalmeda.
En Andalucía hay una auténtica psicosis de angustia y en muchas zonas se tiene el convencimiento de estar viviendo sobre una bomba de relojería que puede explosionar en cualquier momento si no se desactiva pronto. Frases como «Esto es un polvorín», o «aquí se está larvando otro problema vasco», son harto frecuentes.
El Gobierno, para el presente año, aprobó la concesión de 12.000 millones de pesetas para el empleo comunitario, como forma de aliviar tensiones. Las centrales sindicales, que opinan que este sistema es «un parche» y no la solución al problema del paro, son conscientes, sin embargo, «que, hoy por hoy, no se puede suprimir este tipo de ayuda a los jornaleros», pero exigen -a excepción del SOC- la extensión del seguro de paro a la agricultura. Esta ayuda, que en un principio debía servir para la realización de trabajos de interés comunitario, se destina casi exclusivamente -dada su cortedad- a jornales, ya que no es posible retrotraer ninguna parte de la misma para adquisición de materiales. Los ayuntamientos andaluces, la mayoría en manos de la izquierda, y los sindicatos tratan de administrar y extender al mayor número de parados posible el dinero que les llega del empleo comunitario. Pese a todo, son constantes los encierros de alcaldes y las gestiones en los gobiernos civiles para que se les envíen nuevos fondos.
CCOO, según explicó en Sevilla el dirigente del campo Antonio Romero, ha estimado que para 1980 se necesitarán 23.500 millones de pesetas. para el empleo comunitario. Las estimaciones parten de un giro agrícola medio mensual de 80.000 personas, 69 días hábiles por trimestre y jornal de 1.060 pesetas.
La patronal, que observa con temor el continuo deterioro social junto a sus propiedades, pacta en algunas zonas convenios de empleo, reducción de la utilización de maquinaria agrícola y cupo de hectáreas para cultivos que demanden mano de obra, con los sindicatos, y coincide con CCOO y UGT en la reclamación del seguro de desempleo para los obreros del campo. El SOC, desde una postura más radical, rechaza el seguro de desempleo, «que, produciría la desmovilización de los jornaleros, financiada por todos los españoles, sin que se resuelvan los problemas de fondo».
La preocupación del Gobierno por el tema del campo andaluz y extremeño ha llevado al ministro de Agricultura a presentar un controvertido proyecto de fincas manifiestamente mejorables (del que nos ocuparemos en un próximo capítulo), a acelerar expropiaciones del IRYDA y a advertir seriamente a los terratenientes que deben cultivar desde una perspectiva del interés social, si no quieren que se proceda a la expropiación del uso de sus fincas, así como un sensible aumento de los presupuestos para la actuación del IRYDA e leona, del que una parte importante de las consignaciones -según explicó el delegado de Agricultura de Sevilla- irán destinadas a Andalucía y Extremadura.
Repoblación forestal, regadíos e Industria
Para Antonio Romero, secretario general del campo de CCOO: « La potenciación de la repoblación
El paro agrícola se ha duplicado en Sevilla en dos meses
forestal y la intensificación de obras de regadío podrían absorber a corto plazo la oferta actual de mano de obra, lo que, combinado con la creación de condiciones para la industrialización del campo andaluz (industria de transformación, conservera y otras), podría suponer el asentamiento de algunos miles de puestos de trabajo fijos en la agricultura. De todas formas, pienso que la solución del paro agrícola pasa por una reforma agraria que permita redistribuir la propiedad y el aprovechamiento agrícola de los latifundios. En CCOO», añadió el líder sindical, «creemos que es posible producir en Andalucía no sólo con el criterio del máximo beneficio, sino con el del máximo empleo. Y la conjugación de estos dos factores, junto a una ordenación de cultivos, un aprovechamiento integral de los recursos naturales (caza, monte, pasto, rastrojo), el fomento de la ganadería y las medidas ya mencionadas de industrialización y extensión de riegos, permitirían generar riqueza y empleo para cambiar las formas de vida en nuestra tierra.»Las posturas de UGT, según explicó el responsable de la Federación de los Trabajadores de la Tierra en Sevilla, Julián Chías, coinciden en líneas maestras con las expresadas por CCOO. Las del Sindicato de Obreros del Campo, sin embargo, difieren ostensiblemente en algunos puntos: oposición a la mecanización del campo «por el gran capital», a la extensión del seguro de desempleo y al empleo comunitario (el SOC exige la creación de un fondo de empleo rural que cree puestos de trabajo permanentes).
Ignacio Vázquez, que reúne en su persona dos condiciones aparentemente contradictorias: la de latifundista y destacado militante del PCE, afirma tajantemente que el paro no es agrario, sino que es derivado de la crisis económica general, y que el campo es totalmente imposible que absorba el desempleo. Pese a mostrarse partidario de recurrir a los cultivos de interés social como medida para paliar la grave situación de paro, Ignacio Vázquez está convencido de que «mientras no se cambie el modo de producción, una reforma agraria no cambia nada».
Javier López de la Puerta, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga), patronal en la que están integrados los mayores propietarios de tierras, entiende que hay dos temas relacionados pero diferenciados. Los problemas de los agricultores («necesidad de actualizar con proyección clara de futuro la política agraria, teniendo en cuenta las circunstancias condicionantes, como la adhesión a la CEE»; poner fin a la infrautilización de los recursos hidráulicos, y formulación de una ley de financiación agraria), y la del sector laboral agrario. Con respecto a éste, el presidente de la Asaga coincide con Ignacio Vázquez en que el desempleo no es exclusivamente agrario, es partidario de la extensión del seguro de desempleo y manifestó a EL PAÍS el deseo que tienen los empresarios agrarios de colaborar con la Administración para paliar la situación de paro.
