El programa económico del Gobierno intenta mantener el nivel de empleo

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El programa, en su tercera parte, anuncia las líneas básicas de actuación que va a seguir el Gobierno en los diferentes órdenes de la vida económica, acciones sobre las que ya ha centrado su atención y en determinados aspectos -Plan Energético Nacional y Estatuto del Trabajador- ha dado o está en la línea de dar soluciones. En palabras de Abril Martorell, «el desempleo es el primer problema de este país». La tasa actual de desempleo la cifra el programa en el 9%, paro que se agrava con las expectativas de una población activa que se incrementa y que crecerá hasta medidados de los años ochenta, para luego, según las previsiones, descender paulatinamente.

Algunas de las acciones específicas que va a acometer el Gobierno en el teina del desempleo son el incremento progresivo de las tasas de escolarización para los jóvenes entre catorce y dieciséis años; el establecimiento de la jubilación obligatoria a los 69 años; un programa de ayudas a la jubilación anticipada de determinados colectivos de trabajadores mayores de sesenta años que soliciten el retiro (en determinadas empresas); dotación de 10.000 millones de pesetas anuales para la creación de puestos (de trabajo y la aplicación durante el presente año de fondos de empleo comunitario hasta un límite de 12.000 millones en las regiones de mayor desempleo agrícola.

El Gobierno adoptará, según el programa, las medidas necesarias para la «rápida discusión y aprobación de la ley Básica de Empleo» (que, entre otras novedades, aporta que la duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de ocupación cotizados al seguro, de desempleo), y la aportación a cargo del Estado del 40% de la financiación del seguro de desempleo.

Industria y financiación

En materia de sectores industriales en crisis, el programa gubernamental reafirma una «ineludible reasignación de recursos» y la necesidad de que en su reconversión esté presente la «intervención y el apoyo de la Administración». Esta intervención estará dirigida a conseguir «un saneamiento financiero y mayores tasas de competitividad y productividad».

Para el sector siderúrgico, el programa apunta tres tipos de actuaciones: inversión en nuevos procesos de producción, inversiones para corregir los desequilibrios productivos y adecuación realista del empleo. La siderurgia española, por último, habrá de evolucionar hacia productos de mayor valor añadido.

Para la construcción naval -grandes astilleros-, las actuaciones serán: ajustar el volumen de producción de la demanda previsible, incrementar la competitividad de la construcción naval y abordar nuevas actividades y potenciar las conexas a la construcción naval en un proceso de diversificación.

En el campo de la financiación de los procesos de inversión, el programa considera necesario para el futuro concentrar la atención en tres áreas principales: la regulación de las instituciones financieras, la reffirma del mercado de valores y el apoyo fiscal a la inversión.

La regulación de las Instituciones financieras se realizará: con una mayor competencia entre las entidades; la reducción de los costes financieros que actualmente inciden sobre las empresas para actuar sobre los costes de intermediación; la vigilancia del cumplimiento de todas las normas que regulan las operaciones activas y pasivas de las instituciones de depósito; la suspensión con carácter temporal (durante seis meses) de la reducción prevista en el coeficiente de inversión de la banca privada (a partir del 1 de marzo contintiará el proceso de reducción del coeficiente de inversión a un ritmo de 0:10 puntos cada dos meses); la liberalización en el ámbito de las entidades financieras distintas de la banca; la financiación a costes adecuados por parte del crédito oficial del necesario proceso de reconversión industrial; y el desarroilo de nuevos instrumentos que potencien el mercado hipotecario.

Por lo que respectá al mercado de valores, el Gobierno se propone la reforma del reglamento de las Bolsas de Comercio; el perfeccionamiento del sistema de liquidaciones y compensación; el fomento de las actividades de intermediación en el mercado de renta fija, y la regulación de las operaciones a plazo.

En cuanto al apoyo fiscal a la inversión, el Gobierno espera ampliar en el proyecto de ley de Presupuestos para 1980 los límites de deducción de la cuota en el impuesto sobre la renta; utilizar periódicamente la técnica de la regularización de balances y de revalorización de activos de las personas físicas; la aplicación al máximo (del 15 al 25% en los casos de programas de inversión vinculados a empleo) del incentivo fiscal contemplado en la ley de Impuesto de Sociedades, y la presentación al Congreso de un proyecto de ley sobre Régimen de las Instituciones de Inversión Colectiva.

Política comercial y arancelaria

Las actuaciones gubernamentales en el sector exterior, en la política comercial y arancelaria se dirigirán hacia la integración en la CEE, la liberalización de importaciones y el fomento de la exportación.

En el ámbito de la política de importación se propone la eliminación del comercio de Estado en el plazo de dos años; establecimiento de medidas de salvaguardia para productos sensibles; simplificlación de los trámites administrativos y adaptación progresiva del arancel español a la tarifa de la CEE.

Las líneas de actuación en el control de cambios, dentro del marco de política de exportación, se rigen por el desarrollo de los principios de liberalización de las transacciones invisibles; mayor margen de inversión extranjera directa que contribuya a la creación de puestos de trabajo, y liberalización, de hecho, de aquellas inversiones españolas directas en el extranjero que por su cuantía, sector económico o características «se corisideren de interés para la economía nacional». En materia de tipos de cambio, el «Gobierno continuará con una política tendente a asegurar que la cotización de la peseta se ajuste en todo momento a las tendencias generales del mercado, dentro del régimen de libre flotación y evitando oscilaciones bruscas y artificiales en las cotizaciones».

Sector público

Para el futuro comportamiento del sector público, el Gobierno tiene previsto continuar y culminar el proceso de reforma tributaria, para lo cual desarrollará el cuadro de la imposición directa y adaptará la imposición indirecta con la introducción gradual del impuesto sobre el valor añadido. En cuanto a la potenciacíón de los medios administrativos, el Gobierno tiene previsto, entre otros obíetivos, simplificar el procedimiento tributario.

Por lo que respecta al gasto público, el Gobierno se compromete a mantener su incremento corriente en términos nominales por debajo del crecimiento del producto nacional bruto. En el capítulo de inversiones en el subsector del Estado, los criterios a seguir serán la elección de inversiones de carácter productivo que ocupen un porcentaje importante de mano de obra y se concreten en las zonas con más desempleo del país.

El control y eficacia del gasto público contará con la introducción gradual del «presupuesto base cero» y la creación de oficinas presupuestarias en cada departamento ministerial. Asimismo, se prevé una nueva ley del Tribunal de Cuentas, así como la formulación de un plan de contabilidad pública que comprenderá la contabilidad patrimonial, la de gestión y la analítica.

El Gobierno, en el programa, define «objetivo prioritario» la reducción relativa de los costes de personal y el aumento de la productividad del mismo, por lo que favorecerá la movilidad de personal y una política realista de retribuciones.

De acuerdo con el proceso de liberalización del sistema financiero en curso, las emisiones de deuda pública se realizarán en las condiciones de mercado vigentes en cada momento, tanto por lo que se refiere al tipo de interés como a los plazos de amortización.

Seguridad Social

Los gastos presupuestados para la Seguridad Social en 1976 ascienden a 1,6 billones de pesetas, lo que representa el 12,5% del PIB, frente a un 8% en 1975. La aportación del Estado se eleva a 150.000 millones, frente a los 30.000 de 1977, por lo que absorbe las dos terceras partes del aumento de la presión fiscal que ha tenido lugar en los dos últimos años. No obstante el incremento, existe un déficit que «podría alcanzar los 100.000 millones de pesetas ».

El Gobierno, para impedir que el déficit se incremente, actualizará anualmente las bases mínimas y máximas de cotización en función del índice de precios de consumo, propiciará la cotización progresiva sobre salarios reales y mantendrá invariable el tipo de gravamen actual (14%) sobre el importe abonado en conceptos de horas extraordinarias.

La participación estatal en la financiación del subsidio de desempleo quedará fijada en el 40% y la del presupuesto inicial de gastos de la Seguridad Social de 1983 en el 17,5 % (el 20 % en 1984). Las prestaciones redistributivas y asistenciales de la Seguridad Social deberán ser financiadas en su integridad por la vía de cotizaciones y por la aportación estatal citada.

Para la empresa pública, por último, el programa señala que en el futuro su creación deberá hacerse mediante ley aprobada en Cortes, podrá acudir a las subvenciones oficiales con carácter excepcional y se ajustará en sus relaciones con terceros al principio de equiparación con las empresas privadas, de forma que se eviten situaciones discriminatorias.