La economía de mercado, guía de la estrategia gubernamental

En la segunda parte de su programa económico, el Gobierno presentó ayer toda una filosofía o estrategia de actuación económica que, sin tapujos, persigue la instalación en nuestro país de una estructura económica basada en las líneas más puras de la economía de mercado. Bajo esta filosofía general, el Gobierno trata de justificar una serie de medidas de actuación que persiguen la «remodelación de unas estructuras económicas» rígidas heredadas del régimen anterior y su simultánea adaptación a la nueva situación de la economía mundial, que se basa en el concepto de una energía escasa y cara«El encarecimiento de la energía», dice el documento gubernamental, «se ha desarrollado de una forma demasiado rápida para que puedan ser fácilmente asumidas sus consecuencias. Nos encontramos, en definitiva, ante un período difícil en que la conjunción de varias circunstancias de ámbito internacional imponen transformaciones importantes y dificiles en los esquemas productivos ya consolidados».

Este curarse en salud del Gobierno ante la situación internacional de crisis en las economías avanzadas induce a los responsables del plan económico a pensar que éste ni puede ser muy detallado ni debe ser rígido en cuanto a objetivos y medidas. Y de ahí se parte a la base filosófica de la estrategia gubernamental económica: la flexibilidad y la adaptación.

«El Gobierno está convencido de que el reto que nos plantea el período que estamos viviendo sólo podrá ser superado con éxito por una economía que registre altos grados de flexibilidad y adaptación a unas circunstancias rápidamente cambiantes (...) Por ello es criterio básico del Gobierno tratar de aumentar el juego de los mecanismos del mercado.»

En este contexto, y tras explicar que en España no se dan las condiciones objetivas que, en años anteriores y mediante un sistema rígido, permitía altos índices de crecimiento, la estrategia supone que para hacer frente a la crisis no hay más remedio que estimular el crecimiento y recurrir a un mayor grado de solidaridad entre todas las capas sociales con mayor responsabilidad en aquellas que están más cerca del campo de decisiones.

Para el Gobierno, la solución a medio plazo está en la adaptación de las estructuras económicas rígidas del franquismo, incapaces para hacer frente a la situación cambiante internacional, a otras de claro corte occidental. Pero «una economía de mercado», dice el programa en esta segunda parte, «sólo puede responder con eficacia a los estímulos, posibilidades y retos del contexto mundial en el que funciona si el empresario tiene posibilidades de actuar como tal, organizando la estructura de la producción y la combinación de los factores productivos de acuerdo con las exigencias del mercado».

Para hacer factible esta situación óptima, el Gobierno señala la necesidad de reformar el marco de relaciones laborales, que «es herencia de unas circunstancias políticas y económicas muy distintas a las actuales. De esta adaptación (...) no puede derivarse sino un mayor ritmo de creación de puestos de trabajo».

Simultáneamente, y con el fin de mantener intactas las conquistas ya alcanzadas por los trabajadores, el planteamiento filosófico gubernamental expresa la necesidad de una serie de acciones específicas en favor del empleo y para protección de las situaciones de desempleo.

En este punto, la estrategia incide en la necesidad de crecimiento de la economía española, que, en cualquier caso, puede ser tan sólo ligeramente superior a la de sus hermanas occidentales. «Conseguida una economía más flexible mediante la aprobación del nuevo marco de relaciones industriales, y despejado el horizonte energético, será preciso además asegurar el crecimiento potencial de nuestra economía, que no vuelvan a surgir desequilibrios en la misma, tanto en términos de inflación como balanza de pagos.»

En este sentido, el Gobierno se muestra partidario de una política estricta de demanda que se base en: 1) una política monetaria en la que «la expansión de las magnitudes monetarias básicas baste para atender sin excesos las tasas de crecimiento previstas para el producto real y los precios», y 2) una política de ingresos y gastos públicos coordinada con la anterior, «que no genere déficit superiores a los que puedan financiarse sin poner en peligro los objetivos monetarios y sin presionar en exceso las posibilidades de financiación».

«En definitiva, el objetivo básico de la política económica durante los próximos tres años ha de ser necesariamente el de conseguir que la economía crezca equilibradamente al máximo de sus posibllidades, creándose así los puestos de trabajo que permitan reducir los actuales niveles de desempleo.»

Pero como no basta paliar los efectos de la crisis, la estrategia gubernamental intentará asegurar «el crecimiento de la economía mediante una política de fomento de la inversión privada, a la que se le ofrecerán todos los incentivos que estén al alcance del Gobierno, la mejora de los canales de financiación y el mantenimiento del equilibrio del sector exterior».