Campesinos del Bajo Guadalquivir encierran en una iglesia a tres alcaldes de la zona

El Gobierno Civil de Sevilla investigará y sancionará a los arroceros que han utilizado herbicidas prohibidos por la ley causando graves daños a los campesinos de la zona del Bajo Guadalquivir, y el Ministerio de Agricultura estudiará con los afectados la cuantía de las posibles indemnizaciones. Así se acordó en una reunión mantenida ayer por los colonos y las autoridades provinciales, después de que aquéllos retuviesen durante varias horas en la iglesia del poblado de El Pinzón a tres alcaldes de la zona, dos diputados provinciales y al delegado provincial de Agricultura.Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando los campesinos del lugar, ubicado en el término municipal de Utrera, acompañados de sus familiares, «secuestraron» a los alcaldes de la propia Utrera, Lebrija y Los Palacios, todos ellos pertenecientes a partidos de izquierda y que habían acudido a interesarse por la problemática planteada. Lo mismo ocurrió con los miembros de la Diputación Provincial, Felipe García (PSOE) y Antonio Soriano (PTE), el delegado de Agricultura, Félix Moreno, y varios técnicos del mismo departamento. La retención tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de las Marismas, que fue rodeada por fuerzas de la Guardia Civil, sin que se produjesen incidentes en ningún momento.

El origen de este conflicto radica en el uso, por parte de algunos agricultores arroceros, del herbicida hormonal 2-4D, muy eficaz en el tratamiento del arroz, pero extraordinariamente perjudicial para los cultivos de algodón y melones de las fincas colindantes. La Delegación de Agricultura ha informado de que se instruye los oportunos expedientes para sancionar a los culpables, ya que el empleo del citado herbicida fue prohibido en abril último.

Los alcaldes y diputados encerrados, de los que una fuente oficial comentó a EL PAIS no saber «hasta qué punto su reclusión era voluntaria o involuntaria», firmaron un comunicado solidarizándose con las familias campesinas afectadas por el problema y pidiendo que la Administración se encargue de indemnizarles y ejecute directamente en el futuro, a través de la Jefatura de Plagas, el tratamiento de los arrozales para evitar la repetición de estos hechos.-Finalmente, una representación de los damnificados logró ayer en el Gobierno Civil concretar la reunión, a celebrar en Sevilla mañana o el viernes, con el director general de la Producción Agraria para determinar los daños registrados y gestionar la posibilidad de que las indemnizaciones sean adelantadas a su tramitación normal, a fin de que los campesinos no se vean conducidos a la ruina. El gobernador, Luis Fernández, ha expresado su condena del «secuestro» y su firme decisión de emplear otros métodos si se repitiesen estos sucesos, aunque ha manifestado también su comprensión hacia la actitud de los agricultores.