Precios: el susto de Abril, en julio

EL GOBIERNO parecía dispuesto a darnos un susto con el precio de la gasolina y lo que ha conseguido es dejar noqueada a la opinión pública, derramando sobre el país una cascada de subidas generalizadas -y generadoras, a su vez, de posteriores aumentos de precio de otros productos y servicios-, no sólo de la energía derivada de los crudos de petróleo, sino de fletes, tarifas aéreas y ferroviarias y hasta telefónicas. Todo ello como pórtico a inminentes subidas de las tarifas eléctricas y del peaje de las autopistas. Excelente comienzo para las vacaciones estivales y magnífico colofón para la economía doméstica recién castigada por la declaración sobre la renta. Todo un tratamiento de shock no suficientemente explicado por el señor Abril Martorell, al que, en el mejor de los casos, le ha faltado suministrar los cálculos del Gobierno sobre la tasa de inflación con que piensa finalizar el año.Por lo que respecta a las subidas de los derivados del petróleo, baste decir que el Gobierno no sólo reparte los mayores precios establecidos por los países de la OPEP, sino que además aumenta la fiscalidad, es decir, los impuestos recaudados. Este periódico ha proclamado repetidamente la necesidad de aceptar la nueva situación energética y, en consécuencia, las alzas de precios que viniese reflejando el mercado. Pero sin que esto sirviese de pretexto para remendar otros descosidos. Si nuestros cálculos no son demasiado disparatados, nos encontramos con que en el primer trimestre del año la tonelada de petróleo importada ha costado, como media, 7.754 pesetas (impuesto un precio de 14,59 dólares/barril y un tipo de cambio de 69,03 pesetas-dólar) y para la segunda parte del año su coste sería de 10.664 pesetas (con un barril a veintiún dólares y al tipo de cambio actual de 66,07 pesetas-dólar). Si estos precios los comparamos con lo que costaba una tonelada de gasolina al consumidoir (37.000 pesetas hasta hoy) y lo que vale ahora (46.000), nos encontramos con que la fiscalidad por litro ha subido en seis pesetas. O sea, que quien ha desembarcado en Tarifa no son los árabes, sino la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, capitaneada por don Femando Abril.

Naturalmente, el Gobierno tiene sus razones para cargar la mano en la gasolina, como también las tiene para hacerlo con los gasóleos tipo C para calefacciones, donde los aumentos son desde 6,50 a doce pesetas: prácticamente un 100 %. Una parte de esas razones es que se trata de productos de consumo cuyo destino final no es teóricamente repercutible en precios. El consumidor paga y calla y luego negocia el convenio. La contrapartida en esos incrementos es la más moderada del fuel-oil, cuya elevación sólo es de un 10%. De éste modo, se debe estar pensando en no encarecer proporcionalmente los costes industriales de quienes, como las fábricas de cemento, utilizan directamente el fuel. Pero el fuel constituye el grueso de nuestro consumo de derivados de petróleo, y una de las maneras más eficaces para desanimar su importación y proceder a su sustitución por otras fuentes de energía es permitir que las alzas de costes repercutan en su precio, lo que permitiría rápidamente acabar con las subvenciones al carbón nacional e iniciar una mayor actividad importadora de carbón polaco, o surafricano, o colombiano.

La estrategia seguida ha consistido en encarecer por encima de donde señala el mercado los precios de los productos finales de consumo y continuar subvencionando los derivados del petróleo utilizados por la industria. Y como superpuesto a este razonamiento aparece el de conseguir recursos impositivos adicionales para un sector público que está resultando más pródigo que lo inicialmente. previsto al comenzar el año. Se aprovecha la elevación de los crudos en origen para aumentar la fiscalidad, ya qUe si el encarecimiento calculado -siempre con arreglo a nuestros números- de la tonelada importada es de 2.910 pesetas, el aumento de la tonelada de productos derivados del petróleo para las industrias o los consumidores es de unas 3.500 pesetas. El Estado recaudará aproximadamente entre 70.000 y 80.000 millones de pesetas más, como resultado del alza de la fiscalidad de los productos derivados del petróleo, de los que la mitad corresponden a la gasolina, y de este modo compensa parcialmente los mayores déficit del sector público.

Los organismos internacionales han calculado que un alza de un 10% en los precios del petróleo se traduce en una elevación directa del 1 % en el alza del coste de la vida, mientras la repercusión de los efectos indirectos puede estimarse en otro medio punto. Las autoridades españolas han debido calcular meticulosamente los efectos totales de las alzas acordadas sobre los precios interiores; pero, sin ser demasiado pesimistas, es de temer que la repercusión global sea, por lo menos, de unos dos o tres puntos entre julio y finales de año. Quizá hubiera podido elegirse una línea más moderada, renunciando a cualquier elevación adicional de la fiscalidad y continuando con la política antiinflacionista seguida desde el verano de 1977.

Pero el Gobierno, después de reconocer hace unos días que el índice de alza de precios en mayo había supuesto una buena alarma, se lía la manta de los precios a la cabeza y nos dirige hacia unos horizontes tenebrosos, poblados por la sombra de la inflación y de una menor actividad productiva, una Mienor demanda y una menor producción, reduciéndose, por supuesto, las expectativas de nuevos puestos de trabajo. Esto era inevitable de alguna manera, por los mayores precios del petróleo, pero lo que una política económica cuidadosa debe hacer es no acentuar lás dificultades e introducir más desestabilización, y con lo que una política de ahorro energético tiene que enfrentarse es con la sustitución del petróleo convertido en fuel por carbón o energía eléctrica.

La prisa es mala consejera y los apresuramientos del fin de semana nos han llevado a una auténtica ruptura en la lucha contra la inflación, sin afrontar nada serio, por el momento, a la hora de sustituir el petróleo por otras fuentes de energía.