Seis años de dictadura militar en Uruguay

Hoy se cumplen seis años del origen del desmantelamiento de la democracia uruguaya, con la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973. Hasta 1968, Uruguay era la democracia más estable del continente americano. Hoy es una dictadura militar de corte fascista, sin libertades democráticas, ni derechos políticos, sindicales o civiles, miles de presos políticos -el mayor índice mundial- y la represión como práctica política casi única por parte del poder. Más de 60.000 personas han sufrido torturas, según reconocía Amnesty Internacional recientemente, uno de cada cincuenta uruguayos ha sido detenido y uno de cada 450 está preso. Una cifra superior al medio millón configura el número de emigrantes desde que la dictadura se instaló en el poder.El panorama interior es desolador. La Administración se halla militarizada. En un país pequeño, con 2.700.000 habitantes aproximadamente, que ha crecido a uno de los ritmos más bajos del mundo desde 1973, hay más de 100.000 personas empleadas en el Ejército, la policía o las fuerzas de seguridad. Gran parte del presupuesto nacional -exiguo desde que el mercado mundial hiciera descender los precios de las materias primas, la carne, la lana y el cuero, base de exportación y de la economía uruguayas- se destina a menesteres militares o represivos y la tasa de inflación se sitúa alrededor del 43%. De cada cien uruguayos, trece se hallan en paro, según reconocen las autoridades, y el paro encubierto dobla con creces este índice. Desde 1973, el salario real ha descendido en más del 50% y la deuda exterior uruguaya pasó de 730 millones de dólares en 1971 a 1.700 millones de dólares en 1978.

En la cúspide del poder se hallan las fuerzas armadas, con profundas contradicciones y la prohibición de permanecer en el generalato más de ocho años. Su actual comandante en jefe, Luis V. Queirolo, con varios años de generalato por delante, ha sucedido al también general Gregorio Alvarez, autor de un proyecto de «democratización», con elecciones a realizar en 1981. El plan consiste en un plebiscito restringido, con un candidato único, que ha de ser aceptado -si no propuesto- por las autoridades militares. El voto será obligatorio para todos los uruguayos.

En estas condiciones, con el régimen cada vez más aislado internacionalmente, con la actividad de los partidos tradicionales -Blanco y Colorado-, también prohibida, aunque, por etapas, más o menos tolerada, y con los partidos de izquierda absolutamente vetados, pero hoy en plena recomposición desde la clandestinidad. Como la actividad sindical, la actividad política se ha desenvuelto paulatinamente en los últimos meses. Todos los partidos políticos y la Convención Nacional de Trabajadores han suscrito una campaña por la amnistía general irrestricta. Hoy, la oposición ratifica un programa común que exige además la vigencía plena de los derechos humanos, la libertad de todos los presos políticos, la reaparición de todos los desaparecidos, la anulación de los decretos discrecionales que el poder emite arbitrariamente, el retorno de los exiliados y el restablecimiento de todos los derechos y libertades.