¿Generalidad provisional o provisionalidad generalizada?

LAS ELECCIONES municipales han sido la primera materialización del proyecto reformista de modificar sustancialmente la localización y el ejercicio de los poderes reales de decisión y administración, a fin de permitir el acceso a su ejercicio directo a las; fuerzas políticas y sociales mantenidas al margen de cualquier responsabilidad pública durante varias décadas. El primer y dilatado tramo de la transformación democrática de las instituciones se especializó de manera casi exclusiva en garantizar las libertades ciudadanas, en legalizar la reagrupación de las formaciones partidistas y sindicales y en devolver a la sociedad el derecho de elegir a sus gobernantes mediante el sufragio. Los comicios locales del 3 de abril, después de la victoria en las elecciones generales del partido del Gobierno, mostraron que la izquierda puede conquistar en nuestro país parcelas de poder sin que nadie rompa la baraja, pero también que la aceptación de esa realidad, como algo distinto de una posibilidad abstracta, todavía no es acogida con la suficiente naturalidad por un poder ejecutivo demasiado acostumbrado por la inercia a contemplar el Estado y la Administración Local como un todo continuo.Es un tópico señalar que del dicho al hecho hay un trecho. No es lo mismo que la mayoría admita teóricamente el derecho de la minoría a sustituirle en el ejercicio del poder y que esa subversión se produzca efectivamente. Sólo a lo largo de ese proceso de aceptación de que el juego democrático implica de verdad, y no sólo en las promesas y en las palabras, límites al poder, difusión de la autoridad y alternancia en el manejo de la cosa pública, el Gobierno y su partido mostrarán la profundidad y el alcance de su compromiso con un sistema pluralista y representativo.

El control por los socialistas, los nacionalistas y los comunistas de la mayoría de las grandes ciudades del país ha sido el primer desafío real que UCD ha arrostrado en este terreno. Y digamos en su honor que las malas caras, los refunfuños y las salidas de pie de banco de algunos de sus candidatos derrotados o de sus portavoces no han pasado a mayores. Pero tal vez la pérdida de numerosos e importantes municipios no representa la prueba más dura con que se va a enfrentar la capacidad de digestión y asimilación de UCD. Posiblemente sea el establecimiento de verdaderas instituciones de autogobierno en Cataluña y el País Vasco el auténtico punto de no retorno a partir del cual podremos estar seguros de que la reforma política del señor Suárez no ha consistido en un simple cambio formal para asegurar el monopolio del poder a quienes lo han disfrutado sin solución de continuidad desde hace tres generaciones.

La manifestación del domingo en Barcelona para exigir la aprobación del Estatuto de Autonomía elaborado por la Asamblea de Parlamentarios catalanes en la anterior legislatura indica bien a las claras que la política española ha pasado la etapa de la adolescencia y ha entrado en plena madurez. A los niños o a los jóvenes se les puede contentar con promesas cuyo cumplimiento se demora con mil pretextos. Pero los adultos no se dejan engañar con palabras ni admiten aplazamientos. No hay ninguna razón para que el Gobierno y su grupo parlamentario continúen afilando el lápiz y colocando el pupitre en orden para no hacer las tareas. Han pasado casi dos meses desde que UCD ganara las elecciones, y casi un mes desde la investidura del señor Suárez. Hasta ahora, lo único que podemos anotar en su labor es el parco comienzo del reparto de globos entre los segundos. Ahora bien, sería destructivo para el Gobierno, y suicida para las instituciones democráticas, que de aquí al verano el partido del poder no apretara a fondo el acelerador para dar respuesta a cuestiones ya planteadas, como los Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco, o para sentar las bases de una política coherente y eficiente frente a la crisis económica y los problemas internacionales. No hay razón alguna para la demora. Euskadi es un polvorín con la mecha encendida. Cataluña, que tan ejemplares lecciones de seny y de espíritu democrático ha dado a lo largo de los últimos tres años, tampoco puede ser condenada a ese «vuelva usted mañana» que los covachuelistas «madrileños» han prodigado desde los tiempos de Larra. Entre otras cosas, porque los catalanes no tienen en su código genético la virtud de la paciencia, simple producto histórico, y, por tanto, reversible, de su madurez política.

Nada hay, peor en política que la obcecación en una fórmula por el simple hecho de que una vez dio resultado. El pragmatismo del señor Suárez y el viejísimo oficio político del honorable Tarradellas convergieron, en julio de 1977, para lograr una de las más audaces soluciones de la etapa de transición para uno de sus más delicados problemas. Pero la fórmula está ya gastada. La hostilidad desplegada por los cientos de miles de manifestantes del domingo en Barcelona hacia el imaginativo invento de la Generalidad Provisional, si bien no priva de mérito a sus artífices en el pasado, debe hacer recapacitar seriamente, tanto al señor Suárez como al honorable Tarradellas, sobre el mínimo futuro de lo que comenzó como estampa casi épica, pero puede convertirse en lamentable farsa. El sentido de la responsabilidad obliga al Gobierno a abandonar cualquier intento de maniobrar con las ambiciones invernales de Tarradellas, quien merece, por su biografía personal y por su talento de hombre público, algo más digno que el destino patético de quienes se empeñan en remedar gestos que en su día fueron veraces, pero que el desgaste del tiempo convierte en muecas.