La comisión de urbanismo de Barcelona será regulada por ley

La estructura de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona, que el Gobierno había regulado por decreto-ley, será tramitada en las Cortes como proyecto de ley, según la decisión tomada ayer por el Pleno del Congreso de los Diputados, con la abstención de UCD. Aunque el decreto-ley fue convalidado por la Cámara, varios grupos propusieron su transformación en ley, con objeto de modificar la disposición final segunda, que faculta al Gobierno para introducir cambios, por simple decreto, en la composición de la Comisión.

El primero en solicitar la tramitación como ley fue el representante de Convergencia i Unió, Miguel Roca, quien afirmó que, al menos, el posible decreto gubernamental a que hacía referencia la disposición citada debía ser precedido por una consulta a la Generalidad de Cataluña, como en principio estaba previsto. Por Socialistas de Cataluña, Eduardo Martín Toval insistió en las mismas razones que el señor Roca, e igual hizo Jordi Solé Tura, en nombre del Grupo Comunista. Antonio de Senillosa, representante de Coalición Democrática, mostró, en cambio, su acuerdo Jesús Sancho Rof, ministro de Obras Públicas y Urbanismo, que también se estrenaba como tal, ofreció dictar un nuevo decreto por el que el Gobierno se comprometería a consultar a la Generalidad opción que fue rechazada.El decreto fue convalidado con la abstención de estos grupos y, a continuación, el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, sometió a votación la tramitación como ley, a pesar de la oposición del nuevo portavoz de UCD, Antonio Jiménez Blanco, que consideraba no procedente la tramitación. El grupo del Gobierno, tras el enfrentamiento de criterios de los senores Lavilla y Jiménez Blanco, acabó por abstenerse.

Al final de la sesión se aprobó, por asentimiento de la Cámara, que las comisiones Constituciong de Reglamento y de Presupuestos se constituyan provisionalmente en base al número de diputados que tiene cada formación política y no según los grupos parlamentarios, la mayoría de los cuales están aún por constituir. Este fue el criterio aplicado, antes de la investidura del presidente del Gobierno, para la constitución de la Comisión de Incompatibilidades, por disposición de la presidencia del Congreso. Por este procedimiento se constituirá también la comisión mixta que debe elaborar las normas para el debate de los proyectos de estatuto de autonomía, lo que puede suponer una aceleración de este proceso.