El debate político sobre el nuevo Gobierno se convirtió en una discusión técnico-jurídica

Un debate técnico-jurídico entre tres destacados padres de la Constitución -el centrista y hoy ministro José Pedro Pérez-Llorca, de una parte, el socialista Gregorio Peces-Barba y el comunista Jordi Solé Tura, de otra- fue el desenlace de la petición socialista para que el Gobierno explicara a la Cámara su composición, el programa de los distintos ministerios y la base legal de la reforma administrativa realizada. El ministro de la Presidencia, señor Pérez-Llorca, representó el papel más difícil de la sesión, sin lograr convencer a sus oponentes, quienes insistieron en la falta de legalidad y de constitucionalidad de la reforma administrativa, sobre todo en lo que se refiere a la creación de nuevos departamentos.Los intentos socialistas por discutir los programas de cada uno de los departamentos del nuevo Gobierno no encontraron satisfacción. La reunión celebrada ayer por la Mesa del Congreso con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria dio como resultado, después de incesantes discusiones, que se prolongaron desde las doce de la mañana hasta pasadas las cuatro de la tarde, una propuesta de orden del día que formuló el presidente del Congreso al Pleno de la Cámara y que fue aceptada por ésta, por asentimiento.

El primer punto del nuevo orden del día fue la presentación del Gobierno, que hizo su presidente, y la declaración sobre la reestructuración orgánica de la Administración del Estado. El señor Pérez-Llorca defendió la fundamentación legal de la reforma administrativa, así como su oportunidad política.

Intentó desmontar uno a uno los razonamientos esgrimidos en los pasados días por el PSOE. Defendió que el decreto de 5 de abril último tiene base legal suficiente en el decreto-ley de octubre de 1976 para realizar la reestructuración de la Administración central. En cambio, no aceptó que el artículo tercero de la ley de régimen jurídico de la Administración Civil del Estado, norma que estimó muy rígida y contraria a la necesaria flexibilidad del ejecutivo, impidiera la citada reforma. Recordó que ya el 4 de julio de 1977 el Gobierno realizó una reestructuración más fuerte que la actual y que no fue contestada por los partidos de la oposición.

En definitiva, el señor Pérez-Llorca defendió que el decreto-ley de octubre de 1976 deslegalizó la reforma administrativa, acercándonos a los sistemas que imperan en otros países con regímenes parlamentarios en los que no es precisa una ley para reformar el Gobierno.

No estimó aplicables al caso diversos artículos de la Constitución, tales como el 98, 103 y 86. Este último, que restringe el campo de aplicación del decreto-ley, llevaría a resultados absurdos, según el señor Pérez-Llorca, ya que, por ejemplo, todos los regímenes preautonómicos han sido establecidos por decreto-ley.

Recordó que, en todo caso, está abierta la vía de la jurisdicción contencioso- administrativa para oponerse a las normas, mientras que la inconstitucionalidad sólo será alegable ante el Tribunal Constitucional, único guardián legítimo de la Constitución. En este sentido, anunció que una de las primeras leyes que remitirá el Gobierno al Congreso será la del Tribunal Constitucional.

El señor Pérez Llorca terminó su intervención señalando que el juego parlamentario debe parecerse más al criket que a una corrida de toros. Justificó el símil en que en el criket existe un árbitro y no se producen espontáneos como en las corridas de toros. La alusión iba dirigida a los socialistas, por haberse atribuido el papel de guardianes de la Constitución. El símil fue recogido por el siguiente interviniente en el debate, el comunista Jordi Solé Tura, quien manifestó, aun cuando no se consideraba experto en el deporte citado, que el criket se juega con mazas. El diputado comunista señaló si sería esa la significación de la figura empleada.

El señor Solé Tura señaló que no pudo producirse oposición al decreto de 4 de julio de 1977 porque no existía una norma superior que hubiera derogado el decreto-ley en el que se fundamentaba, al igual que la reciente reforma administrativa: la Constitución. Declaró que la disposición derogatoria de ésta se refiere a todas las normas que se opongan a lo establecido en la Constitución, cuyo artículo 98 exige la ley para la reforma de la estructura del Gobierno.

Debate a regañadientes

El socialista Gregorio Peces Barba manifestó que el Gobierno había aceptado el debate a regañadientes; ante el escándalo producido en la prensa, pero que, en todo caso, no había aceptado el debate sobre los programas de los distintos ministerios.

«Nosotros queríamos que el Gobierno se presentara para saber qué hacen sentados en el banco azul una serie de señores, así como para que la Cámara conociera la posición de los señores ministros sobre sus respectivos departamentos», dijo. Añadió que puesto que el Gobierno sólo aceptaba el debate en relación a la reforma administrativa, los socialistas se centrarían en esta sesión sobre ese tema, sin aceptar que el Gobierno realizara «una faena de aliño e intentara despacharnos de un bajonazo».

Descalificó el procedimiento del señor Pérez Llorca al intentar desvalorizar los argumentos de sus contrincantes dialécticos y negó que se haya producido una deslegalización de la reforma administrativa, a la luz de la Constitución y de la legislación vigente.

El señor Peces Barba negó que las razones de oportunidad justifiquen incumplir la Constitución e insistió en que el propio decreto-ley de 8 de octubre de 1976 no ampara la creación de nuevos departamentos.

El señor Pérez Llorca intervino de nuevo para insistir en la legalidad de la reforma administrativa, por entender que algunos de los preceptos constitucionales citados tienen una operatividad hacia el futuro, pero no pueden aplicarse en el momento actual. «Exigir que cada nuevo ministerio haya de crearse por ley iría en contra de la práctica parlamentaria. »

El señor Pérez Llorca finalizó su intervención ironizando sobre el resultado de las elecciones municipales. Señaló que su partido, que no va a ocupar determinadas alcaldías, «acudirá complacido a los amplios debates de investidura de los alcaldes».

En su rectificación, el señor Peces Barba se apresuró a anunciar, en nombre de su partido, la disponibilidad para que se celebren tales debates de investidura. «Nosotros no ahogamos la voz a nadie. Podrá haber, por tanto, debate de investidura en los ayuntamientos. »