La extradición del jefe de la DINA provocaría una grave crisis en el ejército chileno

En el plazo de pocas semanas, quizá de días, la Corte Suprema de Justicia de Chile se pronunciará definitivamente sobre la petición de extradición formulada por Estados Unidos contra el general Manuel Contreras, ex director de la DINA, y dos de sus colaboradores, el comandante Espinosa y el capitán Fernández Larios, supuestamente implicados en el asesinato de Orlando Letelier. Si la Corte Suprema de Chile accede a la petición de extradición puede desencadenarse un enfrentamiento sin precedentes en la cúspide del poder militar chileno.

En medios judiciales chilenos se asegura que Israel Bohórquez, presidente de dicha Corte, ha esperado a que los tribunales norteamericanos dictaran sentencia en el juicio seguido contra los autores materiales del atentado para hacer público su veredicto final.Desde el punto de vista puramente formal, parece que existen pruebas suficientes sobre la participación de altos jefes de la temida policía política de Pinochet en la organización del atentado que costó la vida a Letelier y a su secretaria, en septiembre de 1976.

Michael Townley, principal testigo de la acusación en el juicio seguido en Washington contra él mismo, y los cubanos Guillermo y Alejandro Novo y Alvin Ross, ha asegurado en repetidas ocasiones que el general Manuel Contreras autorizó directamente el atentado.

De forma velada, pero firme, el general Contreras (quien permanece bajo arresto desde agosto del año pasado) ha hecho saber que se siente abandonado por su antiguo amigo, Augusto Pinochet, y que si llega a ser encausado por los tribunales norteamericanos hará importantes revelaciones, que podrían implicar directamente al propio presidente chileno. Al mismo tiempo, existe constancia del descontento en un sector del generalato por la actitud «poco solidaria» del dictador chileno hacia quien fuera uno de los artífices del golpe militar que derrocó a Salvador Allende e íntimo colaborador durante los primeros años de la Junta Militar.

Si al principio del caso Letelier pareció, que Estados Unidos iba a utilizar dicho crimen y sus implicaciones como un arma política para hacer tambalearse a la Junta chilena, es evidente que ahora la intensidad de la presión ha decrecido. En este sentido, son significativos los pactos a que llegaron el Gobierno chileno y la justicia norteamericana, para que los resultados de las investigaciones del FBI sobre otras actividades criminales de Townley y la DINA permanecieran en secreto. Dichos pactos, denunciados por el New York Times, fueron suscritos en Washington por el subsecretario del Interior chileno, Enrique Montero, y el fiscal Earl Silbert, y fueron la condición impuesta por las autoridades de Santiago para acceder a la entrega de Michael Townley.

Las averiguaciones de la policía norteamericana parecen demostrar alguna relación de Townley con los atentados sufridos por el general Carlos Prats y su esposa, y con el perpetrado contra el dirigente democristiano Bernardo Leighton. El agente de la DINA, en efecto, estuvo en Buenos Aires en los días anteriores y posteriores al de la muerte del matrimonio Prats. Se comprobó también su presencia en Roma en las mismas fechas -octubre de 1975-, en que Leighton fue ametrallado. Townley estuvo también en Madrid en la primavera de dicho año, coincidiendo en la capital española con los dirigentes chilenos Carlos Altamirano y Volodia Teitelboim.