El calendario político: niebla en el futuro

NADIE PONE en duda que al presidente del Gobierno le asiste la facultad potestativa, que le fue regalada por la disposición transitoria VIII de la Constitución, para demorar, hasta finales de enero, su decisión ante el dilema que se le ofrece: sometimiento al voto de investidura o disolución de las Cortes. Sin embargo, hay demasiadas cosas -entre otras, los pactos económicos- condicionadas al desvelamiento de ese secreto como para no exigir a la esfinge que abandone su mutismo. Dada la situación general del país, el derecho de que dispone el señor Suárez difícilmente podría prevalecer, atendiendo a razones del bien común, sobre el deber de aclarar, cuanto antes, unos propósitos de los que dependen muchas e importantes cuestiones. El rápido calentamiento de los conflictos laborales ante la renovación de los convenios colectivos que expiran a finales de año no se habría producido si las negociaciones entre la Administración. las centrales sindicales y las organizaciones patronales no hubieran entrado en la vía muerta a la que les ha condenado la obcecada resistencia del presidente del Gobierno a dar publicidad a su calendario.La declaración hecha por el secretario general de UCD el pasado jueves en los pasillos del Congreso despejó, durante un corto claro, las artificiales brumas creadas por los meteorólogos del palacio de la del oncloa para nublar el horizonte político. Según esa calificada voz. el presidente habría optado por someterse al voto de investidura y por celebrar. en los plazos legales previstos, las elecciones municipales. Aunque nada dijo el señor Arias-Salgado acerca de si las actuales Cortes apurarían su mandato legal hasta junio de 1981, el calendario resultaba muy preciso en sus exclusiones: quedarían descartadas, por un lado, la convocatoria de las legislativas antes de las municipales y, por otro, la celebracion simultánea de ambas, lo que daría origen al despropósito de dos elecciones realizadas el mismo día pero con circunscripciones diferentes y, con juntas electorales también distintas para la proclamación de candidatos y para el escrutinio de los votos. El señor Arias-Salgado desmintió su declaración poco después de haberse franqueado con sus interlocutores en los pasillos de las Cortes. Se abre así una larga cadena de interrogantes sobre las razones tanto de la inicial revelación como de la rectificación posterior.

Una golondrina no hace verano, pero es ya una auténtica bandadá de frivolidades la que sobrevuela la vida política española. El voto del PSOE favorable a la enmienda vasca sobre los «derechos históricos» en la Comisión Constitucional del Senado fue abruptamente rectificado en el Pleno de la Cámara alta. El refrendo por UCD del anteproyecto de estatuto vasco ha sido seguido, pocos días después, por su rechazo. Por lo demás, la reunión celebrada el viernes por las direcciones del PSOE y del PCE no ha contribuido tampoco a aclarar demasiado el confuso panorama. Si las elecciones municipales no admiten dilación ni aplazamiento alguno, la disolución de las Cortes y la consiguiente convocatoria de legislativas tendría que quedar excluida del calendario socíalista y comunista. No habría, así, más salida que el voto de investidura.

Sin embargo, el viraje dado por el PCE en torno al contenido de ese voto abre nuevas perspectivas a la crisis. Si los comunistas votan en contra del señor Suárez, en vez de abstenerse, en la segunda ronda, cuando el presidente sólo necesita mayoría relativa para ser designado, y si los socialistas mantienen como es previsible la misma actitud, no le va a ser fácil al señor Suárez conseguir la investidura sin el apoyo de Alianza Popular o de las minorías vasca y catalana. Lo cual situaría en liza una nueva posibilidad hasta ahora apenas considerada: que otro líder de UCD tuviera que llevar a cabo las combinaciones políticas necesarias, a la derecha o a la izquierda, para formar Gobierno.

Asi, pues, seguimos donde estábamos: en la total íncertidumbre acerca del calendario político. No parece aventurado suponer que el señor Suárez iría resueltamente a la disolución de las Cortes si existe un mínimo riesgo para su investidura; y que el giro dado por el PCE actualiza ese peligro, pues no parece probable ni que el actual presidente acepte la investidura en las condiciones establecidas por el Grupo Comunista, ni que el segundo interlocutor implicado en la operación -el PSOE- rectifique su estrategia de exigir legislativas antes de aceptar una coalición gubernamental o un pacto de legíslatura. Pero si el señor Suárez optara por la disolución de las Cortes, el objetivo prioritario de los socialistas y de los comunistas, las, elecciones municipales, quedarían postergadas a las legislativas.

El enredo, así pues, se hace cada vez mayor. Y a menos de que el señor Suárez se resigne a depender de las minorías nacionalistas o de Alianza Popular, o de que el PCE rectifique su rumbo, o de que el PSOE modifique su estrategia, da la impresión de que ese nudo gordiano sólo lo podría deshacer la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, con el consiguiente aplazamiento de los comicios municipales. En cualquier caso, parece no ya un gesto de cortesía, sino un deber para los ciudadanos, que el actual presidente del Gobierno, aunque no le obligue la Constitución, salga de su mutismo.