Las universidades laborales conservarán su peculiar finalidad social

Las universidades laborales van a seguir atendiendo sustancialmente, dentro de la Administración del Estado, a los objetivos sociales que actualmente las caracterizan, según ha podido saber EL PAIS de fuentes generalmente bien informadas.De la información publicada en nuestro número de ayer sobre las conversaciones que diversos ministerios vienen manteniendo en las últimas semanas en torno a la futura dependencia orgánica de las universidades laborales, se desprendía que una de las alternativas que se barajan es el trasvase de estas instituciones docentes al Ministerio de Educación y Ciencia. Sin embargo, un error sufrido en la composición del titular de dicha información parecía venir a afirmar prácticamente lo contrario.

Fuentes competentes habían señalado a EL PAIS que no existía por parte del Ministerio de Educación ni un especial interés, ni una excesiva urgencia, ni, por supuesto, resistencia alguna a asumir la responsabilidad de la dirección de estos centros, si en definitiva habría de prevalecer el principio de que instituciones que prestan servicios educativos de carácter público deberían depender preferentemente del departamento de Educación y Ciencia.

Asimismo, las autoridades de Educación han analizado con todo detalle y profundidad los posibles riesgos de pérdidas sustanciales de recursos humanos y técnicos, así como de prestaciones sociales de considerable importancia, que un trasvase precipitado e indiscriminado de las universidades laborales podría comportar.

Estas consideraciones, algunas de las cuales eran analizadas en nuestro número de ayer, pueden haber determinado la decisión que, ahora sí, se vislumbra como definitiva y tal vez Inminente, y, según la cual, las universidades laborales se integrarían en el Ministerio de Educación y Ciencia como un organismo autónomo dependiente del mismo.

Esta solución permitiría el mantenimiento de las universidades laborales con su actual estructura y funcionamiento, haciendo innecesarias medidas rígidas de reconversión total, sin perjuicio, claro está, de las previsibles adaptaciones que habrán de tener lugar. De otro lado, también se posibilitaría una contemplación más justa y flexible de la situación de su personal laboral.

Por otra parte, si se confirma que esta va a ser la solución encontrada, se va a hacer posible la puesta en marcha de ambiciosas experiencias educativas acariciadas desde hace tiempo por el actual equipo responsable de la Dirección General de Enseñanzas Medias. Es sabida la preocupación de esta Dirección General por resolver de una vez por todas el difícil problema derivado de la actual dicotomía existente entre estudio y trabajo, que es una directa consecuencia de la doble opción entre el bachillerato y la formación profesional.

A este respecto, existe un proyecto perfectamente viable para la integración de estas dos modalidades de estudio elaborado por los servicios técnico-docentes de universidades laborales.

Tal proyecto podría ser ahora asumido por el Ministerio de Educación haciendo uso de las posibllidades de interacción entre los cuerpos docentes de los distintos niveles de enseñanza que son habituales en los centro de universidades laborales. Esta capacidad de interacción o compenetración entre los distintos niveles de enseñanza no resulta fácilmente alcanzable desde la estructura fuertemente corporativa de Educación y Ciencia.