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Tribuna:

Medicamentos: medidas contra el pueblo

Catedrático de Derecho del Trabajo.

Decano de la Universidad Autónoma de Madrid

Acaban de entrar en vigor varias disposiciones, de acuerdo con las cuales los beneficiarios de la Seguridad Social, que hasta ahora venían abonando cantidades muy reducidas por los medicamentos, según una escala que iba de un mínimo de cinco a un máximo de cincuenta pesetas, verán fuertemente incrementada su participación hasta un 20 % del precio de venta al público de los productos farmacéuticos; porcentaje que se elevará a un 10 % a partir del 1 de enero de 1979. Son dos las excepciones a este principio. Los pensionistas y los inválidos provisionales .continuarán, como antes, exentos. Para ciertos medicamentos indicados en afecciones crónicas la participación del beneficiario -conocida como ticket moderador- se mantiene en los niveles precedentes.

La gravedad de estas disposiciones contrasta con la falta de una reacción frente a ellas por parte de las organizaciones que deben asumir la defensa de los beneficiarios. Por ello, y en nuestra condición de personas dedicadas desde hace tiempo al estudio de la seguridad social, consideramos un deber cívico denunciar públicamente la regresividad de estas medidas y su carácter antisocial.

Con el aumento del ticket moderador se trata de actuar sobre la situación particularmente crítica que atraviesa la prestación farmacéutica, en la Seguridad Social española. Esa situación es conocida, y ha sido claramente diagnosticada, en los propios informes oficiales. La explosión de costos resulta literalmente impresionante. De 21.473 millones de pesetas en gastos en farmacia, en 1970, se ha pasado a 83.705 millones en 1977, con un incremento del 388 % en sólo siete años y un índice de participación en el gasto total de asistencia sanitaria d el 30 %. Pero esta evolución no es explicable por un movimiento natural de los precios en términos de mercado. Por el contrario, se trata, como se ha dicho, de un auténtico expolio del patrimonio de la Seguridad Social en beneficio de intereses muy concretos. El dominio de la oferta por un sector productivo controlado por los grandes monopolios transnacionales; la proliferación disfuncional de las especialidades ofertadas; la estimulación artificial del consumo a través de una sistemática manipulación publicitaria; la irracionalidad del sector distribuidor y la incapacidad de la Seguridad Social para controlar su demanda como consecuencia del hundimiento de la medicina asistencial primaria, con la consiguiente tendencia a sustituir la intensidad de la atención asistencial por la flexibilidad de medicación, son las conclusiones unánimes de cualquier aproximación objetiva al problema.

Falacias y regresividad

Esas son también las causas reales de la crisis sobre las que debía haberse actuado enérgicamente para racionalizar el gasto y detener la explotación mercantil del derecho a la salud. Pero hacerlo equivalía a enfrentarse con grupos de intereses muy poderosos. La cuerda ha vuelto a romperse por el hilo más flojo. Serán los beneficiarios los que pagaránla impotencia de la política farmacéutica.

La expansión del gasto no se frenará. En realidad no existe apoyatura técnica para el llamado ticket moderador. El argumento con el que se quieren justificar las decisiones aludidas, restringir el sobreconsumo innecesario, es una falacia. La demanda de medicamentos es muy rígida ante variaciones en los precios, precisamente por la importancia que se atribuye socialmente a la salud. Consecuentemente, el enfermo, una vez que le han sido recetados los medicamentos, pagará el ticket del veinte o 30 % y no prescindirá de ellos. Estas razones teóricas han sido venficadas por la experiencia práctica de muchos países, entre ellos España. Las opiniones de los expertos de la Asociación Intemacional de Seguridad Social, de la OIT y del propio INP español, son, en el mismo sentido, concluyentes. Cabe prever, pues, que, al menos a medio plazo y de forma significativa, el consumo excesivo de medicamentos no se retraerá.

Un conocido especialista, G. Spitaels, ha puesto de relieve la ineficacia del ticket moderador. En Bélgica, el crecimiento de los costos ha sido más rápido en el sector sometido al ticket y al anticipo de gastos por el asegurado; en Holanda, donde la gratuidad es total, los gastos son notablemente inferiores a los de Francia, que tiene el sistema «moderador» más duro de la CEE. Y en la propia Francia, en el régimen de los mineros, donde la gratuidad es también la regla, los costes no sólo son inferiores a los del régimen general, sino a los de las personas que no tienen ningún tipo de cobertura social.

La elevación de la contribución de los asegurados tiene, por consiguiente, un significado puramente recaudatorio. Es una forma indirecta de conseguir financiación adicional para la Seguridad Social, que se añade a las 3.000 pesetas mensuales que como media pagan los trabajadores españoles por asistencia sanitaria al cotizar. El Volumen monetario implicado es muy importante: se espera recaudar en el primer año entre 20.000 y 30.000 millones. Es decir, una suma superior a la de algunas de las principales figuras impositivas o al presupuesto de varios ministerios.

Pero esta nueva vía de financiación es regresivia y socialmente indeseable. Su hecho imponible es la enfermedad, no la capacidad de pago. Todos, pobres o ricos, pagarán lo mismo; luego, en términos de capacidad contributiva, aportará más quien menos tiene. La elevación de la contribución por medicamentos incrementa así el ya notable grado de regresividad de la financiación de la Seguridad Social, con el efecto adicional de aumentar la desigualdad ante la enfermedad y eliminar las posibles consecuencias redistributivas de la cotización diferencial a asistencia sanitaria.

Por otra parte, las excepciones parciales previstas en las disposiciones del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social constituyen un «agravio comparativo» indudable. No se consideran colectivos merecedores de especial protección ni los ancianos por serlo, ni los niños, ni las mujeres por los tratamientos relacionados con la natalidad; pero tampoco se prevén bonificaciones para los parados, ni para los trabajadores en incapacidad temporal. La selección de marcas de laboratorios determinados, con precios concretos incluidos en la relación de medicamentos para afecciones crónicas, a nadie se le ha explicado.

La elevación de la contribución por medicamentos también es una decisión adoptada antidemocráticamente. Se contaba, desde luego, con la habilitación formal de la ley 24/1972 y con la cobertura de los pactos de la Moncloa. Pero la instrumentación de una medida de esta importancia no puede llevarse a cabo sin un amplio debate nacional y una decisión del Parlamento sobre su oportunidad y formas concretas de aplicación. Los pactos de la Moncloa no alcanzan a justificar esta decisión. Aunque se admite la posibilidad de la elevación, de ellos no puede hacerse una lectura que insista sólo en aspectos aislados y regresivos y olvide la totalidad progresiva; lectura en que parecen haberse especializado ciertas instancias políticas.

El debate era y es necesario, como es necesario contar con todos los datos del problema, con una clarificación definitiva de las cuentas de la Seguridad Social, con la presencia de trabajadores y empresarios en los órganos de gobierno de las entidades gestoras...

Nada de esto se ha producido. Los gastos seguirán creciendo; la regresividad de la Seguridad Social española crecerá también. ¿Quiénes son, por tanto, los beneficiarios de estas medidas? Como en la canción de Bob Dylan, la respuesta estalla en el viento. Los grandes monopolios transnacionales y ciertos sectores distribuidores pueden estar tranquilos. Las dificultades financieras de la Seguridad Social, que podrían haber impuesto una reforma en profundidad de la prestación farmacéutica, ,Pueden superarse «more» recaudatorio con el ticket. El margen teórico de plusvalías que obtienen estos grupos y que el Libro blanco de la Seguridad Social fija en 24.997 millones de pesetas, para 1976, puede mantenerse y aumentarse.

En definitiva, es el pueblo quien paga.

Siguen las firmas de J. Félix Lobo, profesor agregado interino de Estructura Económica, Universidad de Oviedo; Ignacio Cruz Roche, profesor agregado de Economía, Universidad Autónoma de Madrid; Joaquín Vergés, profesor agregado de Economía de la Empresa, Universidad Autónoma de Barcelona, y Aurelio Desdentado Bonete, profesor ayudante de Derecho del Trabajo, Universidad Autónoma de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de agosto de 1978

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