Las universidades catalanas piden a los partidos políticos que se opongan a los planes del Ministerio de Educación

El documento presentado por las universidades catalanas a los partidos parlamentarios PSC (Congrés), PSOE, PSUC y Convergencia Democrática de Catalunya, con la finalidad de impedir la promulgación de una ley de Autonomía Universitaria, en base a la consecución de «un pacto universitario» entre los partidos y las universidades catalanas, fue entregado ayer y está redactado sin que sus autores conocieran el citado proyecto de ley.El documento, de seis folios de extensión, concluye afirmando el deseo de «evitar la promulgación de una ley general de Universidades, que tenga incidencia sobre las universidades catalanas, antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y asegurar en toda circunstancia que las universidades sean previamente consultadas sobre cualquier proyecto elaborado que las afecte».

También manifiesta la necesidad de «plantear inmediatamente el traspaso de la Universidad a la Generalidad» así como «instar el reconocimiento, o al meno una tolerancia definida, de la reformas parciales y provisionales que están poniendo en marcha las universidades catalanas». Otras solicitudes formales consisten en «reforzar la vía contractual para la incorporación del profesorado, lo cual exige que se introduzca la posibilidad de que los créditos presupuestarios dirigidos a dotar económicamente las plantillas de los cuerpos estatales de profesorado puedan ser transferidos a la partida de contratación, cuando las plazas dotadas de los cuerpos estatales no estén ocupadas en propiedad por funcionarios de carrera». Junto a ello se precisa la conveniencia de incrementos salariales para el personal universitario y la corrección de los déficits funcionales de infraestructura.

El documento reafirma la necesidad de un control público de la Universidad y de la potenciación del Proceso de democratización interna. Reconoce la conveniencia que su estructuración interna sea aprobada por el organismo público del que dependa y que lo mismo suceda con su estatuto del profesorado.

Respecto a la forma de contratación del profesorado, señala que «la defensa de los principios de la autonomía universitaria comporta la consolidación, potenciación y estabilización de la contratación autónoma del profesorado. Por lo tanto, no se puede hipotecar el futuro de esta autonomía dejando incrementar la integración del profesorado en los cuerpos estatales, que a menudo se efectúa con criterios que son ajenos a las universidades y al propio país».

En el epígrafe destinado al «marco político de la autonomía universitaria», el documento afirma considerar imprescindible «la urgente vinculación de las universidades catalanas a la Generalidad». Añade también que «el traspaso del servicio público universitario a la Generalidad ha de ser completo, sin más restricción que la derivada de las reservas que en favor del Estado establezca la Constitución».

En el mismo epígrafe se afirma que «ha de ser la Generalidad la que otorgue la autonomía definitiva de las universidades mediante la aprobación de sus correspondientes estatutos de autonomía (universitaria) y también le corresponde la debida instrumentalización del control público de la Universidad». A lo que agrega que, en el futuro, las directrices de la política universitaria catalana habrán de emanar del Parlamento de Cataluña.