Los derechos de autor cinematográfico y el control de taquilla

Recientemente un amplio grupo de «autores cinematográficos», es decir, de directores, guionistas y compositores convocaron una rueda de prensa para denunciar el comportamiento de los exhibidores, que se puede resumir en el impago de 530 millones de pesetas en concepto de «derechos de autor». Ese dinero no sale de los bolsillos de los exhibidores, sino de los espectadores, que pagan un elevado precio por su localidad y en el que va incluido una serie de impuestos, entre ellos el de los mencionados derechos, equivalente al 1,5 % de la recaudación bruta de taquilla.Los exhibidores, a través de su Agrupación Nacional, contestaron alegando que los autores españoles no han cobrado porque no han querido, que en varias ocasiones habían puesto a disposición de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) las cantidades señaladas. Sin embargo, en la nota de respuesta del grupo industrial no se hacía la menor referencia al pago de derechos de autor de las películas extranjeras, algo que tiene más importancia de la que aparentemente pueda parecer. Lo que los autores cinematográficos exigen es que se liquide una deuda que la normativa vigente señala con precisión. Los exhibidores han intentado «regatear» con la SGAE la cantidad, eliminando de ella lo que les corresponde percibir a los filmes extranjeros. Los autores españoles señallan que eso no es correcto, puesto que existen una serie de acuerdos internacionales en la materia, de tal manera que si España rompe, unilateralmente, dichos acuerdos, repercutiría desfavorablemente en los posibles derechos de autor que pueden percibir nuestros guionistas, directores y músicos cuando sus películas se exhiben en el extranjero.

En esta ocasión la razón, y también la ley, es clara: el exhibidor tiene el deber de pagar ese porcentaje a la SGAE como marca la ley. No existen razones para negarse a pagar algo que ya se ha cobrado, salvo que las localidades de películas extranjeras fueran un 1,5 % más baratas, ya que si los exhibidores se niegan a pagar los derechos de autor, no tendría por qué hacerlo el espectador. En cualquier caso, toda esta polémica tiene la apariencia, al menos desde el punto de vista personal, de ser una «cortina de humo». El verdadero conflicto que en estos momentos viven los exhibidores y la Administración es el del «control de taquilla», pieza clave de todo el entramado industrial cinematográfico español.

El Ministerio de Cultura en varias ocasiones anunció su decidido propósito de implantar un control de taquilla automático y racional, similar al que se sigue en Europa desde hace años.

Los exhibidores no parecen estar muy de acuerdo con ello y ponen todas las pegas posibles en todos los frentes imaginables con el fin de retrasar, si no revocar, los criterios administrativos. En declaraciones del titular de Cultura que pronto se harán públicas en este mismo diario se indica que en el próximo otoño, como muy tarde, el control de taquilla será un hecho. Eso esperamos todos por el bien del cine. Lo demás son problemas menores.