Los senadores catalanes piden que se devuelvan los bienes incautados tras la guerra

El senador Carlos Martí Massaguel, de Entesa dels Catalans, interpeló al Gobierno sobre una devolución de bienes incautados por el Estado a entidades, cooperativas, asociaciones y personas físicas, como consecuencia de los distintos decretos y leyes sobre resoluciones políticas promulgados por el régimen del general Franco durante la guerra civil y los años inmediatamente posteriores a la misma.Todos los parlamentarios del Senado mostraron su apoyo a la interpelación del senador catalán. UCD, por su parte, mantuvo a lo largo del debate una actitud de silencio.

Carlos Martí Massagué (Entesa dels Catalans). El régimen del general Franco, por distintos decretos y leyes, que van desde septiembre de 1936 a julio de 1943, declaró fuera de la ley a todos los partidos políticos y organizaciones sindicales componentes del Frente Popular y ordenó la confiscación de esos bienes. Igualmente, como consecuencia de la ley de Responsabilidades Políticas, no sólo se declara dicha responsabilidad a entidades en nada relacionadas con los partidos políticos y las organizaciones sindicales y a personas particulares, sino también se ordena la confiscación de sus bienes por el Estado.

Para llevar a cabo estas tareas se crea la Comisión Calificadora de Bienes Marxistas y no se permite ninguna posibilidad de intervención de los despojados. El despojo llegó a sociedades culturales, cooperativas, entidades de recreo, etcétera, que ni siquiera estaban explícitamente nombradas en estas disposiciones. Podría dar muchos ejemplos, pero sólo voy a traer aquí el de una asociación que se creó por los labradores de cierta localidad española bajo el nombre de la Defensa Agraria, con la finalidad de proporcionar a sus asociados la posibilidad de desarrollar actividades culturales y materiales. Con este fin dicha sociedad compra unos terrenos y construye en ellos unos edificios. Después de la guerra, la Comisión Calificadora de Bienes Marxistas incautó dichos bienes a favor de la Delegación Nacional de Sindicatos, la que, posteriormente, decidió cederlos en usufructo a la Hermandad de Labradores. Esta entidad decidió vender estos bienes en el año 1954 a la Iglesia, y después ésta los revendió, reteniendo sólo una pequeña parte de los mismos, a otras personas. Como éste existen muchos casos.

Quiero concluir mi intervención con esta pregunta: si no devolvemos estos bienes, ¿de qué va a servir tanto indulto y amnistía?

Rafael Calvo Ortega (ministro de Trabajo). El Gobierno tiene en estudio avanzado la solución de este problema complejo, aunque no se ha podido llegar todavía a una solución satisfactoria, precisamente por la complejidad del problema. Para una solución adecuada del mismo se plantean dificultades jurídicas, problemas registrales, posible indemnización a sus actuales propietarios, posible prescripción en algunos casos y la valoración de las mejoras posteriores realizadas en estos bienes.

De todos modos, la solución que dé el Gobierno al problema, la que sea, debe ser global, no solamente para entidades, cooperativas, asociaciones y personas físicas.

Carlos Martí Massagué (Entesa dels Catalans). Quiero precisar que en mi interpelación sólo me refiero a los bienes que están todavía en poder del Estado. Por otra parte, me extraña que el ministro hable de prescripción cuando no me puede hablar de que la acción haya prescrito porque se trata de personas a las que se ató las manos y se tapó las bocas.