¿Qué pasa en las prisiones?

EN LA prisión madrileña de Carabanchel han matado a un recluso de una paliza. Y los más solventes datos periodísticos inducen a creer que la paliza fue administrada por funcionarios de prisiones. La Dirección General correspondiente (Instituciones Penitenciarias) se despacha con una breve nota oficial y remite el asunto al juzgado de guardia. Como si no hubiera pasado nada o el homicidio se hubiera cometido en una calleja y no en una dependencia oficial. A lo que parece, los gravísimos sucesos que trastornan la vida penitenciaria española ocurren en algún Gulag lejano o en otra galaxia social. El país va a terminar suponiendo que, en verdad, las prisiones son otro mundo; un mundo en el que los responsables de turno tienen poca o ninguna responsabilidad.La política de la Administración en lo que atañe a los problemas penitenciarios se aproxima a la de Pilatos. Cuando los presos asolan las cárceles del país. Justicia pide auxilio a Gobernación y abre las crujías a las compañías de la reserva general de la Policía Armada. Cuando los reclusos mueren por deficiente asistencia médica o encuentran la muerte en prisión en condiciones más que dudosas, se ponen los hechos en conocimiento del juzgado de guardia. Y en paz.

Es ésta una historia vieja en la que el desdichado suceso de ayer en Carabanchel no pasa de anécdota, aunque reveladora, en el contexto de una filosofía de la política penitenciaria de este país (en más de cuarenta años), histórica y socialmente pesimista, con una visión del hombre como irremisible sujeto de pecado.

Y ahora, desmontadas las instituciones de la dictadura, bien puede decirse que el Gobierno no ha hecho llegar la democracia a unas cárceles que se erigen en un islote del pasado. La reforma penitenciaria ha quedado, por el momento, en letra muerta, y el Cuerpo de Funcionarios de Prisiones -con todas las salvedades individuales que sean menester- ha demostrado con creces ser uno de los más obsoletos de la Administración estatal.

Ya, a estas alturas, caben escasísimas esperanzas de que el Ministerio de Justicia sea capaz de asumir sus responsabilidades penitenciarias con algo más que el simple ánimo del dejar hacer, dejar pasar. Muchas veces se ha pedido que se dieran explicaciones holgadas sobre la situación de las cárceles. Habrá que seguir pidiéndolo, y no estaría de más que tales explicaciones se dieran al Congreso. Los esfuerzos del nuevo director general de Prisiones por buscar una solución son plausibles y dignos de elogio. Pero hay que decir que los sucesos que han costado la vida a un hombre merecen un tratamiento informativo diáfano. No se trata sólo de que el juez investigue el caso y determine las culpas. Se trata, igualmente, de saber si la tortura se ha practicado, o se practica, en nuestras prisiones y quiénes lo permiten.

Por lo demás, y a tenor de la ley de la selva que parece imperar en las cárceles españolas, lo que empieza a resultar urgente es el estudio del traspaso de la administración penitenciaria a la judicatura. El juez que impone una pena debe poder velar por que esa pena sea cumplida en las condiciones y con los objetivos que su decisión preveía.