Calma en el Congreso tras la tempestad del PSOE

La decisión de dejar para hoy el debate sobre el proyecto de ley de elecciones locales, adoptada por la junta de portavoces, contribuyó a convertir la sesión plenaria de ayer tarde del Congreso de Diputados en una reunión parlamentaria de rutina. El tratamiento de temas ya debatidos en plenos anteriores -aumento de pensiones, regulación de empleo en SEAT, Consejo Rector de RTVE- influyó también en el carácter monótono y de trámite de la sesión. La tempestad política originada por la salida de la ponencia constitucional del representante socialista fue seguida por la calma de la primera parte de este largo pleno, como si a propósito se hubiera pretendido serenar los ánimos o prepararlos para el debate de hoy.

En la mañana de hoy, a los partidos inicialmente aliados para copar los ayuntamientos en las próximas elecciones -UCD y PSOE- les corresponde jugar el papel de adversarios en el que los hechos les han situado en las últimas jornadas. La pugna UCD-PSOE sería hoy más real si prosperaran los intentos de Alianza Popular -que continuaron intensamente ayer tarde en los pasillos de las Cortes y del propio hemiciclo- de arrancar de UCD la confesión de un cambio de actitud en el tema de la elección de alcaldes y en alguna de las otras cuestiones que, durante la semana última, enfrentaron a las dos minorías mayores, coyunturalmente coincidentes, con las pequeñas minorías, entre ellas AP, crecientemente amiga de UCD.El nuevo clima entre AP y UCD no debe hacer creer a esta última que se trate de una mera adhesión gratuita. Cuando el señor Fraga anunció ayer que su grupo no votaría a favor de la moción comunista sobre el Consejo Rector de RTVE tuvo buen cuidado en advertir al Gobierno que replantee su política sobre este medio, a fin de permitir comprobar -dijo textualmente- «si el Gobierno sólo piensa en las próximas elecciones o en las próximas generaciones».

En el banco azul, un Adolfo Suárez menos expresivo que otras veces, y de cuya intervención hoy ante el pleno se seguía especulando en el Congreso, debía tomar buena nota de que AP no se entrega a bajo precio. Minutos antes de la intervención de Manuel Fraga, el portavoz del grupo parlamentario de UCD, José Pedro Pérez Llorca, se habla dirigido al escaño del líder aliancista, con quien conversó unos instantes.

Por su parte, el PSOE estudió ayer la posibilidad de proponer ante el pleno de hoy que se autoricen las coaliciones electorales no sólo a nivel provincial sino también a nivel municipal, con lo que satisfaría, en parte, a las minorías.

La primera parte de la sesión plenaria registró el debate de mayor interés -que resumimos en otro lugar de estas páginas- con ocasión de la moción sobre el Consejo Rector de RTVE. En cuanto a los textos aprobados, significarán un aumento de las multas así como de las pensiones.

El proyecto de ley por el que se eleva la cuantía de las multas especificadas en una serie muy larga de artículos del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal fue aprobado con la abstención del grupo comunista, en nombre del cual el señor Solé Barberá señaló que el aumento establecido no responde a la elevación de las cuantías registradas ni solucionará la situación en las prisiones.

Prácticamente por unanimidad, y con aplauso de gala para el presidente de la Asamblea parlamentaria de Portugal -que saludó desde la tribuna del público, en donde le acompañaba el presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil-, se aprobó el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el tratado de amistad y cooperación entre España y Portugal.

La moción propuesta por el comunista Marcelino Camacho sobre aumento de las pensiones en un 30% a partir del 1 de enero de este año obtuvo la conformidad de UCD, expresada por Juan Roviray fue aprobada con sólo cinco votos, en contra y una abstención.

En cambio la moción del socialista Carlos Cigarrán sobre expediente de regulación de empleo en la empresa SEAT fue rechazada por 169 votos (UCD, AP) contra 133 (comunistas, socialistas y grupo mixto) y con diez abstenciones (minoría catalana).

Socialistas y comunistas insistieron en el carácter público de la empresa SEAT y en la necesidad de que el Ministerio de Industria participe en las decisiones que adopte la empresa y facilite que ésta negocie con las centrales sindicales más representativas la reestructuración a la que pueda llegarse. En nombre de UCD, Juan Antonio Gómez Angulo aludió al carácter privado de SEAT, en la que el INI no es mayoritario y que, por tanto, ha de atenerse a la legislación vigente para las empresas privadas.

En la explicación de voto, el comunista Ramón Tamames recordó que en el pacto de la Moncloa se habla de estas empresas que, aunque jurídicamente son privadas, en la realidad son públicas. Manifestó que el presidente de SEAT, señor Antoñanzas, no representa precisamente al accionariado privado y que este tipo de cargos responde a la política de prebendas y no de cargos de gestión. Insistió en la dirección obsoleta, anticuada y dependiente de FIAT que imparte las órdenes en SEAT, en donde habría que pedir la reestructuración de empleo para los empresarios más que para. los trabajadores. Poniendo como ejemplo el caso de SEAT y el incumplimiento del pacto de la Moncloa en lo que se refiere al código de derechos y deberes de los trabajadores, el señor Tamames, dirigiéndose a los diputados de UCD, declaró: «Están ustedes poniendo dificultades a la salida de la crisis.»