Pesca submarina: un debate perdido

EL PLENO del Congreso ratificó el pasado miércoles el acuerdo pesquero hispano-marroquí en el curso de una apasionada sesión parlamentaria, digna de la expectación que levantó el debate, que en su urgencia y clamor se convirtió muchas veces en diálogo de sordos y en cortina de humo que no permitió clarificar el objetivo último de la discusión: intencionalidad y consecuencias políticas del acuerdo; ventajas e inconvenientes socioeconómicos del contrato, y posibilidad de negligencia y acusaciones de corrupción en la gestación administrativa del convenio.Fue, sin duda, el debate sobre las posibles implicaciones personales y empresariales en la negociación del acuerdo la causa primera para favorecer la confusión, desviar la atención y el objetivo del debate y para permitir al partido de la mayoría gubernamental esquivar el fondo de la cuestión, que no es otro distinto a la presencia política española en el norte de Africa y las consecuencias y condicionamientos de dicha presencia para nuestro sector pesquero. Desde el pasado día 7, en el que el diputado socialista Manuel Marín acusó al parlamentario de UCD Víctor Moro de indicios de corrupción, la actividad parlamentaria se limitó a la preparación del Pleno -con el consiguiente aplazamiento de los debates de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso-, a réplicas y declaraciones públicas y, en ningún caso, a la búsqueda de una clarificación oficial de las graves acusaciones vertidas, o de las pruebas por parte de los acusadores que no han sido capaces de exhibir en ningún momento.

Las coincidencias que el grupo socialista destacó en la gestión del diputado Víctor Moro, a su paso por la empresa Pescanova y la Dirección General de Pesca -en relación con los decretos de primas al desguace y con el caso del buque Galicia-, fueron explicadas y rebatidas por el diputado de UCD con argumentos similares, aunque contrarios a los de! parlamentario Manuel Marín. Este debate quedó así cerrado, esencialmente, como decimos, por falta de pruebas del acusador, que debería haberse pensado dos veces sus palabras.

El diálogo de sordos se hizo más patente en la disección del contenido socioeconómico del acuerdo. Aquí los argumentos, el análisis a corto y medio plazo de la posible eficacia del acuerdo e incluso las cifras y datos manejados por UCD, de un lado, y por el PSOE y PCE, de otro, fueron muchas veces inconciliables de todo punto. Sí quedó claro que el acuerdo distaba en mucho del óptimo y, sobre todo, de las ventajas que Marruecos ofreció en los anejos del acuerdo tripartito de Madrid, mucho más generosas, e incomprensiblemente reducidas por los posteriores negociadores del convenio de cooperación pesquera.

Quedaba la razón última del debate: la intencionalidad política que condicionó y estructuró el nuevo contrato. Aquí el Gobierno salió bien parado, gracias al desvío inicial del debate a las alusiones personales -fruto de la equivocación del PSOE- y a la contradictoria discusión técnica. Los representantes de UCD nadaron en el silencio y llegaron a buen puerto sin justificar esta decisión política del Gobierno. Marcelino Oreja se cuidó de no dar pie, ni respuestas, a las interrogantes planteadas y se refugió en explicaciones confusas sobre el derecho internacional, que le valieron la réplica del diputado comunista Ramón Tamames, a la que el ministro no supo contestar convincentemente.

Quedaron sin solución en el hetniciclo muchas cuestiones y de manera flagrante las siggientes: si el Gobierno no reconoce la soberanía marroquí en aguas del Sahara, ¿por qué Marruecos puede impedimos la pesca en estas costas?, ¿cómo se entiende la firma de un acuerdo en condiciones inferiores a las actas anejas al acuerdo tripartito de Madrid? ¿No prueba el solo valor de estas actas la afirmación de soberanía total del Sahara, y no de administración, que hace Marruecos a diario? Los anejos al nuevo acuerdo pesquero, ¿no suponen un desarrollo financiero, minero y económico de los acuerdos de Madrid? ¿Y las críticas al contrato surgidas en las propias filas de UCD, de manera tajante, por boca de los señores Olarte y Urzaiz?

Parece que el Gobierno tiene ya dibujada su opción política para el norte de Africa y para la crisis del Sahara, por mucho que recuerde el tema de la autodeterminación del pueblo saharaui. Con la ratificación del acuerdo pesquero demuestrasu voluntad de permanecer en esta política, por encima de otros condicionamientos. Es lamentable que no se aprovechara el debate parlamentario del miércoles para clarificar sin reparos la opción definitiva del Gabinete en el norte de Africa. Los socialistas corrieron también con la responsabilidad de ello, al desviar la discusión a terrenos personales, sin la preparación ni pruebas necesarias, facilitando así la fuga política en la confusión. Suspenso para todos.