Decepción en Canarias por la ratificación del acuerdo pesquero con Marruecos

Tan sólo los cuatro armadores peninsulares afincados en las islas y el cónsul general de Marruecos se sienten completamente satisfechos en Canarias por la ratificación del acuerdo pesquero hispano-marroquí, adoptado en el Congreso de Diputados hace tres días. Al mismo tiempo, siete personas se encuentran en huelga de hambre indefinida por «la venta descarada del archipiélago a otras potencias extranjeras».

Lo cierto es que en Canarias la reacción que ha provocado el último Pleno del Congreso ha sido decepcionante y pesimista entre la población. La gente confía muy poco en las promesas de los parlamentarios centristas canarios, en lo que respecta a la proposición de ley, que aún sigue en el aire, de crear en los próximos cinco años una infraestructura que posibilite un desarrollo pesquero adecuado. Los diputados del PSOE han vuelto a insistir en la gravedad de la situación y no otorgan más importancia a las «medidas compensatorias» que las de ser, según expresión del diputado socialista tinerfeño Fajardo Espínola, «unas muletas para corregir una lesión que el mismo Gobierno ha creado».Para Carmelo García Cabrera, director del Instituto Oceanográfico de Canarias, el acuerdo hispano-marroquí podría aceptarse, pero sólo a corto plazo, y las consecuencias las tendría que pagar el pueblo canario cuando termine la hipoteca de cinco anos a la que se refiere una de sus cláusulas.

Por otro lado, los diputados canarios de UCD -que suman diez de los trece elegidos en las dos provincias isleñas- explicarán hoy a los informadores las razones de su voto afirmativo al acuerdo y la serie de medidas compensatorias que han comenzado a negociar con el Gobierno. Los mismos diputados han afirmado que tanto o más importante que los 15.000 millones de pesetas conseguidos, es el poder de control sobre la aplicación del acuerdo pesquero con Marruecos que se otorgará al futuro órgano autonómico canario. Según ellos, no se podrá «marroquinizar» ningún barco matriculado en las islas sin el consentimiento de los organismos canarios, reconociendo, asimismo, las dificultades que supone este acuerdo cuando afirman que «gran parte de las consecuencias negativas del acuerdo podrán paliarse en tanto creamos nuestra propia flota».

La ratificación del tratado ha provocado también el encierro y huelga de hambre del abogado y dirigente de Pueblo Canario Unido, Fernando Sagaseta, al que se han unido en una iglesia de Las Palmas el sacerdote José Luis Alava y cinco personas más, tres de ellas mujeres.