La negociación de los precios agrarios puede movilizar nuevamente el sector

El campo español está a punto de vivir nuevamente una temporada farragosa de conflictos y movilizaciones campesinas, cuyo detonante puede ser las negociaciones de precios agrarios de campaña que deberían estar decididos antes de que comience el mes de febrero, según han declarado a EL PAIS fuentes sindicales agrarias.

Cuando todavía las conversaciones entre Gobierno y representantes agrarios no han comenzado, es fácil contemplar una toma de posiciones entre todos los elementos interesados en el tema, y que, a juicio de los observadores, es el preludio de próximos enfrentamientos.Tal y como se presentan las negociaciones, las posturas aparecen lo suficientemente encontradas como para anunciar que no será fácil el llegar a un acuerdo entre las partes sobre el incremento medio de los precios de productos de campaña, siempre y cuando se obvien otro tipo de concesiones.

Mientras la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos posiblemente presente unas peticiones superiores al 20 % para los productos de campaña, demanda que será seguida en mayor o menor grado por el resto de las asociaciones agrarias representativas de carácter nacional, el Ministerio de Agricultura ofrecerá una media de incremento que puede ser del orden del 15% y que podría ser aceptada por las partes interesadas del sector si ello fuese acompañado de una serie de compensaciones de otro tipo e íntimamente ligadas con el sector agrario.

No termina aquí el abanico de posibilidades que se ofrecen. El Ministerio de Economía, como vicepresidencia que es, tiene también su opción, y en este sentido se señala que su oferta alcanzará tan sólo el 8 %. La otra vicepresidencia, la política, tiene igualmente su oferta, y ésta no supera el 10%, según noticias llegadas a EL PAIS. Ambos ofrecimientos son considerados como inaceptables por el sector, aunque por las competencias de ambas vicepresidencias y la necesidad de detener la inflación no parece difícil intuir una ventaja importante de estos dos departamentos sobre el resto de los intereses del sector.

Fuentes campesinas han señalado que sería posible que los agricultores aceptasen un aumento moderado, siempre y cuando la Administración ofreciese una serie de contrapartidas que equilibrasen la balanza. En los últimos tiempos, el Ministerio de Agricultura se ha lanzado a una política pactista en la creencia de que esta era la única manera de llegar a realidades concretas. Esta política, seguida con enorme dificultad por la falta de clarificación de competencias, se ha plasmado parcialmente con el envío a las Cortes de una ley de Seguros Agrarios y con la próxima revisión del decreto de Cámaras Agrarias, y con cuyas modificaciones parece que quedan satisfechos, parcialmente, los intereses de los agricultores. Quedan, sin embargo, tenias tan relevantes como las cuotas agrarias a la Seguridad Social, tema complejo y de dificil solución en la actual coyuntura del Ministerio del ramo; la revisión del funcionamiento de las Cajas Rurales, con intereses fuertes y difíciles de desbancar, y el envío a las Cortes de una ley de Reforma y Desarrollo Agrario, todos ellos contemplados en el pacto de la Moncloa.

Los principales problemas, según han comentado técnicos de la Administración a EL PAIS, es que las dos vicepresidencias no parecen estar lo suficientemente concienciadas de los problemas del sector agrario, y el estar montada una buena parte de la política de saneamiento económico de Enrique Fuentes sobre la necesidad de que el campo cargue con la inflación del sector industrial, ya que al tener congelados los precios agrarios, la repercusión de éstos sobre la cesta de la compra sería mínima y ayudaría a alcanzar los objetivos básicos propuestos en torno a la inflación.

Ley del Seguro Agrario, a Cortes

El proyecto de ley de Seguros Agrarios, cuya presentación a Cortes fue aprobada por el pasado Consejo de Ministros, es un logro que el titular de Agricultura, señor Martínez Genique, calificó en rueda de prensa como fundamental para el sector.El seguro será voluntario en un principio, aunque en determinadas circunstancias y cuando exista un acuerdo mayoritario de una zona de cultivo, podrá establecerse la obligatoriedad del mismo. El Gobierno elaborará un plan anual de seguros en el que señalará las zonas de cultivo acogidas.

En cuanto a la parte de la cuota de seguro que pagará el Estado, el titular de Agricultura dijo que será entre un cuarenta y un 60%, aunque este era un punto que deberían fijarlo las Cortes.