Tipos de interés

HACE VARIOS días, algunos grandes bancos expusieron en las páginas de este diario sus opiniones sobre las posibles ventajas e inconvenientes de la libertad de tipos de interés. Tratándose de tema tan crucial era lógico esperar la falta de acuerdo que allí se manifestó. Es más, tampoco cabe calificar de sorprendentes las discrepancias de enfoque y tratamiento formal: hubo quien contestó de forma concisa y precisa, hubo quien en pocas líneas no con testó..., y quien tampoco respondió empleando muchas. A todos EL PAIS agradece su atención y no duda que la opinión pública estará ahora mejor informada respecto a tan delicada cuestión.Dicho esto, hemos de afirmar que no se pretende aquí glosar aquellas respuestas, pues respetamos tanto las razones de las instituciones que están a favor de la liberalización corno las de aquéllas que se oponen. Intentamos sólo desvelar los motivos que pueden explicar las demoras sufridas por la puesta en práctica de una medida anunciada por el Gobierno en dos ocasiones -octubre de 1976 y febrero de 1977-. Para ello, y siguiendo el procedimiento deductivo, tan aplicado en las novelas policíacas, vamos a repasar los supuestos intereses que los dos protagonistas principales -Ministerio de Hacienda y gran banca- pudieran tener en este importante asunto, sin olvidar un personaje en segundo plano -las Cajas de Ahorro- pero no por ello menos importante. Para el Ministerio de Hacienda debe estar ya muy claro, que cualquier maniobra liberalizadora ha de comenzar por los fondos públicos. La primera repercusión de ello sería un incremento en el coste de la Deuda para el Tesoro, lo que le obligaría, tarde o temprano, a replantearse toda la «generosa» política actual del crédito oficial. Esa libertad arrastraría la supresión del actual intervencionismo de la Junta de Inversiones del Ministerio en las condiciones de emisión de los títulos privados de renta fija, permitiendo que las empresas emitieran a tipos de mercado y negociaran directamente con los inversores institucionales -fundamentalmente, aun cuando no solo, las Cajas- las condiciones de sus emisiones.

Semejante libertad acarrearía consecuencias que el Ministerio de Hacienda no puede por menos de temer. En, primer lugar, la libertad supondría un encarecimiento en la financiación de sectores como el eléctrico o de empresas como las del INI, al cual seguirían una fuerte presión para elevar las tarifas de las primeras, la necesidad de un cambio radical en la orientación de la empresa pública, o probablemente una mezcla de ambas.

Las razones de la banca, o al menos de parte de ella, para oponerse a la libertad de los tipos son diferentes. Sometidos a una presión creciente en sus beneficios, algunos grandes bancos, de mentalidad¡ conservadora y acostumbrados a vivir con las seguridades que les ha suministrado la falta de competencia y la existencia de un margen confortable entre tipos activos y pasivos, rechazan una liberalización que tendría para ellos tres consecuencias negativas: propiciar la competencia en el sector vía precios y no por medio de servicios como hasta ahora; impulsar una mayor rivalidad por parte de las Cajas en operaciones activas, por el momento patrimonio exclusivo de los bancos; y eliminar el pretexto de la baja rentabilidad de los fondos públicos incluidos en el coeficiente legal -incluso podría contemplarse su desaparición paulatina-, enfrentando a la banca con la necesidad de participar en la financiación de proyectos a largo plazo, en los cuales aparecen interesadas empresas con ella vinculadas y que, hasta ahora, corren a cargo del crédito oficial.

Para terminar, dos líneas sobre los intereses de las Cajas en esta operación. Sumidas en la discreta penumbra de un segundo plano, las Cajas no están por ello menos implicadas en esta comedia de intereses, en la cual el único perjudicado parece que seguirá siendo el ahorrador español. Las Cajas se juegan mucho en la operación. No puede olvidarse que, con el destino del 70% de su activo fijado por el Ministerio de Hacienda, difícilmente podrían soportar el encarecimiento de sus pasivos que supondrá la subida de los tipos sin una reducción sustancial de ese porcentaje o un incremento notable de su rentabilidad. En todo caso la operación es complicada, pero las dificultades se agrandan aún más cuando se recuerda que las Cajas no son instituciones lucrativas como los bancos, si bien diariamente reivindican una equiparación legal y operativa con ellos casi completa. Aquí existe una contradicción entre su finalidad benéfico-social y sus deseos de convertirse en auténticos intermediarios financieros, que las propias Cajas deberían aclarar cuanto antes en beneficio de su propia imagen y de un mejor funcionamiento del sistema financiero.