Las Cortes, con diez años de retraso

La lucha entre el pasado y el futuro, que viene presidiendo las sesiones legislativas de los últimos meses, experimentó ayer en la Comisión de Leyes Fundamentales de las Cortes, un nuevo episodio, a propósito de la Ley Orgánica del Consejo de Economía Nacional. Ganó el pasado, en forma de la denominación y definición que ya figuraba en la Ley Orgánica del Estado, y se perdió la oportunidad, acariciada por algunos procuradores reformistas, de configurar un consejo económico y social en línea con las necesidades de futuro y con los países democráticos.

Al comienzo de la sesión, el presidente de la comisión, Gregorio López Bravo, dedicó unas palabras de satisfacción por el rescate del señor Oriol y del teniente general Villaescusa y de gratitud a las fuerzas de orden público. Añadió que «habiendo recobrado el Gobierno el prestigio de su autoridad, indiscutida e indiscutible, podemos todos mirar con mayor confianza al futuro».José María Oriol, hermano del secuestrado, pidió a Dios que estas últimas palabras del señor López Bravo se conviertan en realidad.

El señor Zamanil lo subrayó la felicitación a la policía y, de modo especial, «a la meritísima labor -dijo- de Roberto Conesa».

Previamente al debate sobre el proyecto de ley, varios procuradores, y con especial insistencia las señoritas Loring y Plaza, criticaron duramente la exposición de motivos y pidieron que se suprimiera y modificara. El motivo de sus quejas era que con una mano se invocaba la colaboración entre los Gobiernos, los empresarios y los trabajadores, mientras con otra se desmantelaba la Organización Sindical que había tenido precisamente este objetivo. Y, además, se citaba a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), como organismo preocupado por aquella colaboración.

«Nos debería dar vergüenza -argumentaba la señorita Loring- decir que a instancias de la OIT perseguimos algo que siempre hemos hecho, cuando la OIT lo que pretende es que desmantelemos nuestra organización sindical». «Ya está bien de indignidades», apostillaba la señorita Plaza.

El ponente señor Conde Bandrés zanjó el tema recordando que reglamentariarnente la exposición de motivos no es objeto de debate, y que su autor es exclusivamente el Gobierno.

Diez años atrás

El debate más extenso de la sesión estuvo dedicado al artículo primero, que fue aprobado con sólo dos votos en contra (los de los señores Iglesias Selgas y Lamplé), con la siguiente redacción: «Artículo primero. El Consejo de Economía Nacional es el órgano consultivo, asesor y técnico en los asuntos de importancia que afecten a la economía nacional. »

«Fomentará y servirá de cauce al diálogo institucionalizado entre las fuerzas sociales y económicas en él representadas y entre éstas y la Administración Pública. »

El primer párrafo es una repetición de otro que figura en el artículo cuarenta de la Ley Orgánica del Estado, cuyos redactores, en opinión del señor Iglesias Selgas, «tuvieron falta. de sensibilidad política y de información», al no aprovechar aquella ocasión para introducir la figura del Consejo Económico y Social en el lugar de la denominación anticuada que ahora se preten de potenciar.

El debate se centró sobre la denominación y definición del órgano objeto del proyecto de ley El sector más reformista de los procu radores se inclinaba por consejo económico y social y pedía que tuviera atribuciones en material social. El sector más conservador pedía que se potenciara al máximo el Consejo de Economía Nacional configurado en la Ley Orgánica del Estado.

En cuanto al alcance político del Consejo citado, el señor Madrid del Cacho aseguró que el Gobierno había dado una lección de humor al desviar hacia la sonrisa la frustración producida en muchos procuradores con la reforma que está llevando a cabo, y se asombró dé que el proyecto de ley se tomara en serio. «Estamos haciendo la miel -llegó a decir-, pero la miel no va a ser para nosotros.»

El señor Iglesias Selgas mostró, por su parte, el asombro que le producía, en un momento que él creía preconstituyente, -observar que se trata de desarrollar la Ley Orgánica del Estado de 1966. «El Consejo Económico y Social podría ser un paso en el camino para responder a las exigencias del desarrollo de los próximos diez años -dijo-, en lugar de mantener un órgano que ya hace diez años tenía una denominacióri trasnochada.»

El señor Díaz Llanos atribuyó al señor Lamplé una opinión favorable a que se infrinja la Ley Orgánica del Estado, en vista de que también se han infringido otras leyes fundameñtales. El señor Lamplé se había limitado a. decir que la interpretación de la Ley Orgánica del Estado no puede ser hoy la misma que en 1976, debido a la reciente aprobación de la ley de Reforma Política, que tiene también carácter de ley fundamental.

Salvador Serrat insistió en la necesidad de concluir en la definición el carácter deliberante y representativo del Consejo de Economía Nacional.

La ponencia, y en su nombre el señor Conde Bandrés, consideró que no era necesario. El mismo ponente defendió el texto del informe, que fue aprobado por veintiún votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

Seguidamente, tras un descanso, la comisión, bajo la presidencia de José María Aguirre Gonzalo, vicepresidente de la misma, inicio el debate sobre el artículo segundo del proyecto de ley relativo a las competencias del Consejo de Economía Nacional.

Fueron, defendidas varias enmiendas que, en su mayoría, pretendían ampliar las competencias del Consejo de Economía Nacional.

El presidente del Consejo de Trabajadores de Valencia, señor Bonilla, se refirió al acuerdo del citado Consejo, acusando de antidemocrático y antisocial al Consejo de Economía Nacional. El señor Aguirre Gonzalo le señaló que debía concretarse al punto que se estaba debatiendo.

Uno de los enmendantes, el señor Reus Cid, aludió repetidamente a la ausencia de procuradores en la sala, hasta que el señor Aguirre Gonzalo levantó la sesión hasta hoy a las cinco de la tarde.