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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La degradación del presupuesto

CON SOLO cinco votos en contra aprobaron las Cortes ayer la ley General de Presupuestos del Estado. Tan exiguo número de críticos podría hacer creer en la solidez y coherencia de los presupuestos; sin embargo, lo cierto es más lo contrario. Examinado en sólo tres sesiones -unas veinte horas- por la Comisión de Presupuestos, el proyecto de ley que implica casi un billón de pesetas de gasto ha pasado sin pena ni gloria por una Cámara incapaz de ejercer su derecho fiscalizador sobre tan importante instrumento de política económica.La única justificación de tal desinterés podría residir en criterios económicos claros que caracterizan el discurso de presentación pronunciado por el ministro de Hacienda. Difícilmente podría imaginarse fórmula mejor para degradar el presupuesto a la condición de simple lista de gastos y de recetario de formas de allegar ingresos.

Puestos ante la difícil tarea de destacar algo entre tanta grisura, podrían elegirse cinco capítulos en la intervención del ministro:

Primero, el resumen de lo que ha sido el año económico apenas si merece unas apostillas a las cifras básicas de cuadro macroeconómico ya publicado por el instituto de Estadística y que podría resumirse lapidariamente en crecimiento bajo, precios altos y déficit exterior grave.

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Segundo, al describir las opciones de política económica que ante sí tenía el Gobierno en 1976 y las medidas adoptadas no queda más remedio que afirmar que el Gobierno parece no haber entendido la gravedad de la situación actual. Decir, como afirma el ministro de Hacienda, que no se optó ni por la «estabilización drástica» ni por la «reactivación a ultranza» implica la existencia de un justo medio en el cual reside la virtud. En el caso de la economía española hoy ese sobreentendido es falso, ya que el justo medio es, simplemente, el desastre. En cuanto al catálogo de medidas glosado ante las Cortes, el mejor comentario es el contraste con la realidad: medidas «respecto a las tensiones de precios» -crecimiento del 20% en el coste de la vida-, «con relación al desempleo» -más del 5.5% de la población activa en paro- «respecto a la balanza de pagos» -4.200 millones de dólares de déficit por cuenta corriente-. ¡Extraordinario palmarés!

Tercero, después de tan decepcionante comienzo el lector del discurso del ministro -y tal vez los no muy numerosos procuradores que encontraron tiempo para acudir al hemiciclo- esperarían una exposición detallada sobre los criterios de actuación económica en 1977. Nueva decepción. La política económica del Gobierno en el campo financiero, vino a decir el ministro, se limita a formular promesas en futuro condicional -«reforzamiento de los ingresos públicos, mediante reformas fiscales sucesivas», «saneamiento progresivo de la gestión de los entes públicos», «reforzamiento de los estímulos al ahorro privado»-, cuando no incurre en contradicciones y promesas peligrosas al no precisar los de actuación para cumplirlas -«el sector público se hará cargo de las insuficiencias que presenten las decisiones inversoras privadas». En parecida vaguedad se abunda al analizar la política monetaria -¿cómo calificar la frase de que «la actualización de nuestro sistema financiero no puede realizarse mediante regulaciones independientes, autónomas y aisladas»?- y el crédito oficial.

Cuarto, tampoco resulta más esclarecedor el examen de las líneas maestras del presupuesto aprobado. Nada nuevo podría ser el resumen telegráfico de sus contenido. EL PAIS denunció en su día la falta de encaje del presupuesto en unas previsiones coherentes de la evolución de la economía, hoy sólo queda repetir la crítica y, utilizando palabras del ministro, afirmar que este presupuesto no tiene sentido ni está relacionado con objetivos de política económica alguna.

Quinto, estas reflexiones rápidas podrían resumirse en un temor: del discurso del ministro de Hacienda ante las Cortes se desprende que el Gobierno ni tiene política económica adecuada a la crisis que padece la economía española, ni tampoco está seriamente empeñado en poner los medios para conseguirla. Esta es una oposición que acusó se justifique en el terreno político y cara a las elecciones, pero que puede costar muy cara al país en el campo económico.

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