Resultados de la política de precios agrícolas

La situación conflictiva que enfrenta a las azucareras y a los cultivadores de remolacha muestra, una vez más, las limitaciones de una política de precios agrícolas tal como la que se está siguiendo en España en los últimos años. El caso de la remolacha es uno de los más significativos.

En el año 1974 el precio percibido por el agricultor fue de 1.500 pesetasl tonelada, que era prácticamente el mismo que el vigente en 1969, aun cuando en el intervalo las alzas de costes, y especialmente, de los salarios en el campo, habían experimentado elevaciones fortísimas. El salario del obrero eventual, que realiza una gran parte de las labores agrícolas de remolacha, aumentó en un 150% en estos cinco años de inflación. Causa directa de lo anterior fue que la superficie total sembrada descendió un 25%, pasando de 200.000 hectáreas de promedio en el quinquenio 1969-1973 a 142.000 hectáreas en 1974. Las consecuencias de esta política son bien conocidas: en el bienio 1974-1975 se importaron 790.000 toneladas de azúcar, equivalente a la producción de una cosecha anual media. Anteriormente la importación era, en promedio, unas 150.000 toneladas por año.

Ante esta situación, en 1974, se emplea a fondo el mecanismo de los precios (aun cuando, con anterioridad, los medios oficiales agrícolas habían afirmado que el problema de la remolacha se debía a la escasez de tierras adecuadas y no a los precios). Entre 1974 y 1976 los precios de la remolacha se duplican y pasan a ser 3.000 pesetas/tonelada frente a 1.500 pesetas/tonelada en el quinquenio anterior. A partir de este momento se rescatan las tierras que se habían pasado a otros cultivos y, de nuevo, la producción alcanza los seis millones de toneladas de raíz en 1975, equivalente a 800-900.000 toneladas en azúcar.

Campaña actual

En la conflictiva campaña actual, bajo las condiciones de los todavía relativamente altos precios de la remolacha y de la dependencia de este cultivo en algunas zonas, es probable que los agricultores se hayan «pasado» de las cantidades precontratadas; cae dentro de lo posible que el excedente sea debido a una mayor superficie sembrada, por una parte, y al excepcional rendimiento por hectárea, dadas las favorables condiciones climatológicas de la primavera y verano del año en curso.El cultivo de la remolacha no se puede hacer por «libre». Antes de efectuar la siembra se firman compulsivamente contratos entre cultivador y la fábrica de azúcar, donde se pacta el tonelaje, estimado de cosecha, cuantía que es de recibo obligatorio por la fábrica. En la cuenca del Duero se ha presentado una cosecha excepcional y las fábricas, al parecer, aceptan al precio de garantía únicamente los tonelajes previstos en los contratos de campaña. El excedente se pagaría a un precio más bajo, ya que el compromiso de las azucareras con el Ministerio de Agricultura para mantener stocks no alcanzaba una cuantía significativa del exceso de cosecha de la campaña actual.

Así las cosas, el Ministerio de Agricultura se inhibe, puesto que se trata de un acuerdo «interprofesional» (director general de la Producción Agraria), y anuncia que sólo intervendrá como árbitro entre las partes interesadas. Las azucareras afirman que se hacen cargo del excedente sin condiciones de precio o con determinados descuentos.

Naturalmente, con o sin razón, el agricultor va a llevar la peor parte y no es razonable. Porque dejó de cultivar cuando el precio que le señalaba Agricultura era económicamente insostenible, y, después, cuando se lo duplica, no se le puede exigir que produzca exactamente las 950.000 toneladas acordadas entre el Ministerio de Agricultura y los fabricantes de azúcar. Los precios se debían haber manejado con mayor suavidad, pues los excedentes que ahora se producen son el resultado del error que entonces se cometió.

El canon de las azucareras

En cuanto a las fábricas de molturación de remolacha, existen razones para pensar que, en la situación presente deberían tratar mejor a los agricultores. Casi por razones estrictamente económicas, pues es sabido que el cultivador paga a la fábrica por «canon de descarga mecánica» y por «canon de utilización de equipos», dieciséis pesetas/tonelada, es decir, por bascular el vehículo y por comprobar el contenido en sacarosa de la remolacha. Estos tendrían que ser servicios obligatorios de la fábrica; si en España se cosecharon seis millones de toneladas en 1975 y serán ocho millones en 1976, solamente por estos dos conceptos percibirán la media docena de azucareras importantes 96 y 128 millones de pesetas en cada uno de estos dos años. Sin duda, la suma acumulada por estos conceptos puede ayudarles a financiar el excedente de azúcar; como también puede hacerlo con el beneficio obtenido en la venta de la semilla que obligatoriamente tienen que adquirir los cultivadores de las fábricas.Pero vayamos al fondo del problema. ¿Hasta qué punto se puede continuar con una política de precios sin definir simultáneamente los niveles de stocks interanuales que deben regular los mercados agrícolas? Sin duda en el pasado se pudo hacer, entre otras razones, porque el stock de materias primas agrarias estaba en otros países a muy bajos precios y, existía, además, la necesidad de aliviar el exceso demográfico de la agricultura española. Pero los dos supuestos básicos entonces existentes -las posibilidades de financiación de nuestro déficit exterior y una emigración de población agrícola que en remesas de divisas hacía frente a las importaciones- no parece que se van a dar en los próximos años.

Naturalmente, para llevar adelante una política de stocks de productos agrícolas básicos se tiene que definir de una manera muy distinta la actuación pública y privada en la regulación de los distintos mercados.

En cuanto al sector remolachero, surge, además, otra pregunta: ¿Con qué posibilidades de éxito cuenta una política remolachera acordada entre el Ministerio de Agricultura y las fábricas azucareras sin la intervención de los cultivadores? Realmente, y como se ha visto, son escasas, puesto que los remolacheros han acusado a su representación sindical de falta de protección de sus intereses. Si el acuerdo se hubiese hecho con los cultivadores, éstos tendrían que haber aceptado una negociación sobre los excedentes. La enseñanza es clara. Los agricultores deben crear urgentemente sus propias organizaciones profesionales para dar un mínimo de coherencia y continuidad a la política agraria, porque, de otra forma, estarán, como están, sometidos a los intereses de la industria o comercialización de sus productos, por una parte, y a la fluctuante política del Gobierno, por otra.