La superación del pasado

LA AMNISTIA concedida por don Juan Carlos I es el gesto de mayor alcance conciliador de los realizados hasta hoy por la Corona con el propósito de superar definitivamente la guerra civil y sus prolongadas derivaciones.Es posible que la gracia otorgada no satisfaga a todos los sectores. Es posible que la medida sea, en algunos aspectos limitativa, si se piensa en la oportunidad de borrar todos los delitos en cuyo origen existiera una intencionalidad política. Es posible también que el margen de discrecionalidad para aplicar las medidas sea excesivo. Sin embargo, la decisión tomada por el Rey debe calificarse de histórica, porque revela el propósito de liquidar una etapa irresponsablemente dividida entre vencedores y vencidos.

La superación de una contienda civil -se ha dicho muchas veces- no puede limitarse a los supervivientes de un solo frente. También los vencidos, y aquellos en que pervive el clima moral de la derrota, deben esforzarse por borrar el espíritu de la guerra. Porque con el respeto que exige el sacrificio de cuantos cayeron y sufrieron en ella, la contienda de 1936 resulta para las nuevas generaciones una tragedia cruel e incomprensible.

Habría sido, en verdad, deseable una amnistía general semejante a la que se concedió el 23 de septiembre de 1939 por todos los hechos, sin excepción alguna, cometidos «en defensa de los ideales que provocaron el glorioso alzamiento contra el frente popular». Es evidente que el momento histórico es distinto, pero una amnistía de esta índole, extendida ahora a todos los delitos de intencionalidad política que encuentran su causa profunda, bien en las secuelas de la guerra civil, bien en la existencia de un régimen autoritario promotor de una legislación restrictiva y negadora de las libertades de los individuos y pueblos que integran la España real, habría estado más en consonancia con esa necesidad de olvidar «cualquier legado discriminatorio del pasado». Habría sido también más coherente con esa Monarquía democrática hacia la que caminamos. En aras de su viabilidad, la Corona habrá de distanciarse de un pasado conflictivo, autolegitimado en base a una sangrienta contienda civil que Alfonso XIII quiso, desde un primer momento, evitar con su salida de España.

Por esa razón, la Monarquía parece haber llegado ahora al límite permitido por la realidad en la aplicación de una decisión pacificadora, que quizá haya llegado a la medida más amplia que hoy cupiera esperar.

Dos últimos aspectos deben observarse: las condenas relacionadas con el terrorismo y las salvedades sobre delitos económicos.

Sobre el primer punto convendría recordar el clima de predominio e imposición que caracterizó los tres decenios posteriores a 1939, originando reacciones en grupos y personas que llegaron en ocasiones a la acción violenta. Los planteamientos subversivos que promueven la destrucción del adversario son siempre condenables. Pero no habría que olvidar los motivos de persecución, de humillación o de desesperación que en algunos casos dieron origen a la rebeldía armada. Estas circunstancias deberían reconsiderarse a la hora de aplicar el decreto de amnistía.

En relación con las responsabilidades de carácter económico, hay que subrayar las salvedades contenidas en el artículo primero sobre el contrabando monetario o los actos que hayan puesto en peligro el patrimonio económico nacional. Este espíritu contrasta con el indulto dictado en octubre de 1971, entre cuyos beneficiarios se contaban los inculpados por el asunto Matesa.