Aprobados dos decretos-leyes de contenido social y económico

Dos decretos-leyes, uno que regula la inversión en viviendas sociales, tratando de hacerlas asequibles a las familias más modestas, y otro tendente a estabilizar los precios de los productos alimentarios, destacan, junto con la concesión de la amnistía, del conjunto de medidas acordado por el Gobierno en su reunión de ayer, en La Coruña, bajo la presidencia del Rey don Juan Carlos I.

Una vez terminado el Consejo de Ministros, la Dirección General de Coordinación Informativa facilitó la ampliación a la referencia, que se inicia con unos datos sobre el decreto de amnistía:«Su Majestad el Rey, a propuesta del Gobierno ha decretado una amnistía para los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión, tipificados en el Código Penal y en las leyes penales especiales, así como para las infracciones administrativas de la misma intencionalidad, para los delitos de rebelión y sedición militar y otros tipificados en el Código de Justicia Militar, entre ellos el de los objetores de conciencia.

Como se hace constar en el preámbulo del decreto-ley, la Corona encarna así, una vez más, la voluntad de vivir juntos los españoles todos, voluntad que, superando pasadas contiendas, constituye el fundamento permanente de nuestra nación.

Esta finalidad de la amnistía exige que no se extienda a quienes con su conducta niegan las más elementales bases de la convivencia nacional, al lesionar o poner en peligro la vida y la integridad de las personas. También se prevé que la amnistía no beneficie al contrabando monetario ni a las infracciones tributarias.

Como es propio de esta institución, la amnistía supone el total olvido retroactivo del delito y la consiguiente abolición de todas sus consecuencias penales accesorias y administrativas. Su única limitación, acorde con diversos precedentes, es la no reintegración al servicio activo de los militares separados, definitivamente sin perjuicio de respetar sus derechos económicos.

El Gobierno confía en que la amnistía, medida excepcional, contribuirá a la concordia ciudadana indispensable para proseguir la anunciada reforma política. El Gobierno quiere hacer notar que la amnistía no supone, por sí sola, la supresión de los tipos delictivos para el futuro y afirma su decisión de asegurar con firmeza y pleno respeto de todas las garantías necesarias, el imperio de las leyes fuera del cual no existe libertad alguna.»

Dos decretos-leyes

También el Gobierno aprobó dos reales decretos-leyes, de contenido social y económico. En uno de ellos se regula la inversión en viviendas sociales, haciendo asequible su adquisición a las familias con menor nivel de renta.El otro, tiene por objeto conseguir la máxima estabilidad posible en los precios de productos alimentarios de primera necesidades del sector agrario y establecer equipamientos comerciales de carácter social. Este decreto-ley trata de obtener el relanzamiento del sector industrial.

Ambas disposiciones constituyen las dos primeras medidas de carácter económico y social en desarrollo de la declaración programática del Gobierno.

En el resto de los asuntos tratados se evidencia una serie de medidas en favor de Galicia. Con cargo al crédito de planes provinciales en la región gallega, las obras en ejecución y su importe por provincias se desglosa de la siguiente manera:

La Coruña, 784 obras por un importe total de 1.177 millones; Lugo, 188 obras por 496 millones; Orense, 295 obras por 455 millones; Pontevedra, 62 obras por 207 millones.

El ministro de Hacienda presentó al Consejo y éste aprobó la contratación de la terminal de transbordadores en el puerto de Vigo, que viene a satisfacer las necesidades creadas por el incremento del tráfico de grandes remolques. El coste de las obras proyectadas es de 227.324.435 pesetas y el plazo de ejecución de 30 meses.

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto regulando las tasas académicas universitarias, con objeto de proceder a su actualización al haber quedado totalmente desajustadas como consecuencia de la evolución de los precios y de la propia dinámica de la Universidad española.

La situación anterior ha convertido a la enseñanza universitaria en prácticamente gratuita y ha desequilibrado los presupuestos de las distintas Universidades. Se ha hecho así imprescindible hacer uso de la autorización contenida en el artículo 7 de la Ley General de Educación, haciéndose notar, sin embargo, que todavía están muy leJos de alcanzar la financiación del coste efectivo por puesto escolar, tal como postula el citado precepto.

Proyecto de ley de electrificación rural

El Gobierno ha acordado el envío a las Cortes del proyecto de ley de electrificación rural que, a la par que contiene la aprobación del propio Plan Nacional de Electrificación Rural (PLANER), comprende el conjunto de instalaciones precisas para atender adecuadamente las necesidades de energía eléctrica en el área rural con previsión de consumos hasta el año 1990, contribuyendo además a la reestructuración del sector de distribución, hoy exageradamente fragmentado.Asimismo y a propuesta del ministro de Industria, el Consejo ha aprobado un real decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos.

Beneficios para los ganaderos

El Consejo ha aprobado que se adelante al 1 de agosto el precio de la leche al ganadero.La importante reducción experimentada en la producción de leche, especialmente en Galicia y La Coruña cantábrica, como consecuencia de la grave sequía por la que atravesamos, así como la pérdida de rentabilidad sufrida por los ganaderos tanto por los efectos de la sequía como por las elevaciones recientes de precios de cereales y proteínas, hace necesario compensar parcialmente al ganadero de las consecuencias de esta situación para lo cual se ha estimado conveniente adelantar al primero de agosto los precios de la leche establecidos para el período de invierno.

Se informó al Consejo de un programa de acciones para la construcción de instalaciones deportivas en Galicia y otras provincias, señalando que el plan vigente en la actualidad suponía en sus previsiones un presupuesto total de 435.197.004 pesetas.

Déficit de viviendas sociales

A propuesta del ministro de la Vivienda se ha aprobado un decreto-ley sobre la inversión en viviendas sociales.Problema agravado por un reparto injusto de las viviendas sociales, que han ido a parar, en un 70 por 100 aproximadamente, a personas con rentas medias y altas, por la falta de capacidad económica de las familias con más bajos niveles de renta para acceder a la propiedad de las mismas. También ocurre que muchas de las viviendas sociales edificadas han tenido problemas por falta de calidad y principalmente por insuficiencia de sus equipamientos y servicios.

El déficit actual en viviendas sociales es del orden de las 300.000 a las 600.000 viviendas, cifra que depende de la amplitud que se dé al concepto de vivienda social.

Se ofrece ahora un nuevo sistema de construcción de viviendas sociales, que sustituye al que actualmente existe para las llamadas viviendas del Grupo Segundo. Los objetivos principales que se persiguen, son los siguientes:

1. Dotar de capacidad económica suficiente a las personas con menores niveles de renta para acceder a la propiedad de las viviendas sociales. Para ello se establece un sistema financiero adecuado, previendo la ayuda del Estado a estas personas de manera que no tengan que destinar a la adquisición de las viviendas más de una parte determinada, que les sea asequible, de sus ingresos familiares totales.

2. Cubrir el déficit actual de viviendas sociales, construyendo en tres años del orden de las 450.000 viviendas de este tipo.

3. Establecer un nuevo concepto de la vivienda social determinando sus niveles de calidad, disponiendo los equípamientos, servicios e infraestructuras necesarios y vigilando los precios de las mismas con atención particular a todos los aspectos de política del suelo, para evitar la especulación del mismo.

Plan de Coordinación de Galicia

Por último la referencia del Consejo hace mención a la aprobación del Plan Director Territorial de Coordinación de Galicia, que señalará y localizará las infraestructuras de la región gallega en transportes, abastecimientos de agua, saneamientos, suministros de energía eléctrica y otros servicios básicos. Igualmente, el Plan ha de fijar los esquemas de uso y aprovechamiento del suelo, en orden a la localización de las actividades industriales, comerciales, mineras, pesqueras, agrícolas y de servicios.La fijación del uso del suelo permitirá ordenar los asentamientos humanos de la región gallega, el establecimiento de los centros de trabajo, al tiempo que impondrán el respeto correspondiente a aquéllas zonas que por razón de interés público de la defensa nacional, de sus valoraciones paisajísticas, artísticas,etc., requieran ser objeto de una especial protección.