‘Caso Vermut’: la firme defensa del secreto profesional y las víctimas

La repercusión que ha tenido el caso Vermut, en el que tres mujeres acusan de violencia sexual a un director de cine español, pone bajo el foco un trabajo periodístico que ha tomado una vía diferente a la tradicional. Es una investigación propia, sin intermediarios ni denuncias previas, que da prioridad a la protección de las fuentes con la firme defensa del secreto profesional. Por eso, en aras de la transparencia con los lectores, es obligatorio el análisis:

El inicio. Un correo electrónico dirigido a la periodista Ana Marcos pone en marcha la investigación en febrero del año pasado. Esta redactora de la sección de Cultura y el especialista en cine del periódico, Gregorio Belinchón, habían publicado días antes un reportaje sobre el acoso sexual en el cine español, tras la polémica fiesta de los Premios Feroz en 2023, que conllevó varias denuncias policiales contra un productor por agresión sexual. El mensaje procede de alguien que se ha sentido identificado al leer el texto, pero no reporta hechos concretos, aunque sugiere una vía para indagar. La investigación posterior, a la que se incorpora la reportera Elena Reina, parte de esos pequeños indicios y ha consistido en atar cabos, buscar fuentes y rastrear el sector del cine con gran paciencia. “Quiero dejar claro que nunca fuimos a perseguir a nadie”, afirma Marcos. Al revés, una de las dificultades estuvo en dar seguridad a las protagonistas para que accedieran a relatar sus historias.

Investigación. La noticia no se sustenta solo en el testimonio de tres mujeres, sino que sus relatos se han verificado con material documental que respalda detalles, fechas y lugares. Eso incluye entrevistas a 31 trabajadores de la industria del cine y a seis personas del entorno del director de cine. Además, este ha dado su versión de lo ocurrido en tres entrevistas telefónicas y se le ofreció la posibilidad de ampliarlas si él quería. El texto final fue supervisado por los responsables de la sección de Cultura y por una decena de cargos del periódico, incluida la dirección. Es un ejemplo de trabajo en equipo, con transmisión de la experiencia entre reporteros, consulta a varios abogados para considerar los posibles efectos de lo publicado y una exhaustiva edición del texto final.

Sin denuncia. El lector Alfredo Font Barrot critica en un correo toda la investigación, porque no se ha revelado la identidad de las mujeres, ni estas han presentado denuncias “ante la Policía ni ante el sistema judicial”. Las dos cuestiones fueron objeto de un intenso debate periodístico, según Guillermo Altares, redactor jefe de Cultura, a lo largo de los meses de trabajo.

La vía judicial. El periodista Eduardo Suárez, jefe editorial del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), recuerda que la investigación judicial y la periodística toman caminos diferentes. “Siempre que el trabajo periodístico sea riguroso y cumpla el protocolo profesional, como cotejar los testimonios o hablar con todas las personas implicadas, la falta de denuncia no lo invalida”, puntualiza. Recalca también que, si fuera obligatoria, no habrían existido los grandes casos de investigación del periodismo español: de los GAL a los papeles de Bárcenas.

“Como periodistas somos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos”, afirma Íñigo Domínguez, uno de los reporteros de la investigación de la pederastia en la Iglesia española, quien asesoró en este caso para advertir de posibles riesgos. “Pero si te equivocas, además de dañar la reputación de otra persona, afecta a tu prestigio y al de tu medio. Por eso, los periodistas tratamos de reducir el error al mínimo”, incide. Con ese fin, añade, se estableció tradicionalmente la exigencia de una denuncia previa: para que exista fe pública de una acusación antes de publicarla. Es una precaución que verifica la fuente y, a la vez, descarga al reportero de responsabilidad, pero la denuncia en sí misma no acredita el delito.

El anonimato. Los autores de la información defienden el secreto profesional para proteger a las mujeres con las que hablaron. Ellas tenían miedo. Sobre todo, temían la reacción social en su contra, como le ocurrió a la víctima de La Manada. Los comentarios en la misma noticia les han dado la razón: en centenares de ellos se pone en duda su relato, la forma de actuar y se les reprocha que no hayan ido a la justicia. “¿Cambiarían los hechos si hubiéramos publicado los nombres de las mujeres?”, plantea Gregorio Belinchón. “No”.

Declaración jurada. Los periodistas consultaron con varios juristas cómo proteger a sus fuentes. Así, dieron con la fórmula de la declaración jurada: las tres mujeres han ratificado los relatos en un documento firmado con nombre y apellidos y el DNI. “Es una barrera de protección”, explica Elena Reina, porque asocia internamente cada versión a una persona y reduce el riesgo de que la identidad salga a la luz. Ella lo define como un expediente de testigo protegido, en el que se ha documentado cada caso con el material probatorio. “Hemos hecho nuestro trabajo, que es sacar a la luz una información relevante”, defiende.

Cambio deontológico. Este caso modifica la práctica periodística. Los protocolos que exigen una denuncia policial o identificar las fuentes no se pensaron para respetar la presunción de inocencia o proteger a las víctimas, sino para descargar a los periodistas de responsabilidad ante posibles acciones judiciales. Pero esas exigencias, cuando se trata de víctimas de violencia machista, las expone y ellas, ante el riesgo, optan por callar.

Establecer un ámbito donde las víctimas se sientan seguras es posible si prevalece la máxima de que un periodista nunca revela sus fuentes. En EL PAÍS no es raro el uso de testimonios anónimos: es habitual obtener información de políticos que exigen no ser identificados y, esta misma semana, en un reportaje sobre gazatíes que pagan para huir de Gaza los protagonistas rehúsan dar su nombre por miedo a represalias. ¿Por qué habría que exigir más a quienes denuncian abusos sexuales?

Acogerse al secreto profesional no significa pedir a los lectores una fe ciega, sino que exige al periodista redoblar el esfuerzo en ofrecer evidencias, como se ha hecho aquí. Que el caso acabe en un juicio no depende del periódico, ni debe ser su objetivo. Todavía es la hora del periodismo.

Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).