El Ministerio de Cultura presenta un protocolo contra cualquier violencia sexual en el sector

El Ministerio de Cultura ha elaborado un protocolo para prevenir la violencia machista con unas medidas mínimas de actuación para todas las empresas de la Cultura. El documento de 70 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS pretende ser una guía para la detección y reparación de las víctimas con recomendaciones específicas para cada sector cultural. La Unidad creada por la cartera de Ernest Urtasun publicará periódicamente el listado de entidades que se adhieran al plan. Cultura, además, aumentará los incentivos a las organizaciones que apliquen este protocolo. Es decir, recibirán más puntos cuando soliciten determinadas ayudas que concede el Ministerio.

Este protocolo se une al trabajo que desde el pasado 10 de octubre lleva a cabo la Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias en el Sector Audiovisual y Cultural. Los datos del primer año de trabajo de esta entidad, que ofrece primera atención tanto psicológica como jurídica, se presentarán este martes en la Academia de Cine, colaboradora de Cultura en este proyecto que incluye también la formación en estas políticas en el sector. La Fundación Aspacia, “una organización no gubernamental feminista”, es la encargada de atender los casos de manera “confidencial y gratuita” y sin necesidad de que haya una denuncia judicial previa.

El proyecto fue creado tras la publicación en EL PAÍS de la investigación sobre las agresiones sexuales relatadas por seis mujeres a este diario realizadas por Carlos Vermut entre enero y febrero de 2024.

Por eso, ahora, el objetivo de Cultura es que “las personas integrantes de las producciones y proyectos culturales favorezcan la creación de un espacio seguro e inclusivo, así como la implementación de códigos de conducta claros que se acompañen en todo caso de campañas de sensibilización y líneas de asistencia”, se lee en el documento. En el texto se realiza “un llamamiento a todos los agentes del sector cultural a adaptar el mismo a su organización y a comprometerse con su aplicación”. Según las empresas se vayan adhiriendo a este “decálogo de buenas prácticas”, su nombre aparecerá en www.unidadculturasinviolencia.es. Quienes se adhieran al protocolo, deben “garantizar su adecuada difusión, una vez lo implementen, entre todas las personas trabajadoras, con independencia de su modalidad contractual o ubicación”.

Comisión de investigación

La propuesta comienza con la creación de una comisión formada por tres personas (y un suplente), en el caso de empresas con más de 50 trabajadores. Los integrantes serán fijos para “garantizar al máximo la confidencialidad de este procedimiento”. En el caso de entidades más pequeñas, esta tarea la realizará “una persona instructora” que tendrá que tener el apoyo de un suplente.

Esta comisión será responsable de recibir, investigar y resolver las denuncias recibidas a través de unos canales que garanticen la privacidad de la persona afectada. El protocolo detalla de manera clara las distintas situaciones de acoso por cada sector, incluso por determinadas etapas. Valga un ejemplo del audiovisual: hay consejos para todas las etapas de una película, desde las pruebas de reparto, los ensayos, rodajes, montaje y postproducción. Este mismo desglose se plantea para las artes escénicas, la música (conciertos, pruebas de sonido...) y las trabajadoras de los museos y las galerías de arte.

“Los comportamientos que constituyen estas conductas pueden ser variados, por lo que es importante clarificar que no se trata de un listado cerrado, estando en todo caso abierto a nuevas definiciones y conceptos que puedan surgir con el tiempo”, se puede leer en el texto que incluye las definiciones de acoso sexual, el acoso sexista, el sufrido por orientación sexual, por expresión de género, la discriminación y la violencia en el ámbito digital.

Entre las medidas preventivas, se propone “que el protocolo deba adjuntarse como anexo al contrato, para que todas las personas trabajadoras se comprometan a leerlo y cumplirlo”, la realización de evaluaciones periódicas y la creación de comités o grupos de trabajo dedicados a la igualdad y a la diversidad.

No solo quienes haya sufrido directamente algún tipo de violencia pueden acudir a estas comisiones, sino que “excepcionalmente también podrá iniciar el procedimiento cualquier trabajador que tenga conocimiento de la existencia de hechos de esta naturaleza”. Además, el protocolo permite las denuncias anónimas para, se detalla en el documento, “evitar cualquier riesgo psicológico o social por temor a represalias”.

Preservar el principio de inocencia

La guía de Cultura especifica que no debe vulnerarse el principio de inocencia. “En cualquier caso, deberá acompañarse a la queja o denuncia indicios racionales, serios y veraces para la investigación de los hechos”. Para eso, el Ministerio propone que se presente un escrito con “información mínima” como que la persona que presenta la denuncia se identifique, describa los hechos y la razón del acoso, además de otros daros como la fecha y el lugar, y la persona que comete la agresión.

Antes de llegar a una resolución, la empresa, sugiere el protocolo, puede tomar medidas cautelares que no condicionen el desarrollo de la investigación. En caso de que finalmente se tomen sanciones contra una persona, se impondrán según “el cuadro de infracciones y sanciones establecido en el convenio colectivo aplicable a la empresa o, en su defecto, conforme al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores”.

Cultura y la Academia de Cine plantean otras medidas reparadoras que ayuden a las víctimas a recuperarse psicológicamente, además de garantizar la no repetición. “También se pueden realizar actos simbólicos como disculpas públicas, reconocimiento de la conducta inapropiada y compromisos públicos para prevenir futuras incidencias”, se añade en el texto.

Todo este trabajo debe hacerse con “agilidad y rapidez en la investigación y resolución de la conducta denunciada”. Una vez se tome una decisión, hay “un plazo máximo de 30 días” para que la comisión o la persona encargada evalúe las decisiones implementadas. “El objetivo de este seguimiento es analizar el impacto de las medidas adoptadas, tanto de las sancionadoras como de las reparadoras, asegurando que se cumplan adecuadamente y que los resultados sean los esperados”.

En el protocolo, Cultura no ha trabajado en colaboración con el ministerio de Igualdad, sino que se ha rodeado de organizaciones del sector como la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Clásicas y modernas, MAV, MIM y Mujeres en la música. Desde el Ministerio han prestado especial atención al informe de CIMA, presentado el pasado abril, donde ya se trazó un retrato demoledor: el 60,3% de las mujeres declaraban haber sufrido algún tipo de violencia sexual en los espacios relacionados con la industria del cine y del audiovisual. La investigación se basó en 312 encuestas online respondidas por socias de esta organización (que cuenta con 1.300 integrantes) y completadas con grupos de trabajo y entrevistas a expertas. La conclusión principal fue que se trata de “un entorno laboralmente inseguro para las mujeres”. El objetivo de Cultura es precisamente intentar “construir un entorno laboral seguro y respetuoso en el sector”.