El Supremo de Estados Unidos resucita el caso del ‘pissaro’ del Thyssen expoliado por los nazis

Nuevo e inesperado episodio en el culebrón de Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia (1897), cuadro de Camille Pissarro actualmente en la colección del Museo Thyssen-Bornemisza, de Madrid, que reclaman desde hace décadas los herederos de Lilly Cassirer, propietaria a la que se lo expoliaron los nazis a principio de la Segunda Guerra Mundial. El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió este lunes una orden, sepultada entre otras decisiones procesales de escaso calado, de devolverlo al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito para que sus magistrados, que tienen jurisdicción sobre la Costa Oeste del país, decidan si es de aplicación o no una ley recientemente aprobada en California, ventajosa para los demandantes.

En el centro del litigio está un óleo pintado por el maestro impresionista y vendido por su galerista en París en 1900 a los Cassirer, familia judía alemana de empresarios y amantes del arte. David Cassirer, único heredero superviviente de aquellos primeros propietarios, ha agotado todos los recursos posibles para que la Fundación Thyssen-Bornemisza, adonde llegó el lienzo tras una rocambolesca historia que resume bien el violento siglo XX, descuelgue la obra del museo madrileño, donde está expuesto desde 1993, y lo devuelva a la familia. Cuando Claude Cassirer, residente en California, nieto y único heredero de Lilly, la última propietaria conocida, se enteró en 2000 de que el Thyssen tenía el cuadro, reclamó su devolución, pero su petición fue denegada. Comenzó una guerra legal en 2005 que continuaron sus hijos y que pareció terminada hace un par de años, cuando el Tribunal de Apelaciones del Distrito Central de California concluyó que el Thyssen es el legítimo propietario del cuadro.

A esa instancia llegó tras dos sentencias contrarias a los deseos de los Cassirer de sendos juzgados californianos (uno de Los Ángeles, en 2018, y el de apelación al que ahora regresará), y después de que el caso llegara en enero de 2023 al Supremo de Estados Unidos, que falló por primera vez en favor de la familia.

La sentencia, que buscaba más que nada unificar criterios procesales, no se pronunciaba sobre el destino del cuadro. Pero era categórica en su decisión de devolver la pelota a la instancia inferior, al considerar que el juez se equivocó al aplicar la norma de conflicto, que es la que decide qué ley impera, si la española o la californiana, en una disputa como esta en la que hay dos normas en liza, porque el demandante es estadounidense y el demandado, un Estado extranjero. España adquirió en 1993 el cuadro junto al resto de las 775 obras de la colección del barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza por 350 millones de dólares (unos 323 millones de euros, al cambio actual).

La ley española

En esa instancia de apelación, un panel formado por tres jueces volvió a fallar que la ley española era la imperante en el caso. Según ese ordenamiento jurídico, y en virtud del derecho de usucapión, la posesión pública del cuadro durante seis años es suficiente para considerar al museo como su legítimo dueño. (Pasaron 12, desde que la fundación abrió sus puertas hasta el momento en que los Cassirer denunciaron los hechos en Los Ángeles).

Tras aquel varapalo a la familia, el caso parecía resuelto. Las novedades llegaron en septiembre pasado, con la promulgación de una nueva ley californiana, que es la que ha motivado este lunes al Supremo a devolver la pelota al tribunal inferior, en una decisión que no incorpora argumentación. Gavin Newsom, el gobernador del Estado, firmó una norma que se propone ayudar “a los residentes a recuperar arte y propiedades robadas como resultado de una persecución política”. En realidad, se trataba de una ley hecha a la medida de este caso, como probó el hecho de que Newsom la firmara en un evento en el Museo del Holocausto de Los Ángeles, rodeado de miembros de la familia Cassirer. “Es un imperativo moral y legal que se devuelvan estas valiosas piezas a sus legítimos dueños”, aseguró el gobernador demócrata.

Lo que ha ordenado el Supremo es que el tribunal de apelaciones vuelva a estudiar el destino del pissarro a la luz de esa ley. Para Bernardo Cremades, cuyo despacho familiar se sumó en 2017 como amicus curiae para prestar apoyo a los Cassirer en representación de la Federación de Comunidades Judías de España y de la Comunidad Judía de Madrid, la decisión del alto tribunal demuestra que, “pese a lo que parecía, el caso no está cerrado”. “Hay aún mucha tela que cortar”, dijo este lunes en una conversación telefonica. “El Supremo ha vuelto a dejar claro que es importante que España cumpla con todos sus compromisos internacionales en relación con la devolución de arte expoliado. El Ministerio de Cultura tiene que devolver ese cuadro”.

Fuentes cercanas al Thyssen consideran la última decisión del Supremo como “puramente técnica”. También confían en que desembocará en un examen desfavorable para la ley de California en liza porque, consideran, se extralimita en sus atribuciones estatales. En un comunicado hecho público este lunes, Thaddeus Stauber, abogado de la fundación, dijo que esta “espera trabajar, como lo ha hecho durante los últimos 20 años, con todos los involucrados para garantizar una vez más que la propiedad [del cuadro] se confirme y que la pintura permanezca en exhibición pública en Madrid”.

El pissarro llegó a la capital española después de muchas idas y venidas. Cuando Lilly Cassirer tuvo en 1939 que abandonar Berlín a la carrera, un marchante enviado por el Tercer Reich acudió a su casa, para fiscalizar qué bienes culturales pensaba sacar del país. Le ofreció 900 marcos por el pissarro, un precio “ultrajante”, según admitiría un documento de los aliados al término de la guerra. Dio igual: Lilly no obtuvo ni eso a cambio, le ingresaron el dinero en una cuenta que ya estaba bloqueada.

Aquel tipo cambió después el óleo, que, como obra de un pintor judío, tenía poca salida en la Alemania de entonces por tres piezas de artistas alemanes del XIX. Eran propiedad de otro judío, Julius Sulzbacher, que trató de llevarse sin éxito la vista impresionista con él en su huida a Brasil. Requisada por la Gestapo, se vendió en 1941 en una subasta en Dusseldorf a un tal Ari Walter Kampf. La obra se volvió a adjudicar dos años después. Entonces, un comprador sin identificar se la quedó en Berlín por 95.000 marcos. Y ahí se le perdió su rastro durante una década, hasta que en 1951 apareció en Los Ángeles.

Lilly Cassirer nunca supo nada de eso; creía que el lienzo se había perdido o destruido en la II Guerra Mundial. La mujer murió en 1962 en Cleveland (Ohio). Cuatro años antes, y tras una década de litigios a varias bandas, había recibido una indemnización de la República Federal Alemana de 120.000 marcos, de los que tuvo que pagar 14.000 a la heredera del siguiente dueño, el que trató de llevárselo a Brasil. El acuerdo establecía también que ella no perdía el derecho a solicitar la restitución o devolución de la pintura, llegado el caso.

A la compensación recibida se agarra la Fundación Thyssen como coartada moral para insistir en no devolver el cuadro. También, al hecho de que nunca ocultaron que lo tenían, después de recibirlo del barón, que lo compró en 1976 por 300.000 dólares. Ha pasado casi medio siglo de aquello, y 125 años desde la primera vez que el lienzo abandonó el taller de Pissarro. Puede parecer mucho tiempo, aunque, como este lunes volvió a quedar claro en Washington, no el suficiente para que la historia de esta obra maestra pueda darse por cerrada.